Una mirada al drama de una familia lastimada por la violencia feminicida y la impunidad.

Una vasija de barro, colocada al pie de las fotos de Alondra, contiene las cartas que todavía le escribe su madre. Redacta y sustituye una por otra. Siempre le cuenta, la piensa. Tiene el cuidado que del recuerdo de su niña, de ese, no se le despoje.

En el pequeño altar montado en su casa, Nancy también arrima guisados y postres para su hija, que permanecen por tantos días como los insectos lo permitan. Veladoras y santos  de yeso también se mezclan para apaciguar el duelo por Alondra González, de 19 años, asesinada en marzo de 2017 por su ex pareja, a días de dar a luz.

“Dicen que el tiempo… No, no es cierto. Para uno de madre que pierde a un hijo, cada día, cada fecha, cada cumpleaños, cada santo, pesa. Es inevitable tanto dolor”, dice Nancy. Se duele.

La historia oficial registra 161 feminicidios en el estado desde 2012, cuando el delito fue tipificado. Además de la pérdida, la familia de la víctima vive una reorganización emocional y económica tras el crimen. El hogar de origen es reestructurado para responsabilizarse por los menores que sobreviven y fracciona su tiempo útil para aportar al seguimiento institucional del delito, impune en el 88.3 ciento de los casos, según el cruce de datos entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ).

Nueva… ¿vida?

Nancy Arias acomoda su bolsa y la canastilla con chocolates. Todavía le falta recorrer varias calles para hallar compradores. Además debe hacerlo entre prisas, que el estiaje le derrite el producto.

Era una microempresaria de producto artesanal en Puerto Vallarta. Después del asesinato, se fue descapitalizando y perdió el negocio. Ahora su mayor apoyo es el comercio del dulce para mantener a los dos bebés de Alondra, Estefan y Jennifer, que cuida desde el día del asesinato. Pañales y fórmula láctea son la nueva prioridad de su presupuesto.

El Gobierno del Estado implementó desde 2017 el “Programa de Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Víctimas de Feminicidio o Parricidio”, con el que se otorgan 3 mil pesos bimestrales a los menores. Es decir, 43 por ciento menos de un salario mínimo por día. Pero desde noviembre, Nancy no ha recibido ninguna ministración.

En ese contexto regresó a su casa materna, para salvar el pago de una renta. Quiere mudarse en cuanto le sea posible y que el entorno ya no revictimice a sus nietos: la abuela de Alondra, Rafaela, corrobora que el feminicidio de su familia se cuenta como ejemplo de advertencia para las jovencitas de la Colonia Lomas del Tepeyac, en San Pedro Tlaquepaque, donde residen.

Modestos negocios barriales y vivienda popular pueblan el área. Talleres y sencillos trabajos de herrería definen la propiedad privada en las fincas, asentadas en la proximidad del Cerro del Cuatro.

La casa de Rafaela es la que al ingreso anuncia “venta de raspados”. Para ser despachado hay que subir la escalera porque arriba, la mujer también está cuidando a su bisnieta, Jennifer, hija de Alondra. La bebé es definitivamente menudita pero aun así, cansa el cuerpo de su bisabuela que ya no soporta mucho tiempo de pie.

“La cuido con todo el corazón. Pero ya tendría que estar disfrutando mi vejez”, comenta.

La pequeña es asustadiza aunque siempre ha sido acogida. Después del asesinato de su madre, las vecinas se turnaban para amamantarla. La hermana mayor de Alondra, Jocelyn, también ayudó hasta que la preocupación por la muerte de su hermana —piensa — le afectó la lactancia.

De pie junto al altar, Jocelyn mira las fotos de la joven. Ella perdió a su amiga, la que le enseñó a conducir, la de las riñas fraternas.

La ex pareja de Alondra, Giovanni Vázquez Barajas, se relacionó inicialmente en el círculo de Jocelyn. Compartían vecindad de años atrás, él desde la Colonia Nueva Santa María, asentada al otro lado de la Avenida 8 de Julio.

La Colonia Nueva Santa María es, también, una de las cinco en la que se desarrollan las relaciones sentimentales con mayor violencia en el municipio, según un estudio derivado del proyecto “Construyendo esfuerzos por la igualdad entre mujeres y hombres en Jalisco”, encabezado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), en el 2016.

