La desaparición forzada alcanzó niveles históricos en tres entidades del Bajío durante 2017. Desde el año 2000 se han reportado más de mil casos en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, de los cuales, más de 70% ocurrieron en los últimos seis años
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en estos tres estados, de 2000 a 2018 hay un registro de 999 personas desaparecidas que son investigadas en el fuero común. De estos casos, 604 ocurrieron en Guanajuato, 299 en Querétaro y 96 en San Luis Potosí.
Asimismo, hay 15 desapariciones que son investigadas en el fuero federal: ocho de ellas en San Luis Potosí, seis en Guanajuato y una en Querétaro. Cabe señalar que de 2000 a 2006 solamente se tiene registro de ocho personas desaparecidas (cuatro en Querétaro, tres en Guanajuato y una en San Luis Potosí).
Cabe señalar que 77% de los desaparecidos son hombres y 41% de ellos tenían entre 15 y 28 años al momento de su desaparición, lo cual muestra de la vulnerabilidad juvenil ante esta problemática.
GUANAJUATO, EL CASO MÁS GRAVE
Los niveles actuales de inseguridad y violencia en esta entidad son los más altos de su historia. Un claro ejemplo de la gravedad de la situación es que durante el primer bimestre de 2018 hubo 282 víctimas de homicidio por arma de fuego en el estado, por lo que ocupó el primer lugar a nivel nacional en este delito.
La desaparición de personas en Guanajuato es también síntoma de esta situación de violencia por la que atraviesa el estado, con 604 casos de personas desaparecidas en los últimos 18 años (investigadas en el fuero común) con una alarmante proporción de 80.7% registrados durante los últimos seis años.
Y fue el año pasado, 2017, en el que hubo mayor número de desapariciones, con 188 casos, lo que significa que 31% de las personas desaparecidas en los últimos 18 años fueron vistas por última vez hace apenas un año.
NO SE QUEDAN ATRÁS
Querétaro y San Luis Potosí, de acuerdo con el SESNSP, tienen 299 y 96 registros de personas desaparecidas, respectivamente, cuyos casos se investigan en el fuero común.
En Querétaro ocho de cada 10 casos ocurrieron durante el último sexenio y 2017 se registraron 90 casos, es decir 30% del total.
A diferencia de Guanajuato y Querétaro, en San Luis Potosí 81% de los casos fueron de 2006 a 2012, con el mayor registro en 2010, cuando ocurrieron 44 de ellos, lo que significa que 45% de las personas que fueron vistas por última vez en esta entidad desaparecieron ese año.
MUNICIPIOS PELIGROSOS
En números absolutos, los municipios (de las tres entidades) con mayor incidencia de esta problemática son: Querétaro, en la cual, del año 2000 al primer bimestre de 2018 hubo 168 personas desaparecidas; le sigue Celaya, con 89 registros; León, con 78 registros; San Luis Potosí, con 54; y San Juan del Río, con 46.
Dentro de la lista de los 10 municipios en los que más registraron personas desaparecidas, destaca que siete corresponden al estado de Guanajuato: Celaya, León, Pénjamo, San Miguel de Allende, Irapuato, Guanajuato y Apaseo el Alto.
SEMBRAR TERROR EN LA SOCIEDAD
La desaparición forzada es un problema a nivel mundial que en un principio se relacionaba con regímenes caracterizados por ser dictaduras militares, en los cuales se utilizaba la desaparición de personas como estrategia para infundir el terror entre los ciudadanos.
Sin embargo, en la actualidad la desaparición forzada ya no es producto solamente de dictaduras militares, sino que hoy sucede en situaciones de conflicto interno, muchas veces por intentar reprimir a la oposición y tiene como objetivo sembrar el terror en la sociedad.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en 2010, define a la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
En nuestro país, a más de diez años del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico”, el 17 de noviembre de 2017, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual establece penas de hasta 60 años de prisión a quien cometa este delito.
