Pese a que nivel federal la difamación, la injuria y la calumnia se encuentran despenalizados desde hace más de 10 años, en Hidalgo estos delitos, catalogados “contra el honor”, continúa vigente en el Código Penal para el estado.
Mediante un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de abril de 2007, esos ilícitos fueron derogados del Código Penal Federal, el cual corresponde hacer cumplir a la Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante, el capítulo sexto de la norma local mantiene penalidades para quien los comete.
“Al que mediante comunicación dolosa a otro, impute a una persona física o colectiva un hecho que cause a ésta descrédito, deshonra o afecte su reputación, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o multa de 15 a 150 días”, menciona el artículo 191 código respecto a la difamación.
En tanto, el artículo 194 define la calumnia como “al que impute falsamente a otro un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es responsable del mismo, se impondrá prisión de tres meses a dos años y multa de 5 a 50 días”.
Dichos numerales sirvieron como base para que el 11 de enero la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), con base en la orden del juez de control Ciro Juárez, detuviera a Leonardo García Vázquez, quien expuso ante los medios de comunicación presuntas irregularidades en su vivienda y un posible conflicto de interés entre la constructora Sylma S.A. de C.V. y fraccionador Marco Antonio Rico Moreno, exsubsecretario de Obras Pública de Hidalgo y hermano de la propietaria. El ciudadano fue vinculado a procesos por la juzgadora Sissi Annette Rodríguez por el probable ilícito de difamación.
“La mera existencia de estos delitos puede generar un efecto de amedrentamiento para no hablar de ciertos temas, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos o de empresas privadas con mucho poder, como en este caso”, señaló Leopoldo Maldonado, de Artículo 19.
