El próximo año el gobierno federal asignará menos dinero para sus delegaciones en Baja California. El problema no es de números sino un asunto que en algunos casos se vuelve de vida o muerte.
Habrá menos en desarrollo social para Baja California. El gobierno de Peña Nieto también reduce recursos en salud y obra pública.
Es paradójico. El estado 29 recibirá más dinero en participaciones federales. Pero dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social, la de Salud y la de Comunicaciones y Transportes ya anticipan que les enviaran menos dinero que en el año que concluye.
Se pueden prever más carencias en la calidad o extensión de los servicios que suministran las oficinas centrales con los impuestos que regresan.
La diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, dice que los recortes en obra pública son producto de un escenario de complicación económica mundial.
Baja California recibe 199 millones de pesos mensuales de participaciones federales y este 2017, va a llegar muy cerca de los 250 millones. Por eso, Sánchez Arredondo asegura que el gobierno estatal ha sido malo en el ejercicio del gasto y dice que es necesario revisar “secretaría por secretaría y partida por partida, reducir gastos y mandarlos a las áreas más importantes”.
Recientemente, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, reconoció que hay un déficit en el ejercicio 2016, superior a los 560 millones de pesos. Esto quiere decir que no hay dinero suficiente para concluir el año, situación que dio origen a otros problemas como la deuda con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
En rueda de prensa, el gobernador fue cuestionado sobre si habrá un adelgazamiento de la nómina estatal y contestó que no lo quiere hacer. Además, dijo que de no resolverse el problema en el cierre del año, esta deuda se trasladará al presupuesto de 2017.
Para la diputada Nancy Sánchez, esto es reflejo del dispendio del gobierno del estado y afirma que hay alternativas de ahorro en las oficinas estatales. Por ejemplo, dice que es necesario revisar el gasto de la Secretaría de Gobierno, la de Finanzas o de Oficialía Mayor. Esta última de tener 400 millones de pesos de presupuesto, ahora cuenta con cerca de 800 millones.
“No entendemos en qué están gastando, por eso hay que ver qué tanto podemos ahorrar. Sí va haber un impacto, pero se puede compensar con ahorro interno del estado, pero no veo la menor intención del gobierno de Baja California de ahorrar. Hay partidas del gobierno estatal que crecieron de 300 a 1,000 millones”.
Por si fuera poco, el presupuesto que llegará en 2017, nos alcanzará para menos por el alza del dólar.
Baja California crece en un ambiente donde el dólar ronda los 20 pesos. La capacidad de compra del gobierno ya disminuyó, sobre todo en esta frontera, considera el economista José Luis Contreras Valenzuela.
En los últimos días, el peso sufrió una pérdida cercana al 12%. En el acumulado anual, la caída es casi del 60%. En ese sentido, Contreras Valenzuela dice que el incremento presupuestal de 5.3% anunciado, no significa que aumente la inversión o el gasto real.
“El peso está perdiendo poder adquisitivo. En la frontera, muchos de los servicios que contrata el gobierno del estado y las compras, están tasadas en dólares. Por ejemplo los arrendamientos, aunque se hagan en pesos, tienen de referente la moneda americana”.
Por ello aunque hay un crecimiento nominal del presupuesto, puede haber un 12% menos por este factor.
¿Entonces qué hacer? Para el experto aumentar impuestos sería un grave error porque el sector privado no aguanta más, ni los trabajadores.
En su análisis más del 80% del gasto de gobierno es administrativo y se va en salarios. Por eso se ha sacrificado la inversión en infraestructura física, escuelas, salud.
Se debe reducir el gasto de operación, bajarle a los viáticos, servicios telefónicos, seguridad personal de funcionarios.
Algo que justamente el gobernador se rehúsa a hacer.
“Hay que adelgazar la nómina, no en personal de base, pero sí reducirla en las prestaciones que reciben los funcionarios de nivel medio y superior”.
En cuanto al anuncio del gobernador de un déficit de 560 millones de pesos para el cierre del ejercicio 2016, en su opinión sería lamentable trasladar ese problema a 2017, porque entonces se llenaría ese hueco con las nuevas asignaciones presupuestales y eso le va pegar más al nivel de gasto y de inversión para 2017.
