EN ESTA REGIÓN árida de México lo único próspero alrededor del agua son los negocios.
Los gobiernos de Baja California y Sonora tienen en sus planes seis proyectos de plantas desalinizadoras y al menos una ya negocia con dependencias de Estados Unidos para vender agua.
El gobierno de Baja California niega que haya intenciones de exportar agua al país vecino, pero California lo confirma.
Esta transacción comercial no tiene precedente. En México las leyes no permiten la venta de agua, y en Estados Unidos los tratados solo hablan de compartir el recurso de cauces naturales con su vecino del sur.
Pero en épocas donde la sequía afecta a ambos países y las normas no están desarrolladas, un nuevo jugador entró en la ecuación, y a pesar de los impactos ecológicos para México, aceleró el proceso.
Empresas transnacionales se han instalado en el noroeste de México, la única región del país con dos mares y frontera, para construir plantas desalinizadoras cerca de Estados Unidos con el propósito de vender el agua mexicana.
Consolidated Waters Co. Ltd., con sede en Islas Caimán, instaló una filial en Tijuana a través de NSC Agua, S. A. de C. V., fundada en 2010 por el empresario Alejandro de la Vega Valladolid .
Los gobiernos de Sonora y Baja California han abierto la puerta a megaproyectos de desalinización en los últimos años bajo el esquema de Asociación Público-Privado (APP), donde invierten estado y particulares.
Esta visión de los gobernantes norteños y de los gobiernos del sur de Estados Unidos ya ha sido estudiada por académicos de ambos países.
Cuando existe voluntad por convertir agua de mar en agua dulce para ser exportada de un país a otro, los estudiosos lo llaman “Sistemas Binacionales de Desalinización”.
De acuerdo con el artículo académico “Desalinización y seguridad del agua en la frontera Estados Unidos-México”, publicado en 2016, hay al menos dos proyectos que planean exportar agua a través de ductos transfronterizos.
“Se presta cada vez más atención a los proyectos de desalación de agua de mar en Rosarito, Baja California, y en Puerto Peñasco, Sonora. Ambos han considerado la posibilidad de exportar agua desalada a Estados Unidos, aunque no existe una decisión definitiva para hacerlo”, dice el estudio.
El artículo añade que los principales interesados en estos proyectos son, precisamente, los empresarios y cita el modelo de Asociación Público-Privado.
EL AÑO PASADO, la mala calidad del agua de Imperial Beach obligó al cierre de sus playas durante 250 días. Foto: ALEXANDRA MENDOZA
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se asoció con Consolidated Waters en una APP, y endeudó al estado con más de 66,000 millones de pesos que serán invertidos en la planta desalinizadora de Playas de Rosarito, ubicada a cuarenta kilómetros de la frontera.
El panista Vega de Lamadrid anunció en 2016 esa planta desalinizadora como la más grande de Latinoamérica.
Esta misma planta es mencionada desde 2012 por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) como “Planta Desaladora Binacional en Rosarito” en el acta 319 firmada por México y Estados Unidos.
De acuerdo con Óscar Gracia, subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California, la planta producirá 4.4 metros cúbicos de agua por segundo, suficiente para casi cinco millones de habitantes.
Y Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, sigue los mismos pasos.
En marzo, la priista propuso al congreso sonorense una desalinizadora en el municipio de Empalme, presupuestada en 704 millones de pesos y que se licitará también en la modalidad de APP.
En Sonora hay tres iniciativas de plantas desalinizadoras.
La más polémica se encuentra en planeación para instalarse en Puerto Peñasco, Alto Golfo de California, único lugar del mundo donde habita la vaquita marina, hoy a punto de desaparecer.
Es precisamente la planta de Puerto Peñasco la que se planea para exportar agua a Arizona a través de un ducto transfronterizo, con todo y los impactos ecológicos que dejaría en México.
“Ahí hay reservas ecológicas marinas y terrestres. Entonces son zonas muy sensibles y la vaquita marina definitivamente sufriría”, dice la doctora en ciencias de los recursos de tierras áridas, Adriana Zúñiga.
