El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Roberto Novoa Toscano, dijo que se presentaron hasta seis amparos en distintos municipios y juzgados para suspender el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg).

Aseguró que estas acciones legales no muestran una confrontación con el gobierno, pero sí defenderán que el impuesto sobre la nómina que se auto impuso el sector empresarial sea destinado a obras sociales y seguridad.

El 23 de octubre, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo firmó un decreto para extinguir el Fidesseg. A partir de ahí, se avaló la auditoría a este fideicomiso, por encontrar supuestamente anomalías.

Posteriormente a su extinción, el sector empresarial y la gobernadora siguieron en diálogo para ver el nuevo esquema de apoyo a las organizaciones civiles.

“Se congela todo el movimiento. Pero el gobierno contestó que es un acto consumado y para eso existe el amparo. Y no solo fue un juez, y quiero que sepan que no solo es la demanda de León sino también de Consejo Coordinador Empresarial de Celaya y demandas del Comité Técnico y demandas de Actuando por Guanajuato y Fe Guanajuato en diferentes juzgados y se da la suspensión de este extinción del fideicomiso”, dijo Novoa Toscano.

Detalló que primero no puede seguir la extinción del fideicomiso y segundo se congelan los recursos y no se pueden regresar a la Secretaría de Finanzas.

“No sabemos cuánto hay en la bolsa porque a nosotros no nos da la información el fiduciario y esa información solo la tiene el gobierno”.

Dijo que tendrá que ser el lunes que contesté al gobierno estos amparos y tengan que dar la información que piden los jueces.

“Aunque ellos digan que ya es un acto consumado, y son varios jueces y pues habla de una viabilidad”.

Recordó además que estuvieron en el diálogo estirando la liga lo más que pudieron y se resolvió el jueves de la semana pasada irnos al amparo.

“En una llamada con el gobierno ya no pudimos tejer lo fino de lo que queríamos. Nosotros pedíamos que se elevará a ley la recaudación de este impuesto y que el 0.2 por ciento se destinará de forma exclusiva para financiar obras y proyectos en materia de Desarrollo Social y 0.1 por ciento en proyectos en materia de seguridad pública. Y era lo que pedían, y lo que publicaron que sería preferentemente y es genérico y no en específico”.

Aseguró que contrataron a especialistas y le presentaron una iniciativa a la gobernadora desde el 11 de noviembre y hay ejemplos en otros.

“Y así como está tan abierto en la ley van a usar ese dinero para pagar deuda pública, así de fácil. Y nosotros vamos a defender que llegue el recurso a los más necesitados”.

El líder empresarial aseguró que aún hay tiempo y van a seguir dialogando.

“Guanajuato es un modelo nacional por la participación ciudadana y esto es lo que se debe de garantizar”.