Los recortes de las delegaciones federales agravarán lo que ya se vive en sectores como el de salud pública. La gente está muriendo en el Hospital General de Tijuana (HGT) por falta medicamentos, y no los hay porque tampoco hay dinero para comprarlos. El pronóstico es grave. Los recortes presupuestales podrían causar que se pierdan más vidas.
El asunto es tan crítico, que recientemente los médicos del hospital convocaron a una conferencia de prensa para denunciar las limitaciones con las que trabajan. Pacientes enfermos en el suelo, sin cama, se han vuelto parte de la realidad que se padece en los hospitales.
“Hay 100 muertes mensuales de adultos en urgencias, cuando lo normal es de 40 a 60”, dijo uno de los médicos en la conferencia.
El HGT tiene su propia carga de trabajo que se acentúa al tener que atender a unos 600 mil afiliados del Seguro Popular.
El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, es una de las instituciones que recibirá menos recursos por los cambios en el presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Las carencias son un mal crónico en Baja California prácticamente en todas las instituciones de salud.
Las deficiencias en los servicios tienen que ver tanto con la escasez de recursos como con el hecho de que la población a la que tienen que atender crece muy por encima de la infraestructura y el presupuesto.
Los pacientes tienen que llevar el papel del baño cuando son internados en el Seguro Social y no son extrañas en el Hospital General las quejas de la gente que tienen que comprar medicamentos por fuera o conseguir hasta las gasas para las curaciones de sus familiares internados.
A principios de noviembre, el Sr. García tuvo que sepultar a su bebé que nació prematuro en el Hospital General.
Recurrió al Seguro Popular porque ni él ni su esposa cuentan con sistema de servicios médicos. Es un hombre trabajador que entre otras cosas se dedica a lavar carros.
Aunque no autorizó a usar su nombre para este reportaje, cuenta su experiencia tras el nacimiento de su bebé y los problemas que enfrentó mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos.
En más de una ocasión le dijeron que el hospital no tenía todos los medicamentos que su hijo necesitaba debido a que nació más de un mes antes de lo esperado.
Mientras el niño luchaba por su vida ayudado por los médicos, el Sr. García buscaba por todos lados cómo conseguir el medicamento.
Cuando fue a una farmacia le invadió la angustia cuando le dijeron el precio. Eran más de 6 mil pesos y había que comprar varias dosis.
“De dónde voy a sacar tanto dinero”, pensó.
Regresó al Hospital General y otro médico le dijo que la doctora que lo mandó a conseguirlo por fuera había cometido un error. Que en la Institución lo tenían.
Así lo hicieron. Pero días después sucedió lo mismo. Le informaron que ya no había medicamentos suficientes.
Desesperado empezó a movilizarse para buscar ayuda y se enteró de que no era el único con ese problema.
“Somos 6 papás. Nos dijeron que ya andan consiguiendo lo que falta y después nos avisan”, le dijo a una persona buscando ayuda.
El Seguro Popular reconoció que a pesar de que el medicamento que requería está dentro del catálogo disponible para los afiliados, no lo tenían. Localizaron algunas dosis fuera del estado y lo mandaron traer.
Pero no llegaría inmediatamente. Tardaría 24 horas.
Una funcionaria del Seguro Popular dijo que la atención a los bebés prematuros es una prioridad y que podrían comprarlo por fuera si es necesario.
No supo cómo, pero el Sr. García confirmó que llegó el medicamento.
“Consiguieron para una semana”, dijo el 27 de octubre.
En el hospital le informaron que después les avisarían si conseguían para los días posteriores.
El 9 de noviembre el niño falleció. El Sr. García relata que le dijeron que murió por complicaciones con el riñón.
“Y luego que su corazoncito empezó a fallar”.
Él cree que la falta de medicamentos y las condiciones en que opera el hospital fueron factor importante para que no pudieran sanar a su bebé.
Aunque sabe que no es el único, pues en ese lapso se enteró del fallecimiento de otros niños en el mismo hospital.