Para la investigadora de la Universidad de Arizona, que participó junto a otros ocho académicos en el artículo binacional, los proyectos desalinizadores en la frontera no son la panacea, especialmente el proyecto de Puerto Peñasco.
“Usan muchísima energía, y por lo tanto el agua es carísima. Entonces no es la solución tan mágica que se piensa. Hay que evaluar estos otros aspectos: impactos sociales, impactos ecológicos y políticos cuando se trata de lugares binacionales”, dice Zúñiga.
La investigadora explica que hay dos formas de abordar la problemática de la escasez de agua: a través de aproximaciones duras y blandas.
El abordaje duro consiste en construir plantas desalinizadoras, canales y toda obra hidráulica.
Las aproximaciones blandas resuelven necesidades actuales como sistemas de reúso, ahorro, atención de fugas y mejorar los modelos de cobro del servicio del agua.
Estas aproximaciones son las que ella recomienda antes de las megainfraestructuras.
Pero los gobiernos involucrados en esta problemática binacional priorizan la inversión en plantas desalinizadoras y ductos transfronterizos. Y le apuestan más al conocimiento de trasnacionales como ahora sucede en la planta de Rosarito.
Sin embargo, el camino para la exportación de agua está pavimentado de contradicciones.
La trasnacional Consolidated Waters confirma en su sitio corporativo que “en noviembre de 2012 NSC firmó una carta de intención con el Distrito de Agua de Otay” para proveer entre veinte y cuarenta millones de galones de agua al día, pero su filial mexicana lo niega.
“En caso de que hubiera alguna exportación de agua, esta se llevaría a cabo entre el gobierno mexicano y el americano (…) Ni Aguas de Rosarito ni NSC Agua tendrían injerencia en esa decisión”, dice la empresa mexicana.
Y hay más incoherencias.
El Distrito de Agua de Otay, organismo distribuidor de agua en el sur del condado de San Diego, Estados Unidos, reconoce que hay un proyecto exportador de agua, pero el gobierno de Baja California lo niega.
“Debido a la proximidad de la planta con la frontera internacional de Estados Unidos y México, NSC Agua y Otay han estado analizando la posibilidad de sobredimensionar la planta y el sistema de conducción para proporcionar un suministro adicional de agua potable a Otay”, de acuerdo con el Distrito de Agua de Otay.
Germán Lizola, director de la Comisión Estatal del Agua en Baja California, dice que el proyecto de Rosarito no planea la exportación.
“La planta que vamos a empezar y que va a producir en una primera etapa 2.2 metros cúbicos, es para abastecer a la población de Baja California”, dice el arquitecto.
Lizola dice que hasta hoy ninguna autoridad o gobierno de Estados Unidos se ha acercado con la CEA para negociar la exportación de agua.
También dice que desde la planta de Rosarito no se puede vender agua.
“Yo voy a edificar y supervisar esa desaladora. Yo no tengo pláticas con nadie respecto a lo que usted menciona. Yo puedo decirle que es 100 por ciento seguro que el agua es para abastecer a la población de Tijuana, Playas de Rosarito y el día de mañana, por qué no, pensar en Tecate y Ensenada”.
—¿Qué pasa si la empresa incumple? —se le pregunta al funcionario.
—No puede incumplir porque tiene un contrato que tenemos firmado y nos entrega el 100 por ciento del volumen de agua.
—¿Y si viola el contrato?
—Pues no creo que exista esa posibilidad.
El Distrito de Agua de Otay dice que la exportación de agua a Estados Unidos se planea para la segunda etapa de la desalinizadora.
El agua desalinizada es una tendencia global, especialmente en zonas áridas y pobladas como California y Arizona del lado estadounidense, y Baja California y Sonora en México.Para ayudar a resolver este problema es común que los gobiernos recurran a capital privado y a recursos internacionales como los del Banco de Desarrollo de América del Norte, que ya financia proyectos hidrológicos entre México y Estados Unidos.
