EN MÉXICO las formas para el desvío de recursos no tienen límite, tampoco la mecánica con la que las arcas públicas se vacían. Una de las prácticas cada vez más recurrente es la utilización de universidades y otras instituciones educativas, a las que funcionarios de dependencias federales y secretarías de Estado contratan mediante convenios adjudicados de manera directa para servicios que muchas veces no se realizan, o se subroga a compañías previamente pactadas, algunas de las cuales existen solo en papel, tienen giros comerciales completamente distintos o, de plano, están relacionadas con los funcionarios contratantes.
Las universidades usan también la supuesta asignación de “becas educacionales” para la transferencia de recursos a personas físicas, o “asesorías” para el dinero que se transfiere a personas morales.
La modalidad de triangulaciones y simulaciones descrita empezaron a utilizarla funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que a través de sus subsidiaras Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex Refinación (PR) se valieron, primero, de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), para realizar “convenios” de asesoría y servicios diversos con la finalidad de triangular el dinero petrolero. Y lo han hecho durante años.
En 2011, por ejemplo, de las chequeras de Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación se le transfirieron 539 millones 465,500 pesos mediante convenios para servicios diversos. La justificación fue la supuesta capacidad de la UNACAR para los trabajos, pero, una vez firmados los contratos, esta subcontrató diversas compañías que tampoco tenían los perfiles para tales proyectos. Se trataba de simulaciones de servicios.
Para esos momentos, entre la petrolera y la universidad, aquello era una práctica cotidiana, solo que a los agentes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les llamó la atención la incidencia de tales contrataciones y los montos cada vez mayores, así que los pusieron bajo su lupa. De su revisión a los convenios con la UNACAR concluyeron que los funcionarios de la petrolera usaban esa modalidad para eludir los procesos licitatorios, porque la institución educativa no contaba con la capacidad, organización, elementos técnicos y humanos para los cuales se le contrataba.
Una vez que se comprobaron las irregularidades en esa modalidad de contratación, las autoridades podrían haberlo frenado, pero los hechos indican que en México la corrupción entre los funcionarios públicos es modelo a seguir. Otras dependencias federales recurrieron al mismo esquema con instituciones educativas que, por muy pequeñas, recibieron “convenios” para contratos con muchos ceros.
DE RECINTOS DE ESTUDIO A CONTRATISTAS DISCRECIONALES
En 2012, en la misma modalidad, diversas universidades del país se convirtieron en receptoras de convenios para contratos adjudicados por funcionarios de distintas áreas. Ese año, desde 17 dependencias federales se transfirieron 3,692 millones 357,100 pesos mediante “convenios” con universidades para supuestos servicios, a través de 305 contratos. Ninguno se sometió a proceso de licitación y las instituciones educativas tampoco acreditaron su capacidad técnica ni de recursos humanos. Los servicios que facturaron nada tenían que ver con su objeto social: la educación.
En 2012 los funcionarios de Pemex sumaron a las universidades Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Popular de la Chontalpa (UPCH), Politécnica del Golfo de México y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco en sus “convenios” millonarios.
Ninguna de estas tiene entre sus objetivos actividades o servicios para la industria petrolera, tampoco capacidad técnica ni recursos humanos. A medida que cada una recibía los contratos —siempre por adjudicación directa—, subcontrató empresas diversas; unas existían, otras no. Y tales subcontrataciones generaron incrementos y sobreprecios en los trabajos, además de que en muchos casos no existe evidencia de que estos se realizaran.
Por ejemplo, la Popular de la Chontalpa (UPCH): es un centro educativo creado en 1995 en el municipio de Cárdenas, Tabasco, que en 1998 obtuvo su registro como institución de nivel superior. Su objetivo es “impulsar y consolidar la educación superior” a través de carreras de licenciatura e ingenierías, pero nada relacionado con los servicios contratados por Pemex.
Entre otros, se le encargó la “implantación, actualización y optimización del PM-SAP R/3 de la coordinación de mantenimiento a equipo dinámico y sistemas auxiliares del activo integral aceite terciario del golfo”, que es uno de los proyectos estratégicos para el Activo Chicontepec. La universidad subcontrató el 95.9 por ciento, con la respectiva transferencia del dinero, mediante contratos individuales con personas físicas que ni pertenecían a la institución, ni tampoco tenían el perfil para los servicios.
El camino para esta modalidad de contratación siguió allanado. Para 2013, los funcionarios de Pemex adjudicaron más contratos directos por convenio a la UNACAR, también a la UPCH y a la Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que tiene su sede en Villahermosa.
La Auditoría Superior de la Federación auditó algunos de esos contratos y cuestionó a los funcionarios de Pemex que se contratara a universidades cuyo perfil no coincidía con los servicios requeridos. Estos pretextaron que mediante diversos escritos las universidades habían ratificado que contaban con la capacidad técnica para la ejecución de los servicios solicitados, “por lo que de acuerdo con el principio de buena fe que rige los actos jurídicos y la función administrativa, Pemex Exploración y Producción estaba obligado a creerle a las universidades”.