“En lugar de que venga uno a salvar a su hijo viene uno a traerlos a que se mueran”, dice con gran pesar el día que finalmente lo sepultaron.
La Ley de Ingresos habla de un 5.3% más a las participaciones federales que reciben los estados de la república. Sin embargo, los recursos federalizados que destinan a programas de salud, educación, seguridad y obras de infraestructura sufrirán un recorte.
La ironía es que mientras el gobierno de Baja California recibirá más dinero, las instituciones federales verán reducidos sus recursos para construir más carreteras, hospitales, escuelas y tener más seguridad en el estado. Por eso las delegaciones como Sedesol, Seguro Popular, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras en cada entidad, sufrirán dichos recortes.
La Ley de Ingresos de la Federación 2017, aprobada por el Senado de la República, prevé obtener ingresos presupuestarios por 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos. Son poco más de 51 mil millones de pesos adicionales a la iniciativa original.
Esa cantidad nos daría un poco más de 40 mil pesos de inversión por mexicano para 2017, si tomamos en cuenta que en el país hay cerca 120 millones de habitantes.
Ya fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se determinó cuánto dinero le darán a cada entidad del país. Fue turnado al ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El problema al que se enfrentarán todas las entidades del país es el recorte de 239 mil 700 millones de pesos que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Salud, son las dependencias con más recortes.
En el caso de educación, serán 31 mil 600 millones de pesos, para la SCT la reducción es de 16 mil 572 millones de pesos y para Salud, 1,800 millones. También hay restricciones para la Secretaría de Agricultura por 18 mil 295 millones de pesos.
El gasto del Gobierno Federal en diversas áreas se va a reducir. Por ejemplo, las carreteras federales, —dependientes de la SCT— las construye la federación y no los estados. En ese tipo de rubros es en donde se darán caídas en la inversión.
De acuerdo a Domingo Ramos Medina, presidente del Colegio de Economistas de Baja California, hay tres áreas en las que se debe poner atención: en el Ramo 33, —que otorga recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos— en los convenios y en el Seguro Popular.
“Por ello los gobiernos estatales y municipales se verán obligados a ser más eficaces en su recaudación”, dice el experto. Esto quiere decir que entidades y municipios deben cobrar de forma más certera los impuestos ya existentes.
La mayoría de los impuestos, los cobra el Gobierno Federal (96%), como sucede con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). En cambio, las entidades federativas recaudan un poco más del 3%.
Diputados fronterizos confirman que las participaciones federales aumentarán en un 5.3%. Esto aportaría una cifra superior a los 44 mil 400 millones de pesos con los que contó el estado en 2016.
Pero en el Paquete Económico 2017 hay fondos que vienen en cero, por ejemplo, el Fondo Fronterizo creado para mitigar los efectos de la homologación del IVA.
En este tema, la diputada federal panista, Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de la Unión, dice que el año pasado dicho recurso fue de 1,600 millones de pesos para toda la frontera. A Baja California le tocaron 500 millones.
“El mismo caso enfrenta el fondo de migralidad que el año pasado fue de 300 millones de pesos y a Baja California le correspondieron 7.5 para el funcionamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) y el apoyo a los repatriados. A este hay que sumar el programa para la prevención del delito”.
El sentido común nos señala que estados y municipios deberían ejercer el gasto de forma responsable. No obstante, la experiencia casi siempre nos muestra una realidad completamente diferente.
Los retos en Baja California van aún más allá de los recortes, porque además del adeudo con la UABC, está pendiente el pago a maestros pensionados y jubilados, el asunto de las Becas Progreso y el caso del Hospital General.
Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que al cierre del 2015, Baja California registró una deuda de más de 18 mil millones de pesos, a los cuales se agregaron más de 4 mil 713 millones cuyo destino no ha quedado claro, según la Auditoría Fiscal de la Federación y diputados del Congreso local.
Los recortes presupuestales han provocado que líderes de muchos sectores productivos señalen que el estado será menos competitivo. En el estudio más reciente del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO, 2014), la entidad ocupaba el lugar 12 y en el índice que mide su desempeño en las relaciones internacionales ocupaba la cuarta posición.