Y aunque la necesidad de agua es un tema urgente para ambos países y la cooperación binacional fluye, solo del lado estadounidense se admite públicamente que hay negociaciones para exportar agua.
Mark Watton, gerente general del Distrito de Agua de Otay, confirma que sostienen conversaciones para comprar agua de Baja California desde las últimas dos administraciones estatales. “Casi todos en el gobierno estatal han tocado este proyecto en un tiempo u otro.
“Parece que el estado de Baja California va a comprar la producción total de la planta y el estado de Baja California vendería parte de esa agua a Otay”.
Dice: nada es concreto, pero ya esperan permisos para instalar un acueducto transfronterizo que estaría situado cerca de la garita de Otay.
La empresa Aguas de Rosarito, S. A. P. I. de C. V., es la encargada de construir y operar la planta desalinizadora. Este consorcio es integrado por las empresas NSC Agua, S. A. de C. V. y por Nuwater, S. A. P. I. de C. V.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, el socio fundador de NSC Agua es el empresario Alejandro de la Vega Valladolid.
La última reunión que tuvo el Distrito de Agua de Otay sobre el proyecto donde se trató sobre la desalinizadora de Rosarito fue en enero. De hecho, el Distrito de Agua de Otay tiene un comité de desalinización y este se encarga de informar a la junta directiva de la oficina.
En la reunión del 19 de enero, el comité avisó de los avances de la planta de Playas de Rosarito operada por la trasnacional a través de su filial mexicana.
También informó sobre “el progreso” del denominado “Proyecto de Transporte y Desinfección de Otay Mesa”, es decir, del ducto transfronterizo con el que planean la exportación.
El agua es un recurso que para el gobierno de Baja California se ha convertido en un dolor de cabeza por las criticadas políticas públicas que han permitido a algunos hacer grandes negocios con ella.
El operador de agua en Tijuana, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), paga cada año millones de pesos a un grupo de agricultores de Mexicali por uso de agua excedente de sus cultivos, en su intento por sortear la brecha que sufre la ciudad más grande del estado (Newsweek en Español Baja California número 1).
También porque, en medio de críticas, el gobierno aprobó la Ley Estatal del Agua que aumentaba hasta 20 por ciento las tarifas de agua y permitía la privatización del servicio, pero que después abrogó porque la población protestó en su contra.
Por si fuera poco, hará cuatro obras hidráulicas en la modalidad de coinversión público-privada como pluviales, plantas potabilizadoras y desalinizadoras, y para ello se endeudará hasta el año 2054 (Newsweek en Español Baja California número 10).
Las conversaciones para concretar la exportación de agua bajaron de tono poco antes de que los bajacalifornianos tomaran las calles para protestar en contra de la privatización del agua.
ACTUALMENTE, Baja California cuenta con una desalinizadora activa y Sonora ninguna, pero existe el plan de construir tres más en cada estado. Gráfico: ANA ELISA CAMARENA
Está documentado que las negociaciones actualmente corren entre el Distrito de Agua de Otay, la empresa mexicana NSC Agua (filial de la trasnacional) y con conocimiento del gobierno de Baja California, pero estos últimos dos lo niegan.
El riesgo de manejar en secreto las negociaciones binacionales y la desalinización local es alto, especialmente en México y podría influir en la población, consideran especialistas.
El artículo desarrollado por la Dra. Adriana Zúñiga y sus ocho colegas de México y Estados Unidos enfatiza en la importancia de la transparencia.
“Las percepciones de imparcialidad, apertura y transparencia serán fundamentales para evaluar cómo se sienten las personas acerca de los sistemas domésticos y binacionales de desalinización”, dice el artículo.
Lo paradójico es que ni siquiera un investigador del tema puede encontrar fácilmente los documentos de la planta desalinizadora de Rosarito que deben ser públicos.
