El personal administrativo de la Secretaría de Salud, considerados dentro de las áreas prioritarias dentro de la contingencia provocada por el Covid-19, fueron desalojados del edificio del Ex Hospicio y confinados a edificios abandonados donde laboran en condiciones de hacinamiento, suciedad, plagas y sin servicios de agua, luz e internet, luego de la improvisada decisión de transformar las oficinas de la sede para acondicionar la Universidad de la Salud.

Al menos 170 empleados, así como mobiliario y archivos, pertenecientes a departamentos que administran, controlan y surten medicamentos, recursos materiales, insumos, vigilancia y limpieza a hospitales y clínicas, fueron sometidos a una mudanza obligada e improvisada en plena contingencia, cuando el trabajo estaba a “tope” para hacerlos ocupar un reducido espacio que dificulta que se guarde la distancia establecida de un metro al menos entre un trabajador y otro.

Tras la presentación del memorándum con calidad de “urgente” de Alejandro Leonardo García Franco, encargado de despacho de la Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión, que les solicitó liberar el espacio, el traslado se concretó en menos de una semana sin un proyecto viable de reacomodo de oficinas y archivo para la reubicación del personal del Ex Hospicio a los inmuebles abandonados y con daños estructurales.

En los oficios D.G/ 095/ 2020 y D.G /096/ 2020 firmados por el Secretario de Salud, Humberto Uribe Téllez, y el Secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, se señaló la reubicación del personal del Ex Hospicio al inmueble en la avenida Reforma 710 (Casa del Niño) y calle 3 Poniente, colonia Centro.

Así, empleados de la Dirección de Operaciones Medicas de Abasto y Mantenimiento de Equipo Electromecánicos, la Subdirección de Enseñanza, el área de Construcción e Infraestructura, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Recursos Materiales abandonaron sus oficinas sin que existiera un plan que señalara o ubicara las necesidades de acondicionamiento de los inmuebles. Inconformes señalan que los inmuebles a ocupar -el ubicado en la avenida Reforma 710- consta en los oficios DGPC/8848/2017 y DGPC/10641/2017 de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, que determinan que algunas áreas del inmueble no son aptas para su uso, dados los daños estructurales que se agravaron tras el sismo de septiembre del 2017 y que no han tenido atención, según testimonios recabados en este diario.

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Así como los inmuebles de la calle 3 Poniente y 3 Sur y el de 2 Poniente y 7 Norte en colonia Centro que también estaban abandonados por recomendación de expertos. La falta de programación y logística en el proyecto de mudanza improvisado es evidente en el acomodo de documentación importante en el piso y cuarto de baño sobre el inodoro, al ser insuficiente el espacio en escritorios y sillas donde el personal tiene laborar procurándose espacio para su labor diaria entre cajas que les rodean.

Parte del archivo fue enviado a la ex fábrica de La Constancia, lo que dificulta la tarea de consulta, que es considerada una preocupación menor cuando no hay luz y agua en los inmuebles para sacar adelante la jornada diaria que se cumple por personal que no cuenta con puertas en los baños, conexión a internet ni copiadoras o impresoras.

“Estamos trabajando en un edificio que tiene humedad, entre plagas de cucarachas, la mudanza se hizo en una semana, no acondicionaron el lugar, no fumigaron, pero tampoco hay luz, se han tenido que traer lámparas. No hay internet. Nos hace falta lo más básico, no hay cortinas y hay departamentos que tienen baños sin mamparas”, señala un testimonio que consta en esta casa editorial.

Testimonios recogidos señalan que cada día el personal tiene que solicitar a vecinos agua para lavarse las manos en muebles de baños deteriorados con lo que intenta esquivar los riesgos de contagios del Covid 19. En las narrativas de denuncia se señala que había sido difundida información de una posible mudanza y que se había solicitado una prórroga para el desalojo del edificio.

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“Sabíamos que la secretaría de Bienes Inmuebles fue enterado de que no podría mudarse un edificio en una semana, se había pedido una prórroga que fue ignorada, en los primeros días de abril llegó personal con la sentencia ‘ya están los cargadores para que comience la mudanza, así que saquen sus cosas’”.

“Creemos que había otros espacios dignos que podíamos ocupar… no entendemos estas decisiones que sólo entorpecen tareas que en estas semanas son prioritarias para que todo marche en beneficio de todos”, coincidieron trabajadores que pidieron la gracia del anonimato por temor a futuras represalias.

Mudanza, en el peor momento: Sntsa

La delegada de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Patricia Parra Maldonado, aseguró no contar con toda la información del cambio de sede para los trabajadores, sin embargo, aseguró que éste sería el peor momento para decidir una mudanza de este tipo.

Parra Maldonado dijo reconocer la inconformidad de parte de trabajadores que denunciaron las condiciones laborales a las que han sido sometidos, de manera repentina y sin los protocolos necesarios para garantizar su salud y bienestar.

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La delegada de SNTSA mencionó que hasta éste momento el único aviso con el que cuenta es que el inmueble que ocupaban trabajadores de la SSA, será ocupado por la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP).

A principio de año, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta habría anunciado el proyecto con el lema “Un Pueblo Sano, Hace una Nación Vigorosa”, y prometió que arrancaría con una matrícula inicial de 400 alumnos para Medicina y de 200 estudiantes para Enfermería.

Habitan un edificio enfermo

Trabajadores que fueron alojados en el inmueble ubicado en Reforma 710, específicamente en la manzana comprendida por las calles Avenida Reforma 7 Norte, Calle 2 Poniente y 9 Norte, aseguraron que conocen dictámenes que señalan que el inmueble no es factible para su uso, incluso fue desocupado por existir espacios por el riesgo y por presentar vulnerabilidad la integridad del inmueble.

Datos hemerográficos del inmueble señalan que en el estado del edificio se documentó desgaste, deterioro u obsolescencia física, el inmueble no está en condiciones para que se preste el servicio público o para su óptimo aprovechamiento pues no cumple con los criterios de seguridad necesarios, para ser aprovechado en su totalidad.

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La pasada Legislatura se dejó pendiente la aprobación de la enajenación de este inmueble, luego que el gobierno estatal le solicitara, pues resultaba más costoso reparar los daños que se recrudecieron tras el sismo -de septiembre de 2017- que venderlo.

Arquitectos y peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que fueron consultados por este medio aseguraron desconocer los proyectos de restauración del edificio. El director del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Ambrosio Guzmán, se negó a una entrevista sobre el tema con este medio.

Con información de Diario Puntual