Alondra además tenía otras dos hermanas. Crecieron sólo con su madre, después de que en un episodio de violencia paterna huyeron para protegerse.

“Ella me decía que yo era su guerrera. Eso me hecho estar en pie, andar en chinga buscando una cosa, otra. Híjole, porque si no, ya me habría doblado”, dice Nancy.

También lleva el juicio por la custodia de los bebés. Eso tampoco se le ha resuelto. De Estefan, el hijo de dos años de Alondra, le argumentan la corta edad para aplicarle una prueba pericial psicológica que apoye el caso.

Antes del dictamen profesional, la familia ya reconoce una afectación en el pequeño. Una de las lonas con las que han reclamado públicamente “justicia para Alondra” tiene que permanecer lejos de su vista, porque al observar a su mamá en esa dimensión se lastima a sí mismo, traumatizado por los detalles del crimen que atestiguó.

“Cuando nos lo trajeron se pegaba, se aventaba para atrás y nos metía unos pellizcones. No le podíamos detener el llanto”, afirma Jocelyn, “(todavía hoy) cuando en un programa pasan algo en que lastiman a una mujer, le empieza a pegar a la tele y dice ‘que le apaguen’, ‘que le apaguen’”.

Con el paso de los días, el pequeño tiene mejores noches, a diferencia de su abuela Nancy que padece insomnio, en evidencia de sus agobios: el más lacerante es la orden de aprehensión pendiente de Giovanni que la FGEJ obtuvo y tiene un año sin cumplimentar.

Feminicidas de humo

Existen dos clasificaciones de feminicidio, el sexual sistémico y el familiar íntimo, que se registran prácticamente en la misma proporción en Jalisco, explica la investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Guadalupe Ramos.

En el primero, el patrón se refiere a los cuerpos de mujeres abandonados en espacios no domésticos, con signos de violencia. En el segundo, se trata de mujeres asesinadas por una persona conocida —generalmente pareja o ex pareja —.

“En estos casos tenemos nombres, apellidos, identificaciones claras; no los encuentran porque no los buscan. Son hombres que ni siquiera tienen una red económica que les sustente el estar huyendo”, dice la investigadora.

Datos del Consejo de la Judicatura arrojan un total de 24 órdenes de aprehensión emitidas desde el NSJP. Estimaciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) —referidas por la diputada local Rocío Corona— calculan que 8 de cada 10 feminicidas se encuentran prófugos.

“¿Cuándo lo van a agarrar? ¿Cuando él quiera cruzársele a una patrulla?”

Tranquilo, como camina cualquiera, Giovanni fue visto por Jocelyn, en la Parroquia Nueva Santa María, medio año después del asesinato.

La joven trató de seguirlo, sin éxito, pero observó que el presunto feminicida se dirigía a su casa paterna. La familia de Alondra también supo que se escondió un tiempo en la localidad de San Sebastianito. En realidad, siempre ha estado cerca.

Después del homicidio, Giovanni contactó a la prima de la víctima. Que siempre le había llamado la atención, le dijo. Que quería rehacer su vida con ella. Que creía que Alondra “había fallecido”, pero podían sobreponerse.

“Pasamos el dato a la policía, fueron a la casa y le dijeron ‘síguele el rollo, a ver si sacas una cita para agarrarlo’”, comparte Nancy, sobre la recomendación institucional para exponer a una jovencita. De cualquier forma, la prolongada conversación no le funcionó a los agentes para definir su geolocalización.

Giovanni siguió buscando a otra de las hermanas de Alondra. Nancy recibió una llamada sospechosa y hasta la fecha, le saturan en redes sociales con perfiles falsos.

“¿Por qué tiene la posibilidad de andar como si nada, burlándose no nomás de mí, sino de las autoridades? Realmente, ¿qué pasa?, ¿cuándo lo van a agarrar, cuando él quiera cruzársele a una patrulla?”, reclama la madre.

La insuficiencia

En el 59 por ciento de los casos por feminicidio han presentado insuficiencias desde la etapa inicial, por lo que no fueron vinculados a proceso o no obtuvieron el auto de formal prisión – en los sucesos ocurridos antes de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) –, según información obtenida por transparencia.

La adaptación al NSJP también representó un elemento de ineficacia en las investigaciones del Ministerio Público. En el año 2015 cuando éste inició, las deficiencias en las carpetas de investigación por feminicidio se dispararon al 100 por ciento. En 2016, el porcentaje se estabilizó en 83.

