En el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, correspondiente a su primer año de ejercicio constitucional, se aprobaron diversas iniciativas, entre ellas la donación de un predio destinado a la construcción de viviendas sociales para policías y sus familias, así como ajustes en los requisitos para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado.
Para la conducción de la sesión, se designó a los integrantes de la Mesa Directiva: Salvador Maximiliano Ramírez Hernández como presidente, Genny Janeth López Valenzuela como vicepresidenta, Amisadai Manuel Castorena Romo como primer secretario, Rodrigo Iván González Mireles como segundo secretario y Luis Salvador Alcalá Durán como prosecretario.
Uno de los puntos aprobados fue el dictamen de la Comisión de Vigilancia, que autoriza al Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes a ejercer actos traslativos de dominio en favor de un fideicomiso inmobiliario para desarrollar y comercializar condominios habitacionales en Rincón de Romos. Los predios involucrados son “Villa Seguridad” y “La Santa Cruz”, cuya solicitud fue presentada por Raquel Soto Orozco, titular de la Secretaría de Administración del Estado.
Asimismo, se aprobó una reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de homologar los criterios constitucionales para la designación de su titular, estableciendo que deberá cumplir con los requisitos del artículo 59 de la Constitución local.
En materia económica, el Congreso avaló modificaciones a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes, con el fin de incorporar lenguaje claro, incluyente y no sexista, además de actualizar las denominaciones oficiales de dependencias estatales.
Por último, se aprobó una reforma a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, eliminando el requisito de no haber sido candidato a un cargo de elección popular en los últimos cinco años para ocupar la titularidad de un Órgano Interno de Control Municipal, además de modificar la exigencia de contar con título en Derecho o Contaduría, permitiendo otras disciplinas afines.