“El problema es que es difícil enterarse de estas consultas públicas, yo que estoy trabajando en esto no las encontré, pero sé que existen”, dice Alberto Pombo sobre los manifiestos de impacto ambiental.
Pombo tiene un doctorado en ecología social y es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte.
Para que desde Baja California se le venda agua a California se necesita una planta desaladora cercana a la frontera.
Ese proyecto es la planta de Rosarito.
Un reporte del Distrito de Agua de Otay revela que la empresa Aguas de Rosarito construirá un acueducto de cuarenta kilómetros de largo que trasladará el agua desde el municipio de Playas de Rosarito hasta la frontera.
De ahí, el Distrito de Agua de Otay continuará la obra con apenas seis kilómetros y medio de ducto hasta llegar a sus instalaciones. Con ello se podría proveer a las 220,000 personas que abastece actualmente el Distrito de Agua de Otay en el sureste del condado de San Diego.
Para que México pueda exportar agua, el Distrito de Agua de Otay requiere un permiso presidencial del gobierno estadounidense para instalar este ducto transfronterizo.
Ese trámite se inició en 2013.
El Distrito de Agua de Otay solicitó al Departamento de Estado el permiso para la “construcción, operación y mantenimiento de una tubería transfronteriza para importar agua desalinizada de la frontera Estados Unidos-México”, según el documento oficial.
La firma de aprobación del presidente Donald Trump continúa pendiente.
PARA ESTADOS UNIDOS resulta más barato y sencillo comprar agua a México que fabricarla. En la gráfica computarizada, la planta desalinizadora de Playas de Rosarito.
A inicios de este año, el Distrito de Agua sostuvo un acercamiento con la Patrulla Fronteriza para identificar por dónde pasaría el acueducto, de acuerdo con la minuta de la reunión.
En el caso de México, el permiso también debe ser firmado por el presidente, y en opinión del doctor Alberto Pombo, la gestión va por buen camino.
“No me consta, pero aparentemente por la forma en que avanza la negociación, se cuenta con la firma de México, es decir, del presidente Peña Nieto”, dice Pombo.
—¿Qué interés le vería usted a los gobiernos de Sonora y Baja California que invierten en desalinizadoras para exportar agua a Estados Unidos? —se le pregunta al investigador.
—Pues el dinero. Resulta más caro y más complicado hacer esta planta en Estados Unidos, por lo cual resulta más conveniente fabricarla en México y comprarla en Estados Unidos.
—Esta propuesta de vender agua a otros países ¿a dónde nos lleva?, ¿quién sale ganando?
—Pues primero los inversionistas. No van a invertir dinero si no van a recibir ganancias proporcionales al dinero usado. En segundo punto, la forma en cómo se maneja el agua en la región, va a cambiar y no sé para dónde vamos.
—¿Y a escala binacional?
—Pues reduciría la dependencia del Río Colorado y le daría un mayor poder político a México debido a que ahora se crearía una dependencia de Estados Unidos con México, aparte de eso no sé a dónde vamos porque el agua se trata a un grado presidencial.
California es un estado vecino que por años había atravesado severas sequías, pero a inicios de 2017 se recuperó parcialmente por las inesperadas y agresivas lluvias.
Arizona y Nevada han pasado por escenarios similares este año.
Lo paradójico es que esas lluvias también llegaron con malas noticias para las costas de San Diego, California, donde desemboca el río Tijuana, un caudal que atraviesa la ciudad mexicana y que arrastra basura y aguas negras.
En febrero pasado, estas lluvias colapsaron un colector de drenaje y unos 28 millones de litros de aguas negras terminaron en el río Tijuana, de acuerdo con una investigación binacional.
No se trata de un problema nuevo, pero tampoco de uno resuelto y por eso compromete la idea de vender agua mexicana en Estados Unidos.
Desde que en 1990 México firmó el acta 283, ha prometido atender la fuga de aguas negras que corre por el río.
Como no lo ha hecho, grupos ambientalistas en Estados Unidos han amagado con oponerse a la venta de agua desalinizada de no atenderse el tema de Punta Bandera.
