La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) denunció penalmente al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz, por la toma ilícita de la caseta de cobro ubicada en la carretera Tijuana-Playas de Rosarito.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 7 de julio, acusando al gobernador y al fiscal estatal de liderar a un grupo de aproximadamente 80 personas para liberar de peaje este tramo carretero, según una copia de la denuncia a la que Newsweek Baja California tuvo acceso.
Ese mismo día, Bonilla firmó un decreto para traspasar la concesión de la autopista federal al gobierno del estado, pero la SCT respondió que éste era ilícito porque violaba la Constitución y diversas leyes federales.
La secretaría también informó en un comunicado que procedería legalmente “por daño, interrupción y deterioro de los servicios que operan en las mismas”.
Horas más tarde recuperó el control de esa caseta con el apoyo de la Guardia Nacional, la Marina y la Armada de México.
Ciudadanos que apoyaron el decreto estatal se manifestaron y algunos fueron golpeados y detenidos el jueves 9 de julio.
“No era necesario esta rudeza, ellos tienen derecho de protestar porque su gobernador ya había decretado esa decisión… La Secretaría de Comunicaciones, cobardemente, usó a la Guardia Nacional. Y la Guardia cobardemente se prestó para eso”, dijo Bonilla en transmisión vía Facebook.
El problema es que el gobernador se dio atribuciones que no le corresponden, explicó el investigador de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Vicente Sánchez Munguía.
“Ni el presidente de la república pudiera hacerlo, tienen que ver con legislaciones y reglamentos que se resuelven en el Congreso de la Unión”, comentó.
En México no hay antecedentes que marquen la posibilidad de dar reversa a la concesión de una carretera, según Vicente Sánchez.
Al contrario, se amplían los plazos por falta de recursos para mantenimiento e infraestructura, agregó.
Aunque la concesión que está a nombre de Caminos y Puentes (CAPUFE) hubiera sido desincorporada, iba a continuar siendo una propiedad federal, explicó el investigador.
“Bonilla quiso hacer dos actos al mismo tiempo de manera arbitraria”, dijo.
Pero el gobernador no aceptó responsabilidad y culpó al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, asegurando que éste ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la caseta de cuota.
“El Presidente debe pedir la renuncia del secretario de comunicaciones”, solicitó Bonilla.
Sin embargo, la Ley de la Guardia Nacional establece que esta fuerza armada opera solo por instrucciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, de un comandante y de coordinadores.
También precisa que la Guardia Nacional debe intervenir en casos como el de la caseta de cobro en el tramo carretero de Tijuana-Playas de Rosarito.
Según la ley citada, la GN debe colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección. Además debe prevenir la comisión de delitos en carreteras federales.