Ese año, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Rosario Robles como su titular, se subieron en ese tren de contrataciones discrecionales, a pesar de que durante dos años consecutivos la ASF había advertido los tintes de opacidad y de “graves irregularidades” que implicaban.
Solo en 2013, la Juárez Autónoma de Tabasco facturó 1,075 millones 960,700 pesos mediante siete convenios de servicios, seis de estos de Pemex Exploración y Producción y uno de Sedesol, por 15 millones 804,200 pesos, a cuenta del programa estrella de la administración de Enrique Peña Nieto: la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En su revisión a tales convenios, de nuevo la ASF encontró múltiples irregularidades. Por ejemplo, trabajos subcontratados y las subcontratistas a su vez subcontratando otras empresas. Cuando los auditores las buscaron, algunas curiosamente habían cancelado sus operaciones ese año y otras no fueron localizadas.
Para los servicios que le contrató Sedesol, la UAJT reclutó a personas que no eran parte de la universidad, sino externos a quienes transfirió su pago —sin contrato de por medio— bajo concepto de “ayuda social”.
El mismo año Pemex transfirió 1,523 millones 684,400 pesos a la Popular de la Chontalpa (UPCH), a cambio de nueve convenios por servicios diversos. La UPCH recurrió a la misma mecánica que la UAJT: subcontratar empresas que, a su vez, subcontrataron otras, y entre cada “subcontratación” se iban dispersando los dineros de Pemex a distintas cuentas bancarias. Los supuestos especialistas contratados no pudieron acreditar perfil ni experiencia en los servicios que la UPCH facturó a Pemex. La auditoría a tales convenios se convirtió en un rosario de evidencia de daños patrimoniales, incluidas dos multas a la UPCH por negarse a entregar la información y documentos que la ASF debía fiscalizar.
Ese 2013, mientras que el presidente Peña Nieto activamente promovía la reforma energética como panacea también para sanear la corrupción en la industria petrolera, los funcionarios de la paraestatal transferían más millones a través de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), que facturó 982 millones 616,800 pesos por labores que supuestamente realizaría en diversas zonas petroleras.
La UTTAB, que tiene su sede en Villa Parrilla, en el municipio de Centro, recurrió a la misma modalidad que la UNACAR, UAJT, UPCH. Subcontrató diez empresas, a seis personas físicas y cuatro de esas empresas a su vez subcontrataron otras 24 empresas y a seis personas físicas. Algunas de las subcontratadas no fueron localizadas por los auditores de la ASF. Otras, domiciliadas en la Ciudad de México que facturaron a la UTTAB los trabajos que esta facturó a Pemex, estaban suspendidas desde hacía meses y en proceso de aseguramiento precautorio de las autoridades hacendarias.
Las facturas eran por limpieza, renta de baños, renta de aulas, servicios de alimentación, es decir, nada relacionado con los trabajos que aparentemente Pemex contrató.
Solo en 2013, la UJAT facturó 1,075 millones 960,700 pesos mediante siete convenios de servicios, seis de estos de Pemex Exploración y Producción y uno de Sedesol, por 15 millones 804,200 pesos, a cuenta del programa estrella de EPN: la Cruzada Nacional contra el Hambre. Foto: ELIZABETH RUIZ/Cuartoscuro.
MILLONES DESDE EL IMSS, SAGARPA Y SEDESOL
Igual que la Universidad de Ciudad del Carmen, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fue de las primeras en convertirse en puente de transferencia de dinero público. En 2011 se le transfirieron 392 millones 403,700 pesos mediante seis contratos al IMSS y un convenio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), entre otros.
A la firma de cada contrato, los representantes de la universidad declararon que disponían de los elementos humanos y capacidad suficiente para efectuar los trabajos contratados. Pero luego subcontrató con empresas y personas físicas.
La ASF auditó dichos contratos y encontró que no se tenía la documentación para demostrar y justificar los pagos y los servicios.
En el convenio de la Sagarpa, la ASF encontró que los supuestos especialistas que la UAEM designaría para el proyecto que facturó en 8 millones 676,200 pesos, fueron personas que designó el entonces coordinador general de Enlace y Operación de la Sagarpa, “lo que demuestra que los denominados becarios no tenían una relación con la universidad sino, más bien, existía un vínculo con la Sagarpa desde antes de la celebración del convenio”.
Entre los contratos más inverosímiles, la Sagarpa contrató a la universidad mexiquense los servicios de vigilancia y limpieza a sus inmuebles en Quintana Roo, así como los servicios de mantenimiento, rehabilitación y conservación de equipo en sus instalaciones de Tabasco, y también el servicio de jardinería y mantenimiento de áreas verdes de Tabasco.
Pese a las irregularidades que le observó la ASF, en 2013 la UAEM facturó 1,653 millones 554,500 pesos por convenios suscritos con diversas dependencias de la Administración Pública Federal para la prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Con cada convenio, la UAEM presentó una carta en la que manifestó contar con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo los servicios solicitados, pero bajo el mismo esquema ya descrito, los transfirió.