Por años, comunidades del sur de San Diego han trabajado conjuntamente con México para encontrar solución a la contaminación del agua. Incluso organizan jornadas de limpieza en ríos y costas. Pero este problema ambiental se ha topado con un nuevo obstáculo.
El presidente Trump propuso reducir un 30 por ciento el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en el que se incluye un programa que desde 1997 financia proyectos como plantas tratadoras de agua en la frontera.
“La propuesta del presidente Trump nos privaría de una solución y haría más difícil el completar las reparaciones necesarias para evitar que este tipo de derrames se repitan”, señaló en un comunicado el congresista de San Diego, Scott Peters.
SE PROYECTA que esta planta producirá 4.4 metros cúbicos de agua por segundo, suficiente para casi cinco millones de personas. En la gráfica, una planta desalinizadora de la transnacional Consolidated Water Co. Foto: CONSOLIDATED WATERS
Lo peor es que desde el año pasado se había advertido la catástrofe.
“Nosotros desde antes les dijimos: si Trump gana hay un problema; por favor, apúrense”, recuerda el alcalde de Imperial Beach, Serge Dedina.
Además de las negociaciones poco públicas por funcionarios y empresas mexicanas sobre vender agua, otro factor enturbia la iniciativa por exportar el recurso a Estados Unidos.
Y la venta podría frustrarse por la contaminación que arrastra el río Tijuana y la sobresaturada planta tratadora de agua en Punta Bandera, cuyo periodo de vida está por terminar.
La planta tratadora requiere de 300 millones de pesos para operar de manera correcta y no descargar diariamente cuarenta millones de litros de aguas negras en el Pacífico, según Dedina.
Dice que no debería venderse agua a Estados Unidos sin antes atender las descargas en Punta Bandera. Plantea que, si Aguas de Rosarito recibirá financiamiento estadounidense para exportar agua, debe estar sujeta a estándares de calidad.
Lo que preocupa a Dedina es que el agua que se compre a México venga sin sal, pero contaminada por la constante fuga de aguas negras de Punta Bandera.
México no tendría obstáculo para construir la planta desalinizadora, pero sí al exportar agua, dice Dedina.
No es el único que contempla complicaciones. El doctor en historia y experto en ríos internacionales Marco Antonio Samaniego cree que el tema ambiental podría incluirse dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“California quiere el agua. Eso es un hecho”, dice el historiador.
La presión de organismos de Estados Unidos para solucionar las descargas es bien vista por ambientalistas mexicanos. “Qué bueno que los gobiernos del otro lado de la frontera hacen que los gobiernos pongan atención y presupuesto al tema”, dice el ingeniero Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental.
Empero, no todas las voces opinan que el agua desalinizada esté contaminada a pesar de las constantes fugas de aguas negras.
Carmelo Zavala cree que la cercanía entre la planta tratadora y la desalinizadora no es problema, pues la ósmosis inversa “supera en buena medida cualquier cosa”.
Para el investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC, Luis Felipe Navarro, es “difícil que el recurso venga contaminado”, pues se toma de pozos playeros.
“La CESPT tiene que demostrar la calidad del agua que tira y la desalinizadora, la calidad de agua que genera”, menciona Navarro.
En 2016, la mala calidad del agua obligó al cierre de playas en Imperial Beach durante 250 días, y este año ya suman 65 días.
Para Imperial Beach esto es preocupante, pues como su nombre lo indica, su economía recae en gran parte en su playa.
Dedina, quien preside el comité fronterizo de la Asociación de Gobiernos de San Diego, dice que desde noviembre del año pasado hubo acercamiento tanto con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, como con autoridades del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADB por sus siglas en inglés) y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (BECC) para tratar el problema.
La primera reunión con el gobernador se dio días después de que el alcalde y otros grupos ambientalistas hicieran una denuncia pública desde Punta Bandera.
A principios de año, cuatro alcaldes del condado y un regidor de San Diego enviaron una carta al NADB pidiendo “acelerar” la entrega de recursos para reducir el flujo de aguas negras de Punta Banderas.
