Este martes se retomó la audiencia inicial del proceso jurídico que se sigue en contra del ex director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, a quien se le vinculó a proceso por su participación en el delito de ejercicio indebido de la función pública, por la presunta contratación irregular del despacho del abogado, Juan Collado, para la realización de servicios profesionales de litigio en el juicio contra la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen (UNACAR), por un monto de 7 millones de pesos.

El juez de Control y Oralidad Penal, Jesús Eduardo Méndez, desechó la propuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE), que solicitaba la prisión preventiva justificada para el ex funcionario estatal, argumentando que llevar el proceso en libertad podría significar una oportunidad para sustraerse de la justicia y obstaculizar el cauce de las investigaciones.

No obstante, sí determinó otras medidas cautelares como la presentación periódica –cada 15 días- ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares para acudir a estampar su firma, el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, la prohibición para evitar salir del país así como la prohibición para ingresar al Instituto de Educación de Aguascalientes o a los testigos.

El 17 de septiembre, el mismo juez había resuelto el Auto de no vinculación a proceso en contra de Chávez Rangel, al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos que se imputaban, acción que fue apelada por la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

La semana pasada, la magistrada especializada en el Sistema Penal Acusatorio resolvió revocar el Auto de no vinculación, ya que la resolución del juez no fue lo suficientemente exhaustiva en el análisis de las evidencias presentadas por la defensa legal del imputado, por lo que ordenó que se retomara la audiencia inicial para la vinculación a proceso y la determinación de las medidas cautelares.

Fiscalía buscó llevar a prisión a ex director del IEA

La audiencia de medidas cautelares y de plazo de cierre de investigación inició pasadas las 10:30 a.m. de este martes. El ex director general del IEA se presentó a los juzgados con una nueva defensa legal, encabezada por el abogado José Pilar Tovar Delgado, luego de revocar la participación de su anterior buffete jurídico, liderado por Julio Serna Ventura.

Al inicio de la audiencia, los representantes de la Fiscalía General del Estado propusieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que Chávez Rangel podría evadir a la justicia u obstaculizar el desarrollo de las investigaciones en caso de llevar el proceso en libertad.

Como pruebas, la fiscalía mostró documentación que acreditaba la propiedad de dos domicilios por parte del ex funcionario estatal: una vivienda ubicada en la calle Mezquite del Fracc. Campestre y una más en la calle Recinto Viñedos en el Fracc. Pulgas Pandas Sur.

El primero de ellos es rentado, y tras varias visitas de agentes ministeriales no se logró ubicar a Chávez Rangel en dicho domicilio. Testigos que fueron entrevistados en los alrededores de la vivienda dijeron desconocer la propiedad a favor del ex funcionario, mientras que trabajadores del lugar sí aceptaron laborar para él, pero desconociendo las fechas en las que se encontraba en la misma, debido a que solía viajar a otros estados para trabajar.

Uno de ellos, afirmó que Chávez Rangel trabajaba como consultor educativo en Guadalajara, Jalisco, y que únicamente regresaba a Aguascalientes durante los fines de semana.

Más tarde, el propio ex director del IEA reconoció dicho antecedente laboral, agregando que percibía hasta 60 mil pesos mensuales hasta antes del inicio del proceso jurídico en su contra, cuando renunció a ese cargo para enfocarse de tiempo completo a la defensa de su caso.

En relación a la segunda propiedad en el Fracc. Pulgas Pandas Sur, se informó que esta es rentada a una familia de origen japonés, por un valor de 16 mil pesos mensuales.

Asimismo, la fiscalía señaló que al tener un registro de cinco viajes al extranjero desde abril de 2018 a junio de 2019, y contar con su pasaporte vigente, Chávez Rangel podría salir del país y evadir la justicia, argumento que más tarde fue refutado por la defensa legal, logrando que sólo se prohibiera su salida del país y no a otros estados, de modo que podría seguir laborando en actividades fuera de Aguascalientes mientras se lleva el proceso en libertad.

La parte defensora argumentó además que la prisión preventiva justificada no tenía razón de ser en el caso, ya que se debería aplicar las medidas cautelares que tuvieran una menor lesividad y que respetaran en la medida de lo posible la presunción de inocencia, máxime en un caso que fue revocado por un tribunal superior.

Asimismo, presentaron argumentos válidos en torno al arraigo del imputado en el estado de Aguascalientes, mencionando que desde hace 14 años lleva a cabo su vida habitual en la entidad, a pesar de ser originario de Monterrey, Nuevo León, en donde radica su familia. A ello, se le sumaron sus antecedentes políticos y de cargos públicos que ostentó en la anterior administración estatal, del priísta Carlos Lozano de la Torre.

Otro aspecto que fue mencionado en la audiencia, fue la declaración contradictoria de dos testigos, que aportaron información diferente en sus testimonios a los agentes del ministerio público y a la agente investigadora, Blanca Esthela Ocaña Atilano, contratada por la anterior defensa legal del imputado, cuyos datos presentaban variaciones en torno a la residencia de Chávez Rangel en la vivienda del Fracc. Campestre.

Al respecto, la fiscalía acusaba al propio ex funcionario estatal de haber influido en las declaraciones de los testigos, aunque el juez desestimó las pruebas presentadas, sin determinar tampoco la veracidad de los datos aportados por la defensa.

Finalmente, tras el análisis de los señalamientos vertidos por la parte acusadora y la defensa legal se resolvió la imposición de las medidas cautelares de la presentación periódica –cada 15 días- ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares para acudir a estampar su firma, la prohibición para evitar salir del país así como la prohibición para ingresar al Instituto de Educación de Aguascalientes o a los testigos y el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, cuyo monto pretendía la fiscalía que fuera de 2 millones de pesos, pero que fue ajustada por el juez por petición de la defensa legal que consideró dicho monto como “exorbitante”.

El cierre de la investigación complementaria fue fijado para los próximos cuatro meses, por lo que el plazo fenece el 23 de abril de 2020.