Ese año, siguiendo el mismo patrón, la Sedesol transfirió 1,071 millones 289,200 pesos mediante cinco convenios con dos instituciones educativas: la UAEM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cuenta del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, el servicio de información socioeconómica y complementaria, así como el sistema nacional para la Cruzada contra el Hambre.
El 1 de marzo de 2013, con la UAEM suscribió un convenio para desarrollar “proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo”. Y el 15 de abril se incluyó un anexo técnico en el que se estableció que, para eliminar el hambre, la Sedesol buscaría generar mejor conocimiento de la alimentación a través de sensibilizar a 500,000 madres de familia sobre la importancia de la alimentación de sus hijos, partiendo de una base de datos resultado de una investigación que haría la UAEM. La misma universidad haría trabajo de divulgación sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre y organizaría un concierto en el Auditorio Nacional que tendría como objetivo concienciar a los jóvenes sobre el problema del hambre.
Al auditar los contratos, la ASF no encontró documentación que justificara los costos de servicio, el concierto —que se llevó a cabo en abril de ese año en el Monumento a la Revolución— no acreditaba su público objetivo, y la empresa subcontratada era un establecimiento de computadoras y accesorios.
En otro convenio, por 60 millones de pesos, la UAEM debía instalar ventanillas para dar asistencia a la población jornalera agrícola. En vez de ello, subcontrató una empresa que instaló solo 590 de las 838 ventanillas requeridas, pero lo más delicado es que empresas privadas quedaron con el resguardo de los padrones que supuestamente debían estar bajo control de la universidad.
TAMBIÉN DINERO DE ADULTOS MAYORES
Otros dos convenios fueron del programa para adultos mayores. Por un pago de 630 millones de pesos, la UAEM debía operar ventanillas de atención para incorporar a un millón 600,000 ancianos como beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores. La UAEM subcontrató 11 empresas y 3943 personas y solo incorporó a un millón 1537 beneficiarios. La Sedesol pagó por medio millón más. Adicionalmente, la UAEM cobró a la Sedesol por un equipo de vestuario e insumos para los supuestos trabajadores que no incluyó.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 179 millones 538,900 pesos, en virtud de que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) no logró incorporar a 598,463 adultos mayores, a un costo unitario de 300 pesos”, observó la ASF.
Aunado a los daños al erario, la ASF determinó consecuencias sociales:
“La Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México, al no cumplir con la meta establecida de incorporar al Programa de Pensión para Adultos Mayores la totalidad de los beneficiarios propuestos en el convenio de coordinación que suscribieron, dejaron de promover las políticas públicas de apoyar los estratos de la población más vulnerable del país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y marginación, que no reciben ningún tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más imperiosas, y consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleven a impulsar el desarrollo de actividades productivas y mejorar sus ingresos y consecuentemente su nivel de vida”.
En el otro convenio por el que la UAEM debía hacer la comprobación de supervivencia de los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, se contabilizaron casos de personas repetidas hasta 26 veces, con tal de facturar más, “lo que ocasionó pagos en exceso a los proveedores de los servicios, toda vez que el costo se determinó por el número de transacciones realizadas”.
La cereza en el pastel: en enero de 2014, la Sedesol transfirió 10 millones de pesos a la UAEM supuestamente por servicios, pero en realidad se trataba de un programa que ya habían concluido. Por eso la ASF determinó que había un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública, “por desviar recursos federales a fines distintos a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”.
LA UAEM fue de las primeras en convertirse en puente de transferencia de dinero público. En 2011 se le transfirieron 392 millones 403,700 pesos mediante contratos con el IMSS y un convenio de la Sagarpa, entre otros. Foto: GUILLERMO PEREA/Cuartoscuro
LA AUTÓNOMA DE MORELOS
El 6 de mayo de 2013, la Sedesol suscribió con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos un convenio por 697 millones 767,700 pesos para proyectos diversos. Uno se identificó como aprovisionamiento y distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores en el interior de la ruta Sin Hambre, en 400 municipios designados por la Sedesol; también un padrón unificado de beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, entre otros.
Aun cuando las cláusulas del convenio estipularon que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no podría ceder, transmitir o transferir bajo ningún título los derechos y obligaciones adquiridos con la Sedesol, la universidad subcontrató todo. Aunque en términos monetarios se quedó con el 5 por ciento de los recursos, el resto lo transfirió a empresas privadas.
Triangulados a través de una universidad, los recursos del programa estrella de Peña Nieto en materia de seguridad social, la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo es “cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”, se facturaron como compra de globos, tortilleros, paliacates, gorras, pluma con diseño, volantes, imanes, playeras, bolsas de celofán, moños, figuritas de fomi, lupas, mochilas, triciclos, cuentos de pasta gruesa, juegos de ciencias y otros artículos totalmente ajenos al programa.
