Una reciente investigación realizada por el diario El País reveló que el Estado mexicano había sido víctima de un desfalco en una llamada Estafa Ponzi, con la cual se obtuvieron 6 mil millones de pesos de dinero público desde hace varios años.
Algunas de las instituciones y dependencias que se vieron afectadas por este fraude son la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Segalmex/Liconsa, y el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública.
La investigación detalla que, en el caso de Aguascalientes, se logró un desfalco de 279 millones de pesos, de los cuales 213 millones se obtuvieron de la UAA, mientras que los otros 66 millones de pesos se entregaron por parte de la FGE.
Desde que esta información se dio a conocer por el mencionado diario, ambas partes iniciaron una investigación, ya que el texto difundido por el diario no establece las fechas en las que ocurrió este fraude.
“Lo que es un hecho es que las autoridades que investigan la estafa dan por perdido todo el dinero”, indica la publicación.
¿Cómo funcionaba la Estafa Ponzi?
La investigación, realizada por Zedryk Raziel, apunta a dos empresarios mexicanos como los responsables de este esquema fraudulento: René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García.
Ambos se dedicaron a convencer a las instituciones y dependencias mexicanas de invertir en su sistema de negocios, a cambio de llamativos rendimientos y pagos en efectivo adicionales.
El esquema consistía en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa representadas por los dos empresarios, sin tener manera de respaldar tales inversiones. Luego, cuando debían pagar las supuestas inversiones, rendimientos y comisiones, de la Vega y Guzmán García acudían a otra institución para ofrecer el mismo modelo y refinanciarse.
La información apunta que este esquema nació durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, y que se mantuvo operando hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El golpe mayor se efectuó en contra del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, por un monto de 3.900 millones de pesos en la compra de los bonos falsos.
Desde el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se invirtieron 610 millones de pesos, mientras que en Segalmex/Liconsa fueron 950 millones.
Por parte del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, se destinaron 302 millones de pesos.
