ENERO marcó el mayor número de arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México, en comparación con lo registrado en el mismo mes durante los últimos diez años.
Durante el primer mes de 2021 las autoridades realizaron alrededor de 78,000 arrestos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.
La agencia promedió alrededor de 3,000 arrestos por día en enero y ha encontrado un número creciente de intentos por cruzar la frontera suroeste desde principios de 2021.
“La CBP continúa experimentando un aumento en los intentos de cruces fronterizos mensuales como se vio desde el pasado mes de abril. El repunte parece estar ocurriendo en una pequeña zona a lo largo de la frontera suroeste, lo cual es consistente con las tendencias de años anteriores”, informó el responsable de la oficina, Troy Miller, vía comunicado de prensa, el miércoles.
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Las autoridades fronterizas atribuyen el aumento en los arrestos a la situación de “crimen e inestabilidad” de los países de origen de los migrantes. El deterioro de las condiciones económicas ha provocado un aumento de 6 por ciento en todas las “detenciones, expulsiones y rechazo de admisión” de diciembre a enero, según las estadísticas.
El perfil de mexicanos adultos que viajan solos se duplicó, registrando un aumento de 119 por ciento, desde enero de 2020 hasta enero de 2021.
Los nuevos datos se producen cuando el presidente Joe Biden busca desmantelar las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump. La anterior administración instaló Protocolos de Protección al Migrante (MPP) —mejor conocido como el programa “Permanece en México”— que envía de regreso a su país a decenas de miles de solicitantes de asilo, en tanto esperan que sus casos sean revisados.
El resultado del MPP ha sido la “reincidencia” o repetidos cruces fronterizos, según ha informado la agencia Associated Press. Las estadísticas de la CBP identifican que 38 por ciento de los repatriados llevan múltiples detenciones previas, desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021.
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En septiembre, el Consejo Estadounidense de Inmigración publicó un informe citando una recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades respecto a “prohibir … el ingreso” de individuos cuando existe la amenaza de introducir una enfermedad al país (en referencia al COVID-19), lo que ha justificado la “expulsión” de migrantes.
En su comunicado, la CBP ratificó su compromiso con la orden ejecutiva de Biden sobre inmigración, pues el nuevo presidente instruyó a la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos a revisar los protocolos MPP y la legislación vigente para permitir a los inmigrantes indocumentados, que actualmente viven en el país, gestionar su ciudadanía, con una residencia de ocho años en ese territorio.
“La situación en la frontera no se transformará de la noche a la mañana debido en gran parte al daño causado en los últimos cuatro años”, según un comunicado de la Casa Blanca publicado en enero. Este miércoles agregó que “necesita tiempo” para implementar un “proceso y sistema integral” en la frontera suroeste.
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“Ahora no es el momento de venir y la gran mayoría de la gente será rechazada”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa. “Los procesos de asilo en la frontera no se producirán de inmediato. Llevará tiempo implementarlos”.
Los conservadores ya han rechazado el objetivo de Biden de revocar las políticas de inmigración de Trump. Sin embargo, la urgencia de cruzar la frontera está más presente que nunca.
El World Politics Review informó que la creciente “agitación” en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras ha acrecentado la violencia y la angustia económica, lo que ha llevado a los ciudadanos a buscar empleo y seguridad en Estados Unidos. N
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