El dinero con el que oficialmente se busca eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez mexicana se gastó en los objetos descritos, o al menos en papel, porque cuando la ASF requirió a la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos las bitácoras y registros de entrada, salida y recepción de estos en las bodegas de la dependencia y su distribución y recepción en las delegaciones de la Secretaría para su transferencia a los 400 municipios, la Sedesol dijo que después de hacer “una exhaustiva búsqueda” no localizó el expediente; y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos solo presentó copia de dos oficios cuadriculados con la supuesta firma de los proveedores.
Pero esto era apenas la superficie del pantano de irregularidades: unas empresas no existían, otras negaron que hubieran realizado tales servicios, y con identificaciones apócrifas se abrieron cuentas bancarias para mover el dinero.
Coincidentemente, algunos de los subcontratistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos eran los mismos que los de la UAEM.
Se evidenció un esquema de facturación a través de la simulación de operaciones de una empresa que factura supuestas prestaciones de bienes o servicios, y de la universidad que supuestamente los recibe de conformidad, con lo que avala una operación inexistente o simulada.
“A través de la presumible simulación de operaciones en un esquema en el que una empresa factura supuestas prestaciones de bienes o servicios que en realidad no existen, y la dependencia contratante que supuestamente recibe de conformidad tales bienes o servicios que no existieron nunca”, determinó la ASF.
Para muestra, un botón: algunas compañías supuestamente subcontratadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el mismo día firmaron los contratos donde entregaron los bienes, emitieron las facturas y estas se pagaron, lo que resulta materialmente imposible.
La modalidad de triangulaciones y simulaciones empezaron a utilizarla funcionarios de Petróleos Mexicanos, que a través de sus subsidiaras se valieron de la Universidad Autónoma del Carmen para realizar “convenios” de asesoría y servicios diversos con la finalidad de triangular el dinero petrolero. Foto: Cuartoscuro.
LAS TECNOLÓGICAS SE METEN EN EL LODAZAL
En el transcurso de la actual administración se ha ido involucrando a más universidades como fachada para la transferencia de recursos mediante “convenios”.
Los funcionarios de la Sedesol reincidieron. Sus maniobras no se detuvieron ni cuando arrastraban denuncias presentadas por la ASF en contra de la Sedesol y de la UAEM.
En 2015 transfirieron 611 millones 685,200 pesos a cuentas bancarias de personas morales y físicas mediante convenios con otras tres universidades del Estado de México: la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM), la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y la Universidad Politécnica de Texcoco (UPTex).
Se trata de recintos educativos fundados en la década de 1990, identificados como bastiones priistas y cuyos rectores son designados directamente por el gobernador de esa entidad.
Las triangulaciones se hicieron de la siguiente manera:
El 30 de enero de 2015, la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sedesol, entonces a cargo de Juan Manuel López Arroyo, firmó con los rectores de la UTSEM, la UTN y la UPTex convenios para servicios diversos, todos vigentes desde el momento de la firma y hasta el 30 de agosto. De nuevo el argumento fue que cada una de estas universidades tenía capacidad técnica, material y de recursos humanos para realizar los trabajos encomendados.
Quedó inscrito que las universidades harían completamente los trabajos requeridos por la Sedesol, y que no podrían ceder en forma alguna a terceros los derechos y obligaciones establecidas, o las que se derivaran de estos. Para la UTSEM fueron 136 millones 85,200 pesos; 319 millones 121,100 pesos a la UTN, y la UPTex recibió 156 millones 505,576 pesos.
La UTSEM supuestamente debía verificar la existencia física de obras financiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; promover la coinversión de los recursos federales del FAIS con las delegaciones de otras dependencias federales; coadyuvar en las actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre y de la Política Social de Nueva Generación.
Una semana después de que firmó el convenio, transfirió el monto a Integrasoft, S. A., una empresa domiciliada en la delegación Azcapotzalco, cuyo giro comercial es la programación informática y la implantación y mantenimiento de sistemas de computación y electrónica; esta aparece también como proveedora del gobierno del Estado de México.
En esa misma cuenta bancaria aparecieron también 184 millones 690,000 pesos, de los cuales la Sedesol transfirió a la UTN y que esta, a su vez, transfirió a la empresa Grupo Corporativo Integral Vazme, S. A. de C. V., la cual a su vez recibió transferencias también por 123 millones 860,700 pesos por parte de la Universidad Politécnica de Texcoco, y 257 millones 643,200 pesos por parte de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por conceptos de trabajos similares a los pactados con la UTSEM.
En síntesis, Integrasoft, S. A. de C. V., recibió 320 millones 775,200 pesos que a las universidades les transfirió la Sedesol. A su vez, Integrasoft los transfirió a cinco empresas: Srevint, S. A. de C. V.; Factores y Servicios Humanos, S. A. de C. V.; Elevait, SAPI de C. V.; CMA de Servicios Estratégicos, S. A. de C. V.; Corporativo Kukmu, S. A. de C. V., y tres personas físicas: José León Diez Barroso Reyes, Rubén Eduardo Villalobos Villalobos, y Edgar Giovani García Santiago, sin que existiera contrato o constancia que justificara los pagos o servicios, según las indagatorias de los auditores de la ASF.
