ESTE AÑO entraron en vigor en México las modificaciones a diversas leyes que tienen como propósito regular la subcontratación de personal, o el outsourcing, como también se le conoce.
Estas reformas implicaron cambios a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR, la Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Reglamentaria.
Sin embargo, para los socios de la firma Diez de Bonilla, Kuri y Asociados, este nuevo marco legal tiene como prioridad le recaudación, además de que en algunos de sus aspectos genera confusión.
“La finalidad es que se regule lo que es una relación de trabajo y la prestación de servicios, y que los impuestos que se generen se tributen conforme con esa estricta naturaleza de una relación de trabajo. El punto es lo mal explicada y lo mal reformada que está, que es de donde provienen muchas interpretaciones incorrectas. Ahí es donde empieza el tema de la problemática de una reforma que sentimos precipitada. Creemos que tiene una buena finalidad en algunos aspectos, pero que no está instrumentada correctamente”, opina Alfredo Kuri, uno de los socios. En México ya se había avanzado en la regulación del llamado outsourcing, pero esto generó que algunas empresas cometieran irregularidades en las que se trastocaron derechos laborales y defraudación fiscal. Pero la actual reforma no soluciona del todo el problema.
“Se vuelve a buscar una nueva redacción, una redacción que, en mi opinión, es más desafortunada que la que existía en 2012, en donde se establece de inicio que toda subcontratación de personal está prohibida y señala que únicamente se permitirán los servicios especializados”, añade Luis Diez de Bonilla.
Aunque la entrada en vigor de estas modificaciones lleva poco tiempo, ya se hicieron evidentes los primeros problemas, como que las empresas no saben si inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).
A LA ESPERA DE RESULTADOS
“Es muy pronto, la reforma acaba de entrar en vigor hace pocos meses. Para el gobierno, para los trabajadores del Estado, entrará en vigor a partir del año que entra, entonces estamos a la espera de resultados. Sin embargo, en nuestra opinión no creo que sean necesariamente resultados favorables en cuanto a un crecimiento económico, mejores prestaciones y mejores ingresos para los trabajadores”, sintetiza Diez de Bonilla.
De hecho, en materia de seguridad para los trabajadores, los socios de la firma coinciden en señalar que la reforma quitó elementos que daban más certidumbre a quienes eran contratados vía outsourcing.
“Era un mito eso de que, porque estuviera en una prestadora, el trabajador no podía reclamar sus derechos a aquel que se estaba beneficiando con los servicios. Esta reforma lo único que hizo fue complicar el ejercicio de un derecho, creyendo que limitándolo o prohibiéndolo le daba más certidumbre”, explica Diez de Bonilla.
No obstante, los especialistas en derecho laboral reconocen que la nueva regulación podrá evitar prácticas como cuando los patrones registraban a sus trabajadores con un salario menor, por ejemplo.
Otro problema que viene con esta reforma recaerá en los tribunales encargados de aplicar la ley, pues podrían resultar insuficientes.
“Necesitamos tener autoridades que sean capaces, y por capaces no me refiero a que no tengan experiencias, sino a que, para el cúmulo de problemática que hay, el número de tribunales y la capacidad del Poder Judicial no tienen esa capacidad”, considera Kuri.
Finalmente, Diez de Bonilla explica que el éxito de las empresas de subcontratación de personal fue la evasión del reparto de utilidades, y es ahí donde se podrían hacer reformas que premien la productividad, pues esta prestación está regulada desde hace mucho tiempo y se otorga con base en la antigüedad del trabajador y su salario.
“El pago de PTU en México no responde a ninguna finalidad de productividad, de premiar la productividad”, finaliza.
JOSÉ ANTONIO DIEZ DE BONILLA ALTAMIRANO: IN MEMORIAM
El 1 de noviembre de 2020 falleció José Antonio Diez de Bonilla Altamirano, uno de los fundadores, hace 36 años, de la firma Diez de Bonilla, Kuri y Asociados.
Diez de Bonilla Altamirano era abogado por la Escuela Libre de Derecho, especializado en derecho laboral y profesor por más de 35 años en la Universidad Anáhuac Campus Norte.
“Me siento muy afortunado de haber contado con él 35 años y un mes, con una gente al 100 por ciento íntegra”, dice Alfredo Kuri, su socio con quien fundó la firma.
“Era una persona que querías estar con él, escucharlo y casi, casi tomar nota de todo lo que dijera, porque era una persona muy sabia, con mucha experiencia de vida”, agrega Luis Diez de Bonilla, abogado e hijo. N