“Esperamos que, si el NADB puede acelerar una planta desalinizadora en Rosarito para incrementar el suministro de agua en Baja California, también debe resolver la inaceptable contaminación binacional del agua que afecta al sur del condado de San Diego”, dice el documento fechado el 10 de enero.
Días después de enviada la carta, se registró un derrame de millones de galones de aguas negras que obtuvo atención mediática a escala internacional.
“Todos sabíamos que iba a pasar algo así”, considera el alcalde de Imperial Beach y fundador del grupo ambientalista Wildcoast.
Una investigación binacional por parte de la CILA revela que el colapso del colector provocó el derrame de aproximadamente 28 millones de galones, entre el 1 y 4 de febrero.
Sin embargo, el reporte evidenció otros problemas en el sistema de drenaje de Tijuana.
Uno de los hallazgos es que los desbordamientos del drenaje sanitario causados por las fuertes lluvias podrían haber comenzado desde diciembre de 2016.
A su vez calcula que, durante enero y febrero, unos 256 millones de galones de aguas residuales no fueron bombeados por la planta internacional de tratamiento en el sur de la bahía, por lo que pudieron haber llegado hasta las playas.
El reporte indica que es difícil determinar el derrame exacto, pues no fue medido de manera directa. Para activistas, el problema no fue el derrame, sino la falta de comunicación.
De haberse notificado conforme al protocolo, autoridades estadounidenses hubieran alertado a bañistas.
“No es el derrame lo que nos enoja, sino que nunca nos contestaron el teléfono”, subraya Fay Cravoshay, directora de comunicación del grupo ambientalista Wildcoast.
LAS COSTAS del sur de San Diego reciben aguas negras por dos fuentes; con las corrientes de sur a norte desde Punta Bandera y a través de la cuenca del Río Tijuana. Esta contaminación constante hace que las negociaciones para exportar agua desalinizada peligren. Foto: NEWSWEEK EN ESPAÑOL BAJA CALIFORNIA
En octubre de 2015, los dos países firmaron en Tijuana el Acta 320 para la cooperación binacional en los asuntos transfronterizos del río Tijuana.
En ella se resalta la “coordinación binacional” en cuestiones como “la aportación de sedimentos y residuos sólidos hacia los cauces transfronterizos, la calidad del agua y el control de descargas de aguas residuales, la protección y restauración ambiental, el manejo integral y sustentable de la cuenca, el cambio climático y la participación de la sociedad”.
La CESPT falló en notificar inmediatamente a la CILA sobre el derrame, para que hicieran lo propio con autoridades estadounidenses, aun cuando las oficinas están a metros de distancia.
En Tijuana hay reconocimiento de que se cometió un error y voluntad en trabajar en una solución, y es que el derrame reflejó problemas de comunicación e infraestructura.
“Desde el primer momento se reconoció que, por atender la prioridad de lo que estaba sucediendo en Tijuana, no se había avisado en tiempo y forma a la CILA”, admite Miguel Lemus, director de la CESPT.
El gobernador de Baja California firmó una declaratoria de emergencia para rehabilitar los colectores colapsados con 120 millones de pesos y para buscar otros 800 millones de pesos de la Conagua e instancias internacionales para comprar equipo hidromecánico.
La paraestatal no había invertido en esta tecnología, pues en Tijuana no llueve de manera frecuente. Ahora se buscará adquirir esta maquinaria para atender emergencias.
“Con esta inversión estaríamos preparados para que el fenómeno no se repita”, dice Lemus.
Si la CESPT resuelve este problema, la exportación de agua se enfrentará a un obstáculo menos en su camino.
Necesita convencer al iracundo presidente de Estados Unidos y esperar el marco legal para la venta de agua.
Y, por último, probablemente deberá enfrentarse a la ciudadanía de Baja California que ve con sospecha la privatización del agua y que repudia la falta de transparencia de su gobierno.