El pasado 27 de enero, la ASF emitió su dictamen de la auditoría a este convenio y determinó que hay un daño patrimonial de 136 millones 85,226 pesos, “en virtud de la que Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México no cumplió con los compromisos que contrajo con la Sedesol, y contrató el 100 por ciento de los servicios a un proveedor sin capacidad técnica y económica, quien tampoco realizó los trabajos para los cuales fue contratado”.
Los servicios por convenio contratados a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) fueron actividades similares a las contratadas a la UTSEM. También se estipuló la cláusula en la que la universidad estaba impedida de transferir sus obligaciones a terceros, pero el mismo 9 de febrero en que la UTSEM subcontrataba los servicios con Integrasoft, la UTN lo hacía con Grupo Corporativo Integral Vazme, S. A. de C. V., una empresa domiciliada en Querétaro a la que le transfirió 98 por ciento de los recursos de la Sedesol; luego transfirió otra parte a Cofint, S. C., domiciliada en la delegación Cuauhtémoc.
El dinero que Grupo Corporativo Integral Vazme recibió, lo transfirió a nueve empresas: Integrasoft, Matchser, Elevait, Corporativo Kukmu, CMA de Servicios Estratégicos, Factores y Servicios Humanos, Rieu Recursos de Capacitación, Sultan Group Develompment, Servicios Comerciales, S. de R. L. de C. V.
El dinero que Cofint recibió lo transfirió a una empresa llamada JI&am admón, S. de R. L. de C. V., y tres personas físicas: Omar Blancas Jiménez, Marcos Velasco Vargas y Emiliano Torres Martínez.
De los convenios de la Sedesol con la UTN, la ASF determinó un “probable daño patrimonial” por 319 millones 121,100 pesos, porque no se contrataron y pagaron servicios “de los cuales no se tiene evidencia de realización por parte de los proveedores”.
Por supuestos trabajos contratados a la Politécnica de Texcoco (UPTex), similares a los de la UTSEM y la UTN, la Sedesol le transfirió 156 millones 478,900 pesos. Esta le traspaso al Grupo Corporativo Integral Vazme el total de los trabajos y el 99 por ciento de los recursos, que repartió entre la citada compañía y las empresas Infraestructura Astoria, S. A. de C. V. (domiciliada en Coyoacán) e Izarre, S. A. de C. V. (domiciliada también en Azcapotzalco).
Izarre, S. A. de C. V., a su vez, los transfirió a Distribuidora Zadot, S. A. de C. V., y Soluciones en Comercio Caricom, S. A. de C. V.
La ASF determinó que hay un daño patrimonial de los 156 millones 505,576 pesos, ya que la UPTex no cumplió con los trabajos que supuestamente debía hacer para la Sedesol y tampoco hay evidencia de que las tres empresas a las que se le transfirieron los recursos hayan realizado trabajo alguno.
Respecto a la gravedad y consecuencias sociales del probable daño patrimonial de la Sedesol y las tres universidades, la Auditoría Superior de la Federación observa:
“La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo permite garantizar una vida digna para la realización del individuo y su vinculación con la sociedad. La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación, entre muchas conductas que se han determinado en la auditoría.
“La recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales propicia impunidad y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones de acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor.
“Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse. La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público”.
EL TUFO TRICOLOR
La ASF identificó a la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales como el área que signó los convenios con las tres universidades. En ese periodo su titular era el priista Juan Manuel López Arroyo, a quien se identifica como persona cercana a Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
López Arroyo ingresó en la Sedesol en marzo de 2013 como coordinador de asesores de la secretaria. Antes estuvo en labores del Partido Revolucionario Institucional, como secretario del Comité Directivo Estatal. En agosto de 2013, Robles lo designó jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Sedesol. Salió de la Secretaría en octubre de 2015 para incorporarse como coordinador de asesores de Rosario Robles en la Sedatu. En enero de 2017, Rosario Robles lo transfirió como delegado de la Sedatu en Puebla.
A través del área de prensa se solicitaron entrevistas con la titular de la Sedatu y con el delegado de esta secretaría en Puebla para saber su postura respecto a los resultados de los informes de la ASF; hasta este momento no hay respuesta.
Los rectores de las universidades mexiquenses fueron nombrados por el gobernador Eruviel Ávila Villegas.
El rector actual de la UTN es el priista Noé Molina Rusiles, quien ejerce como rector desde agosto de 2012; en 2015 hizo una pausa a su cargo cuando el PRI lo hizo su candidato a la presidencia municipal de Ciudad Netzahualcóyotl para las elecciones del 7 de junio, en las que perdió frente al candidato del PRD. Su reingreso a la UTN está fechado el 16 de junio de 2015.
En la UTSEM, cuando se firmaron los convenios con la Sedesol, el rector era Héctor Peña Campuzano, quien el 6 de julio de 2016 fue sustituido por el Dr. Bartolo Jaramillo Puebla.
En la Universidad Politécnica de Texcoco, el rector era el maestro Carlos Oscar Espinosa Castañeda, cargo que desempeña desde el 1 de enero de 2012.
