“LAS LEYES de Ecuador que criminalizan el aborto violan los derechos de las mujeres y las niñas y ponen en riesgo su vida y su salud”, señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este miércoles.
El informe “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?’: El impacto de la criminalización del aborto en Ecuador” documenta las consecuencias perniciosas que ocasionan estas leyes en Ecuador, y que tienen un costo en vidas humanas al aumentar la mortalidad y morbilidad materna, impedir que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales y menoscabar otros esfuerzos más generales orientados a promover la salud sexual y reproductiva.
“Las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, y enfrentan obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad. Las judicializaciones afectan no solo a mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto”, informó HRW.
Ximena Casas, investigadora de derechos de la mujer en HRW, indicó que “la criminalización del aborto no solo afecta la posibilidad de las mujeres y las niñas de acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, sino que también exacerba las desigualdades y la discriminación”.
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“Ecuador debe eliminar todas las sanciones penales en casos de aborto. Como mínimo, debe garantizar el acceso efectivo al aborto en todos los supuestos legales y dejar de judicializar a las mujeres y las niñas que buscan atención médica esencial”.
En Ecuador, el aborto consentido constituye un delito penado con hasta dos años de prisión en el caso de las mujeres que dan su consentimiento para realizarse un aborto, y con entre uno y tres años para los profesionales de la salud que practican un aborto. Solo se contemplan excepciones si la vida y la salud de la persona embarazada están en riesgo, y en todos los casos de violencia sexual, informa la organización internacional.
Human Rights Watch analizó 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019.
El 81 por ciento de ese total eran casos iniciados contra mujeres y niñas, y un número desproporcionado de estos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente. La mayoría eran personas jóvenes —el 12 por ciento eran niñas– y casi todas vivían en condiciones de pobreza. N
