Decenas de pacientes oncológicos que se atienden en los hospitales del IMSS en Aguascalientes se encuentran en riesgo de graves afectaciones a la salud, las cuales incluso podrían comprometer la vida, según se desprende de indagaciones realizadas por integrantes de la organización VIHDHA, dio a conocer su director, Marco Antonio García Robles.
El activista señaló que al dar seguimiento al tratamiento de una beneficiaria de la asociación civil, el médico especialista en cáncer ordenó que se le brindara radioterapia conformacional, para lo cual recibió una solicitud de subrogación a una clínica privada de la ciudad, donde hubo una consulta previa y la indicación de que se darían 20 sesiones en el acelerador lineal, tras la tomografía respectiva y la sesión de planeación. Días después, los directivos del Hospital General de Zona 3 emitieron otro documento para que la atención se brindara en el Hospital Hidalgo (HH), del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Tras los trámites respectivos, el personal médico del HH dio el visto bueno para realizar el tratamiento de radioterapia con la bomba de cobalto que se encuentra en las antiguas instalaciones del nosocomio, por lo que se procedió a la sesión de planeación, así como a la primera sesión de radioterapia. Al enterar de ello al médico oncólogo que lleva el caso, sugirió que no se prosiguiera dicho tratamiento, al advertir que traería efectos adversos a la paciente, por el tipo de tumor y los antecedentes clínicos.
De manera independiente, García Robles consultó a especialistas externos y fuentes científicas sobre el tema, con la conclusión de que la tecnología de radiación por cobalto es prácticamente obsoleta, e, incluso, muchos países han reemplazado estos equipos desde hace más de veinte años, pues los actuales equipos brindan mayor precisión en el tratamiento y disminuyen los riesgos secundarios, tales como la aparición de cánceres secundarios o daños en los órganos adyacentes a los tumores a combatir.
Uno de los riesgos más comunes, explicó el director de VIHDHA -asociación que trabaja principalmente en cuestiones de VIH, derechos humanos y diversidad sexual-, es que no se proporcione el nivel adecuado de radiación a las personas con cáncer, pues el rápido desgaste de la fuente radioactiva requiere calibraciones frecuentes o incrementos en el tiempo de exposición, lo que aumenta la imprecisión del tratamiento, a veces llegando a consecuencias letales.
“Francamente es irresponsable que el IMSS pague servicios de dudosa eficacia a la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes” advirtió Marco García Robles, al señalar que el propio director del Hospital Hidalgo reconoció hace dos años que el equipo de radioterapia con el que cuentan “prácticamente ha concluido su vida útil”. Añadió que si bien es cierto que se ha anunciado la construcción del “búnker” donde se colocaría un nuevo acelerador lineal, se debe detener la operación de la antigua bomba de cobalto, ya que su ineficacia constituiría un engaño y el uso inadecuado podría tener consecuencias graves a la salud de las y los pacientes.
Por indagaciones extraoficiales con personal de salud y pacientes oncológicos, el investigador social estimó en más de cincuenta casos los tratamientos de radioterapia que el Hospital Hidalgo ha brindado a derechohabientes del Seguro Social, aún en contra de las indicaciones de los especialistas del propio IMSS, institución que sí cuenta con los convenios respectivos de subrogación con clínicas particulares de atención especializada de cáncer, por lo que solo queda como conclusión, “que los directivos del Hospital 3, con sede en Jesús María, quieren ahorrarse el presupuesto”, opinó.
Marco García Robles exigió que la Delegación local del IMSS y el nuevo titular del ISSEA tomen cartas en el asunto, pues en materia médica “no pueden escatimarse recursos, ya que es un derecho constitucional ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los habitantes de México deben tener acceso al nivel máximo de salud posible”. De igual forma, se dijo extrañado de que no se canalice a las personas con cáncer a otros centros del propio Seguro Social, pues desde el año pasado anunciaron la compra de varios aceleradores lineales para atender diferentes tipos de tumores.
Por último, García Robles adelantó que ya realiza consultas con un equipo jurídico para evaluar la presentación de denuncias por varias vías, ya que la situación expuesta “podría derivar en decenas de casos de negligencia médica y responsabilidad administrativa que podría llegar incluso a lo penal, aunque los pacientes hayan firmado los formatos de consentimiento informado sobre los posibles efectos del tratamiento”.