Se solicitaron entrevistas con los rectores de las universidades y con los funcionarios de las secretarías de Estado mencionadas. Al cierre de esta edición no había respuesta.
Con los recursos triangulados por la Sedesol en tres universidades se hubiera proveído de la canasta básica a casi un millón de personas que hoy sufren por el hambre. Foto: Cuartoscuro.
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Radiografía del engaño
FUNDADA EN 1832, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (UAZ) es una de las instituciones educativas más antiguas del país. Por más de un siglo basó su prestigio en su amplia oferta educativa, desde las artes hasta la ciencia e ingeniería. Ahora su historia se ve manchada al ser utilizada para triangular recursos mediante la simulación de contrataciones con entidades federales.
Bajo el esquema denominado Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, en 2015 funcionarios de la Sagarpa transfirieron a la UAZ 219 millones 430,000 pesos, mediante cinco “convenios de colaboración” que, en consideración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron simulaciones de adquisiciones, por lo que determinó que tanto la UAZ como la Sagarpa son responsables de ese millonario daño patrimonial.
La Sagarpa era encabezada entonces por Enrique Martínez y Martínez, actual embajador de México en Cuba, y las arcas de la UAZ las manejaba el rector Armando Silva Chairez, cuyo periodo concluyó en 2016. Martínez y Martínez salió de la Sagarpa en agosto de 2015, cuando fue relevado en el cargo por José Calzada Rovirosa.
La trama para la transferencia fue perfectamente elaborada: en 2015, la Sagarpa publicó en su portal electrónico cinco convocatorias para acceder a los recursos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria a través del Programa Regional de Desarrollo Previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y Planeación de Proyectos. En las reglas de operación se estableció que los proyectos seleccionados deberían ser realizados por instituciones académicas o de investigación, de cobertura nacional o internacional, o empresas que contaran con la experiencia y herramientas adecuadas para su realización.
Supuestamente 24 personas físicas y 12 morales fueron seleccionadas, así que, con base en la convocatoria publicada y la solicitud de apoyo presentada por los 36 beneficiarios, la Sagarpa suscribió con cada uno de ellos un convenio de concertación para la realización de diversos estudios, investigaciones, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación en diversas actividades. Coincidentemente, junto con su solicitud de apoyo a la Sagarpa, cada una presentó propuestas conjuntas a favor de la UAZ para llevar a cabo sus proyectos. En cada uno de los 36 convenios de concertación se estableció la aceptación por parte del beneficiario para que la Sagarpa transfiera los recursos federales a la UAZ, y también para suscribir un convenio con la universidad y cederle los derechos de los recursos. Al mismo tiempo, la UAZ suscribió con cada uno de ellos un contrato de cesión de los derechos adquiridos en el convenio de concertación, que incluyó los recursos económicos. De esta manera, la Sagarpa realizaría los depósitos de los recursos federales en 36 cuentas bancarias que abrió la universidad para tal efecto. El importe por cada uno de los proyectos sumó los 219 millones 430,000 pesos.
Cada convenio fue firmado, supuestamente, por mano de cada beneficiario junto con el entonces rector de la universidad, y como testigos figuran el director de Administración de Riesgos y la subdirectora de Calidad de la Sagarpa. Una vez que los 36 cedieron sus derechos, la Sagarpa, a través de la Dirección General de Administración de Riesgo, suscribió con la UAZ cinco convenios “de colaboración” que englobaban los 36 proyectos.
En la firma de cada convenio, la UAZ declaró que contaba con los profesionales especializados, así como con los recursos técnicos y de capacitación necesarios para la ejecución, supervisión y seguimiento de las acciones encomendadas, así como con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutar con eficacia y calidad los servicios solicitados. De tal forma, sería la única responsable de ejecutarlos.
La Sagarpa emitió 36 cuentas por liquidar certificadas (CLC) a favor de la UAZ, mediante las cuales realizó los pagos sustentados en 36 facturas expedidas por la misma universidad.
La peculiaridad de los servicios contratados, ajenos al objetivo de la institución educativa, llevó a la ASF a ponerla bajo la lupa en la revisión de la cuenta pública de 2015, cuyos resultados se presentaron hace unos días ante el Congreso de la Unión.
La ASF determinó que lo manifestado por la UAZ carecía de veracidad y que el dinero lo transfirió a las cuentas bancarias de personas físicas y morales.
El 58 por ciento del dinero —128 millones 507,100 pesos— fue transferido a 16 “proveedores”: Competitividad Aplicada,
S. C., Nyseen Consultores Asociados, NSC Consultores Asociados, Grupo Antiplano del Valle, S. de R. L. de C. V., Oseguera Vázquez Ochoa y Compañía, S. C., Pafik Internacional, S. C., Asesoramientos y Administrativos Heca, S. A. de C. V., Innovación en Tecnología de Información, S. A. de C. V., Gráficos
G. L., S. A. de C. V., Imagen Arte Análisis y Comunicación,
S. A. de C. V., Tecnimac, S. A. de C. V., TI Consulting, S. C., Grupo Diez para los Diez, S. de R. L. de C. V., Corporatise, S. C., Servicios Administrativos y de Personal Logar, S. A. de C. V., Servicios de Promoción L&F, S. A. de C. V.