Desde el NSJP se han registrado 68 casos de feminicidio; el Consejo de la Judicatura registra ocho sentencias por el delito, en total por los 12 distritos judiciales de Jalisco. Según el oficio 0853/2018 del órgano, tres de éstas se han emitido por “procedimiento abreviado”, con penas inferiores a las previstas en el Código Penal.

“Ella recibió al sujeto”

La última vez que Giovanni la golpeó, Alondra aún estaba embarazada. Su madre la llevó a la Cruz Roja Toluquilla; la remitieron al Centro de Justicia para las Mujeres para sentar precedente del caso.

En el edificio del Centro, ubicado en la Colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, se advierte a las primerizas que estarán adentro por horas. No mienten. El sitio es un hervidero.

Del primero al segundo año de su funcionamiento, la demanda del Centro incrementó en 106 por ciento. El año anterior se contaron 10 mil 802 usuarias y en lo que va de éste, ya suman 845 mujeres referidas por lesiones, violencia, abusos, acoso. Ahí se da trámite a todos los delitos relacionados con la violencia de género, con la concentración de 11 áreas estatales y un juzgado. Las autoridades saben de la saturación. El 8 de marzo pasado se confirmó la creación de un segundo Centro, en Puerto Vallarta.

Adentro no es difícil encontrar algún violentómetro: el ranking de expresiones que ubica a las usuarias respecto a qué tan lejos de un riesgo de muerte se encontraban. O aún se encuentran.

En la planta baja aguardan las víctimas para ser canalizadas con un equipo interinstitucional. Si se decide denunciar al agresor, sigue el trabajo con la Agencia del Ministerio Público. “¿Un chocolate, hermosa?, ¿un tecito?”, ofrecen trabajadoras en la espera. Entre los beneficios del proceso en los casos más extremos, es el acceso a un refugio. En el resto, es la obtención de una orden de protección: una medida cautelar para el resguardo de la víctima.

Alondra consiguió una, pero su madre sabe que las autoridades municipales no le dieron seguimiento porque el teléfono celular al que deberían de haberse puesto en contacto, era de ella. Nunca recibió ninguna llamada.

Según el protocolo de la medida, luego de que se gira el oficio de la orden de protección, la Policía Municipal debe establecer contacto personal con la víctima y patrullar su domicilio. El entonces Fiscal General, Eduardo Almaguer, justificó ante la opinión pública que la orden fue insuficiente en el caso de Alondra porque la joven no supo prever que la iban a asesinar.

“Ella (Alondra) recibió a este sujeto en su casa, lo recibía, y pues lamentablemente surgió esta acción (el feminicidio)”, dijo Almaguer, el 11 de marzo del 2017, según consta en registros periodísticos.

“Es que ya no es de ambulancia”

Nancy y Alondra habían quedado de encontrarse en San Pedro Tlaquepaque e irse a Puerto Vallarta, para protegerse de Giovanni. El plan se les deshizo. El 10 de marzo de 2017 cuando Nancy se enteró que no había datos de su hija, exigió que la llevaran al domicilio de la joven, en el Fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco.

Ahí fue donde, tiempo después de convertirse en pareja, los jóvenes se mudaron a la parte alta de la casa acondicionada como dúplex, propiedad del padre de Giovanni. Es uno de los muchos fraccionamientos del Municipio hacia donde migra población trabajadora, por la posibilidad de comprar un patrimonio a bajo costo. A pesar de las diminutas extensiones de los domicilios, el tejido entre quienes los habitan está roto.

La investigadora Guadalupe Ramos detalla que, apenas a partir de la década de los años noventa inició la deconstrucción del concepto de la violencia hacia las mujeres como un problema privado, por lo que aun rige la idea de la “mala suerte”, la “mala elección” de relacionarse con un violento.

Eso asumieron los vecinos de Alondra, en Los Cántaros. Los de la planta baja escucharon el feminicidio. Todo. Que arrastraban, que jalaban “algo”. Era el cuerpo de la joven. Después de asesinarla, Giovanni habría tenido oportunidad de envolverla en plástico.

Nadie marcó a la Policía.  Nadie “quería problemas”. Giovanni habría encontrado el tiempo para llevarse documentos, dinero y a los bebés de ambos.

