Como parte de las estrategias conjuntas de la Iniciativa Mérida, entre Estados Unidos y México, se analiza la conformación de un banco nacional de codificaciones genéticas, denominado Sistema de Índice de ADN Combinado o CODIS, mediante el cual todas las fiscalías y procuradurías de justicia estatales tendrían que enviar las muestras codificadas del ADN de cadáveres de personas o de personas desaparecidas, para favorecer su rápida identificación a partir de muestras de sangre o saliva.
El proyecto fue presentado en Estados Unidos a los fiscales de Aguascalientes, Sonora, Chihuahua y Tabasco, quiénes serán los encargados de socializar y permear el CODIS a sus homólogos de los demás estados de la República.
El director de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado, Jorge Sosa Medina, señaló que el banco genético dependerá de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que recibiría las muestras genéticas y la información de las víctimas de crímenes violentos y de personas que se encuentren en calidad de desaparecidas, con lo que se podrían agilizar los procesos de identificación y antecedentes
Agregó que en la actualidad hay entidades de la República que están muy avanzadas en sus protocolos de manejo de cadáveres e identificación de personas a partir del trabajo de sus laboratorios genéticos, aunque también hay estados en donde dichos procesos suelen ser muy lentos, lo que se convierte en un obstáculo para la procuración de justicia.
“Con el CODIS todos los estados tendremos que mandar todas las codificaciones genéticas a un estado central, que es la FGR, pero todos los estados, ahorita sólo son los estados que tienen laboratorio genético, pero con esta codificación CODIS, quieren que todos los estados manden los datos a un banco genético central”, aseveró.
Para llevar a cabo la implementación del CODIS, todas las áreas de procuración de justicia de las 32 entidades deberán contar con un laboratorio genético con acreditación mundial, que permita garantizar la calidad de las muestras de ADN y de los procesos de identificación y certeza de los resultados.
En la actualidad, sólo 16 de los 32 estados del país cuentan con un laboratorio genético, y de ellos sólo ocho están acreditados mundialmente, destacando los casos de Aguascalientes, Sonora, Puebla, Baja California Sur, Jalisco, entre otros.
La aplicación del CODIS demandaría una mayor cantidad de recursos económicos en las entidades que no cuentan con laboratorio genético, o que no cuente con acreditación internacional.
Asimismo, se tendrían que modificar legislaciones estatales y federales relativas a la protección de datos personales, ya que a partir de las codificaciones genéticas de las personas se podría tener acceso a información tal como el nombre, domicilio, padecimientos de salud y demás datos personales que podrían afectar la integridad de las personas o de sus familiares.
“Con esta herramienta podremos saber si viene una persona a querer reconocer un cuerpo en el forense, le toman la muestra y ya se sabría su identificación genética, pero puede que a las personas no les guste que se sepa esa información, entonces se tendrían que reformar algunas leyes en materia de datos personales, y también se tendría que presentar el proyecto ante mórtem y post mórtem, y ahí viene su nombre, su domicilio, ahí viene toda la información de la persona”.
Cabe mencionar que la capacitación del personal pericial de las fiscalías y procuradurías de justicia de los estados sería financiada por la Iniciativa Mérida, por lo que el único presupuesto a destinarse sería para el mantenimiento de los laboratorios de genética, añadió el director de Investigación Pericial.
“Ya de aquí van a empezar los fiscales a hacer reuniones frecuentes para ver cómo se hace esa base de datos, estamos en el proceso de cabildeo, incluso se tendrán que ver estos temas a nivel ejecutivo entre ambos países”, agregó Sosa Medina.
La Iniciativa Mérida fue establecida en el año 2008, por los gobiernos de México y Estados Unidos, a partir de la cual se podrían emprender estrategias y acciones conjuntas para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas en ambos países.
Desde entonces, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la otorgación de 2.3 mil millones de dólares a autoridades mexicanas, de las que hasta el día de hoy se han ejercido alrededor de 1.6 mil millones de dólares, principalmente en equipo, capacitaciones y entrenamiento, según indica la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México en su página de internet.