Tales proveedores facturaron a la UAZ servicios de consultoría, auditoría externa, encuestas, entrevistas, desarrollo de base de datos, mapeo y asistencia técnica.
Otros 90 millones 922,900 pesos los transfirió a cuentas bancarias abiertas a nombre de la propia UAZ. De estos transfirió 76 millones 325,200 pesos a 624 “prestadores de servicios” supuestamente contratados por honorarios. En realidad, eran recepcionistas, encargados de hoteles, vendedores de seguros, columnistas de medios informativos, mercadólogos, diseñadores gráficos, asistentes administrativos, edecanes, telefonistas, carniceros, policías, cajeros, nutriólogos, entre otros, domiciliados en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Tabasco, Querétaro, que nada tenían que ver con el proyecto. Las transferencias se hicieron a través de 107 cuentas bancarias, y en consideración de la ASF, “fueron abiertas en forma irregular”.
Otros 14 millones 36,100 pesos se etiquetaron como “cuotas administrativas”, y únicamente se soportaron de manera contable con un recibo simple expedido por la UAZ.
Otros 561,600 pesos que se etiquetaron como gastos administrativos se “respaldaron” contablemente como gastos de papelería, consumibles, alimentos, prendas de vestir, compra de laptops,renta de copiadora, despensa, horno. Es decir, nada relacionado con los proyectos.
Lo que la UAZ entregó a la Sagarpa como supuestos estudios, investigaciones, diagnósticos, asistencia técnica y desarrollo de los 36 proyectos eran dos libros encuadernados y empastados —por cada proyecto—, que contenían simples páginas de internet, incluidas de Wikipedia, monografías del INEGI y páginas oficiales de distintos gobiernos.
Se trató de un esquema en el que —comprobó la ASF— la UAZ y la Sagarpa simularon convenios para la transferencia de los recursos a través de cesión de derechos suscritos con los beneficiarios de los apoyos para que la Sagarpa pudiera en realidad transferir los recursos. El esquema les permitió simular los servicios y transferir el dinero a supuestos proveedores y personas contratadas por honorarios asimilados, que de ninguna manera cubrían el perfil ni contaban con la capacidad técnica, material y humana para los trabajos.
La trama tenía aristas más grotescas. De los supuestos beneficiarios de la convocatoria de la Sagarpa, 15 no reconocieron haber firmado ningún trámite, ni con la Sagarpa ni con la UAZ, “por lo que se presume el uso indebido de datos personales y la alteración de la documentación relacionada con el expediente técnico de los supuestos beneficiarios”, concluye la ASF. Otros cinco supuestos beneficiaros no pudieron ser localizados, y en otros dos casos no proporcionaron información.
“Se desprende que, en los 36 proyectos relativos al análisis, asistencia técnica, capacitación, diagnósticos, estudios, sistema de información e investigaciones elaborados por la UAZ, con los cuales se erogaron recursos por un importe de 219,430.0 miles de pesos [219 millones 430,000], no se presentó evidencia de que las personas físicas o morales apoyadas por la Sagarpa hayan recibido algún beneficio tangible, menos aún las empresas dedicadas a la misma actividad social en el estado y a nivel nacional. Lo anterior, se refuerza con el análisis e investigaciones practicadas en la ejecución de la auditoría en donde se observó que las actividades económicas de los beneficiarios difieren del objeto de los estudios realizados”, detalla la ASF.
Así, por ejemplo, a un supuesto productor de mango le fue aprobada una investigación y propuesta de prácticas sustentantes para la producción apícola en Yucatán, Campeche y Quintana Roo; a un estudiante de la Facultad de Contabilidad de la UAZ que trabaja en un estudio fotográfico se le acreditó un programa para el fortalecimiento comercial de los productores de aguacate de Colima, Guanajuato y Jalisco; y a un campesino que cultiva frijol maíz y cuida borregos, el análisis de la estrategia actual de atención de territorio e impacto de los programas de apoyo en los municipios de Cruzada contra el Hambre.
Con la Universidad Autónoma de Zacatecas se suma otra institución educativa utilizada para triangular recursos. La dupla UAZ-Sagarpa provocó un daño patrimonial por 219 millones 430,000 pesos.
Para la Veracruzana, dinero desde CFE, Pemex…
En 2011, a la Universidad Veracruzana se le transfirieron 167 millones 13,600 pesos mediante un contrato del Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos (CTPALM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Otros dos convenios de Pemex Exploración y Producción por 31 millones 120,500 pesos. Dos convenios más por 80 millones de pesos en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Otros tres de asignación de recursos y de colaboración con el Conacyt, por 40 millones 17,000 pesos. Y un convenio de apoyo financiero con la SEP por 3 millones de pesos.
