UN GRUPO de jóvenes artistas cubanos atrincherados desde hace diez días en una casa del centro histórico de La Habana fueron desalojados por la policía esta noche.
Los miembros del Movimiento San Isidro fueron desalojados por la fuerza “y desconocemos su paradero”, denunciaron activistas en las redes sociales.
“Tememos por su integridad física”, dijo un activista en la cuenta de Twitter del Movimiento.
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“Mientras el régimen de (el presidente Miguel) @DiazCanelB bloqueaba todas las redes sociales en Cuba, sus agentes violentos irrumpieron en @Mov_sanisidro y se llevaron a todas las personas que se encontraban en acto de protesta en contra de la represión”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América Latina para Amnistía Internacional en su cuenta de Twitter.
“Exigimos su liberación y respeto a los derechos humanos”, enfatizó.
Alrededor de 14 personas permanecían en el lugar, seis de ellos en huelga de hambre desde hace varios días, en demanda de libertad de un miembro del grupo, el cantante de rap Denis Solís, arrestado el 9 de noviembre y condenado a ocho meses de prisión por “desacato” a la autoridad.
Los líderes del movimiento son el artista Luis Manuel Otero (32 años), encarcelado 12 días en marzo por usar de forma denigrante, según las autoridades, la bandera cubana en una performance, y el rapero Maykel (Osorbo) Castillo (37), condenado en 2018 a un año de prisión por “atentar contra la autoridad”, ambos en huelga de hambre.
El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, colaborador de los diarios estadounidenses The Washington Posty The New York Times, se unió a la protesta el martes tras llegar a Cuba.
Diversas organizaciones internacionales, así como importantes figuras del gobierno de Estados Unidos y otros países, manifestaron su preocupación por los huelguistas en los últimos días.
Los medios oficiales cubanos han deslegitimado la protesta acusándola de “farsa” y a los autores, de “mercenarios” de Estados Unidos.
El blog oficialista Razones de Cuba dijo que Álvarez no guardó el aislamiento obligatorio para los viajeros que llegan al país por la covid-19 e incurrió en el delito de “propagación de epidemia”, lo que “obligó a una actuación inmediata de las personas que se encontraban en el lugar”.
Añadió que una vez que se verifique el estado de salud “volverán a sus domicilios de no constituir riesgos”.
Activistas cercanos al grupo confirmaron a la medianoche la liberación y retorno a su lugar de la mayoría de los detenidos.
