Unos 600,000 rohinyás que permanecen en Birmania viven bajo la amenaza de un “genocidio” que hace “imposible” el regreso de los refugiados, advirtieron este lunes investigadores de la ONU, que pidieron que el país asiático sea llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En un informe, la misión de determinación de los hechos de la ONU, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2017, subraya que Birmania ratificó la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948, e insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a llevar el caso ante la CPI o a crear un tribunal especial para el caso, como los de la ex-Yugoslavia o Ruanda.
Los investigadores afirman haber confeccionado una lista confidencial de 100 nombres (además de los seis generales ya identificados en un informe anterior) de sospechosos de haber participado en casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU haya instado en varias ocasiones a Birmania a cesar las operaciones militares y a permitir el regreso de los rohinyás, sus iniciativas han tropezado con China, primer apoyo de Birmania y miembro permanente del Consejo, con derecho a veto.
Huida
Unos 740,000 rohinyás huyeron del Estado birmano de Rakáin en agosto de 2017, tras una operación de represión del ejército en ese país, de mayoría budista.
Familias enteras se sumaron en condiciones muy difíciles a los 200,000 refugiados víctimas de persecuciones y ya instalados en campos del otro lado de la frontera, en Bangladés.
El año pasado, los investigadores de la ONU exigieron que se abran diligencias contra los principales generales, incluido el comandante en jefe del ejército, Min Aung Hlaing, por “genocidio”.
En el nuevo informe, que será presentado el martes ante el Consejo, aseguran tener “motivos razonables para concluir que los elementos de prueba que permiten deducir la intención de genocidio del Estado […] se reforzaron” desde el año pasado y que “existe un riesgo serio de que actos de genocidio puedan producirse o reproducirse”.
“Intenciones genocidas”
Según los investigadores de la ONU, que no fueron autorizados a visitar el lugar, “Birmania sigue cometiendo crímenes contra la humanidad […] contra la población rohinyá”.
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Los investigadores entregarán sus conclusiones a un nuevo equipo de la ONU encargado de preparar casos de procedimientos penales.
“Los 600,000 rohinyás que siguen en Birmania son perseguidos de forma sistemática y viven bajo la amenaza de un genocidio”, mientras que sus condiciones de vida “lamentables” se degradaron en el último año, según los investigadores de la ONU, que ven “imposible” el retorno de los refugiados rohinyás.
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Son varios los elementos que llevaron a los investigadores a concluir que “el gobierno sigue teniendo intenciones genocidas”, como la privación de tierras o de alimentos, las restricciones a la circulación impuestas a los rohinyás o la negativa a dejar que se beneficien de ayuda humanitaria.
“En lugar de presentar acusaciones parciales, deberían visitar el lugar para ver la realidad”, reaccionó ante la AFP un portavoz del ejército birmano, Zaw Min Tun.