En el contrato de la CFE se le encomendó monitoreo y vigilancia ambiental de las descargas de agua hacia el Golfo de México, aunque la Universidad no contaba con la acreditación para realizar ese tipo de supervisión.
Del dinero de Pemex se le encargaron auditorías y diagnósticos ambientales en perforaciones de Poza Rica, Altamira y Reynosa. La Universidad subcontrató dos empresas, ninguna de las cuales estaba acreditada. Además, cobró montos excedidos.
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La Auditoría Superior de la Federación determinó que tanto la Sagarpa como la Universidad Autónoma de Zacatecas son responsables de un millonario daño patrimonial. Foto: JOSÉ I. HERNÁNDEZ/Cuartoscuro
Personas supuestamente contratadas para los estudios
Perfil:Comercio al por menor de artículos de papelería
Estudio contratado:Detección de las necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades productivas con enfoque empresarial con la finalidad de elevar la competitividad del Sistema Producto Mango Manila en el Estado de Veracruz.
Perfil:Productor de mango
Estudio contratado:Investigación y propuesta de prácticas sustentables de clase mundial respecto a la producción apícola en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo para mejora integral de las actividades de su explotación y réplica a escala nacional.
Perfil: Ing. Agrónomo. Elabora proyectos para el gobierno federal
Estudio contratado:Propuesta de estructura tipo para la organización de conglomerados productivos y comerciales, integrados por pequeños productores de frijol con empresas integradoras. Mapeo de capacidades productivas del subsector acuícola y pesquero en las regiones norte y Golfo de México; propuesta de capacitación para micro, pequeños y medianos productores con el fin de mejorar su competitividad.
Perfil:Producción de jamaica
Estudio contratado:Mapeo de capacidades productivas del subsector acuícola y pesquero en las regiones norte y Golfo de México; propuesta de capacitación para micro, pequeños y medianos productores con el fin de mejorar su competitividad.
Perfil:Estudiante de la Facultad de Contabilidad Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y trabaja en un negocio particular de fotografía
Estudio contratado:Programa para el Diagnóstico y Fortalecimientos comerciales de los Productores de Aguacate de la Zona Centro Occidente (Colima, Guanajuato y Jalisco).
Perfil:Siembra, cultivo y cosecha de mango. Otros trabajos especializados para la construcción
Estudio contratado:Plataforma web para el Fomento del Empleo y la Productividad Laboral del Sector Agropecuario.
Perfil: Cultivo de frijol y maíz, cría de cabras y borregos
Estudio contratado:Análisis de la estrategia actual de atención territorial e impacto de los programas de apoyo al sector rural, en los municipios de la Cruzada contra el Hambre o de alta marginación.
Perfil: Asalariado y servicios de contabilidad y auditoría
Estudio contratado:Obtener información detallada sobre la situación actual de la infraestructura y tecnología para la agroindustria del jitomate en Jalisco, con el fin de potenciar sus fortalezas y atender áreas de mejora.
Perfil:Persona que siembra, cultiva y cosecha frijol
Estudio contratado:Investigar las necesidades, oportunidades, problemas, soluciones de las redes y sistemas de comunicación rural, identificando sus características y diagramando las formas y redes existentes de comunicación, así como involucrar a la población en la identificación de los elementos básicos para el diseño de estrategias de comunicación.
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Necesario, revisar cada caso: fundar
Las contrataciones por convenio con universidades en muchos casos se han convertido en “una mala práctica”. Así lo considera el coordinador del Programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis e Investigación de Fundar, Javier Garduño, quien dice a Newsweek en Españolque este tipo de prácticas visibiliza que “hay una cierta confianza en las instituciones de educación superior, entonces cuando el gobierno destina recursos a estas instituciones, socialmente no es mal visto, y pareciera ser que se están apoyando ciertas actividades de investigación o enseñanza, cuando lo que vemos es que realmente es una mala práctica y que se utiliza este tipo de instituciones como una manera de triangular recursos y, de cierta manera, escapar a los temas de licitaciones, o de hacer transparentes los procesos para la adjudicación”.
Garduño —especialista en temas de finanzas públicas y política pública, con estudios de maestría por el Colmex— explica que se hace uso de ciertas instituciones de educación como “fachada” para así evitar sospechas sobre asignaciones opacas:
“Es una fachada de algo que en teoría suena aceptable, que es el que se le pueda entregar recursos a esas universidades, cuando claramente lo que estamos viendo es que es una manera de no pasar por otro tipo de procesos transparentes”, apunta.
Los casos expuestos en la presente investigación, afirma el especialista, “deben ser motivo para impulsar algún mecanismo que nos permita que las unidades responsables de gastos de las dependencias gubernamentales publiquen en sus portales todos estos contratos con las universidades públicas y privadas, así como los resultados de cada uno”.
Al respecto agrega: “Es la coyuntura perfecta para una verdadera revisión de cuentas en este tema porque es escandaloso; son sumamente escandalosos los desvíos de recursos cuando hay sectores de la población que están en una situación bastante vulnerable y, mientras, se siguen asignando esos recursos sin los mínimos esquemas de rendición de cuentas”.