Este dato coincide con el estudio de libertad económica de Norteamérica de 2015, donde Baja California tiene junto a Jalisco, el sitio 61 de las entidades mexicanas con mayor libertad. El informe abarca a ciudades de Canadá y Estados Unidos.
Por todo esto, las participaciones para el estado generan cierta tensión por la eliminación de los fondos ya descritos. Para Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos (AMB), más allá del incremento del 5.3% en las participaciones federales, “me hubiera gustado ver que todos pongan y que en este presupuesto austero no solo ponga la Federación”.
El también presidente del consejo de Administración de BBVA Bancomer, dice que las participaciones federales están definidas por ley, son un gasto no programable que depende de factores como la recaudación.
“Como la recaudación fiscal fue muy alta, nos tocan por ley, me hubiera gustado que todos nos apretáramos el cinturón, pero dada la circunstancia legal a la que hago referencia, no es posible reducir las participaciones”.
Lo cierto es que sin un presupuesto bien gastado y dirigido, los problemas que mantiene el gobierno del estado en los ejemplos que se han citado y otros, van a seguir. En ese sentido, Eliseo Díaz, investigador del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), dice que el gobierno federal no va a abrir nuevas plazas, también es cierto que hay disminuciones fuertes que afectan el gasto de inversión, pero no al gasto corriente.
En su análisis, aumentan las aportaciones de forma moderada y hay recortes que entre ambas, provocan una disminución de alrededor del 2%.
“De cualquier forma la actividad económica en el Estado va seguir creciendo de forma moderada”, dice.
Entonces, ¿se deben cobrar más impuestos?
La recomendación para el gobierno del estado de parte de Domingo Ramos Medina, es fortalecer la hacienda, es decir, ser más efectivo con la cobranza, gastar mejor y ser más eficiente en el uso de los recursos públicos.
De ahí que los ajustes presupuestales en temas sociales, de seguridad y salud que impactarán a los municipios, obligarán a un desempeño austero. Para llegar a esto hay varios caminos, señala el especialista. Se pueden incrementar impuestos, incrementar deuda o bien, gastar menos.
Aunque se solicitó una entrevista con el secretario de finanzas del gobierno estatal para conocer si aumentarían impuestos o deuda en 2017, la oficina de Antonio Valladolid nunca respondió.
Dice el economista Domingo Ramos: “Tenemos que vigilar que la deuda no exceda los límites de capacidad de pago. Tener deuda no es malo, pero sí ser irresponsable en el manejo de la misma. Si tienes como gobierno capacidad de un 30% de tus ingresos para cubrir esa deuda, está bien. El problema será cuando rebasas ese porcentaje, que fue lo que nos pasó con el gobierno federal”.
En cuanto a la deuda de Baja California, el economista dice que es más o menos estable, no obstante que Tijuana es de las ciudades más endeudadas del país, pero su expectativa de ingreso alcanza para tener una deuda competitiva.
La deudaper cápita de la ciudad es de unos 1,500 pesos.
En resumen, se estima que el monto de la recaudación federal sea de 2 billones 665 mil 463.6 millones de pesos que beneficiará a las entidades federativas y municipios.
También se estableció un incremento de 17 mil 369.9 millones por ingresos petroleros y un aumento de 42 centavos del tipo de cambio, lo que pondría el precio en los 18.62 pesos por dólar, según la proyección de analistas privados recogida en la última publicación de las encuestas realizadas por Banxico y Banamex.
Se proyecta además un incremento en la producción de petróleo, con un precio estimado en 42 dólares por barril en el crudo de exportación. Se previó que para 2017, la inflación esperada se mantenga dentro del rango objetivo del Banco de México, que es del 3%.
Por lo pronto el gobierno del estado ofreció atender las demandas de los médicos del HGT. Si cumple sus promesas, será hasta el final del año cuando alcance el 80% de la cobertura. El recorte da un diagnóstico angustiante para quienes habían encontrado un alivio en el Seguro Popular.
La expresión “finanzas sanas” no había tenido tanto significado como hoy.