Cuando llegó Nancy al Fraccionamiento, aún estaba la lámpara interior encendida.  La familia de Giovanni, pese a ser dueña de la vivienda, no quiso abrir. Acudió la policía, destrozó la puerta y en la primera revisión de la reducida casa no localizaron a nadie. En la segunda búsqueda, sí.

–¡Háblenle a la ambulancia! – exigió Nancy.

–No señora. Es que ya no es de ambulancia.

Nancy ya no recuerda por cuánto la invadió la incredulidad.

“Se me hacía imposible que la persona que amó tanto en vida le haya causado la muerte. Porque ella se desvivía por él, daba todo, todo por él, por sus niños. Tanto dio que jamás imaginó que iba a ser capaz de hacer esto. Yo ya no pude verla, solamente cuando la sacaron”, narra.

Revictimización oficial

Nancy tampoco logró velar cómodamente a su hija. Inició el duelo arriba de las camionetas de la Fiscalía, discriminando locaciones que le funcionaran de escondite a Giovanni.

“Recuerde, recuerde dónde puede estar”, le exigían los investigadores, “quieren que una haga el trabajo de ellos; ‘si usted no nos ayuda no podemos saber’”, le echaban en cara.

La misma Unidad de Homicidios Dolosos de la FGEJ es la que sin, especializarse, se encarga de los casos de feminicidios: según fuentes al interior de la dependencia, no cuentan con elementos que hayan sido capacitados para investigar con el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género. En la entidad hay mil 309 policías investigadores en total —sumando todas las categorías —, conforme el Analítico de Plazas del Gobierno estatal.

Acciones y, ¿prevención feminicida?

El acceso a la justicia ha sido el foco de la política estatal en el feminicidio familiar íntimo, señala la vicecoordinadora de la organización feminista CLADEM, Alejandra Cartagena, pero critica que poco existe para prevenir la violencia de género en las relaciones interpersonales.

Además del Centro de Justicia para las Mujeres, en Jalisco se cuenta con el Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM). La propia información del Ejecutivo estatal ha dado cuenta que en su mayoría quienes acuden son los obligados por una orden judicial.

El Estado también decretó en febrero de 2016 una Alerta de Género “interna”. Sus alcances fueron cuestionados y activistas solicitaron la declaratoria de Alerta formal (AVGM) al Gobierno federal, que emitió una serie de medidas que se encuentran en evaluación.

En el “Informe de Avances del Cumplimiento de las Conclusiones, Recomendaciones e Indicadores de la AVGM-Conavim”, se da cuenta de que la entidad ha implementado cuatro campañas informativas y dos obras de teatro con temática preventiva, sin que el documento especifique indicadores, objetivos, metas ni seguimiento.

El Informe también reporta talleres de prevención de violencia en 55 escuelas de educación básica. Es decir, el 0.4 por ciento de  los planteles en Jalisco.

En específico, el IJM informó a través de los oficios 007/CDEG/2018 y 12/2018/Planeación, que la política preventiva en 2017 representó 10 capacitaciones sobre violencia de género para estudiantes, y otra serie de talleres de 16 horas, para jóvenes de secundaria y bachillerato.

La familia de Alondra aún repara en lo que se pudo evitar, pero ahora tratan de focalizarse en la procuración de justicia que ha desestimado el crimen.

“Es como si dijeran ‘pues ya se murió, ya qué ¿no?’. No, que piensen en  las personas que ya no están. Que las hagan valer. Yo no voy a descansar hasta que él (Gioavanni) esté en donde debe estar. Sí hay miedo, pero no puede ser más fuerte que la voluntad de que se haga justicia para nuestras hijas”, calcula Nancy, por todos los deudos que sobrellevan el duelo en la impunidad.

Familias entre el duelo y la impunidad

Tres de los feminicidios más paradigmáticos de los últimos años en Jalisco continúan afectando a las familias de las víctimas:

El 6 de marzo de 2016 Alondra Benítez fue asesinada junto con su madre e hijo en el Fraccionamiento Urbi Quinta, en Tonalá, por su ex pareja, Hugo Ezequiel. Los familiares se han volcado en el seguimiento del presunto feminicida para lograr su detención.

-En septiembre de 2015 la ex pareja de Betsabé García le quitó la vida en San Sebastián El Grande, Tlajomulco, frente a sus cinco hijos, que ahora dependen de sus abuelos.

-El 13 de julio de 2015 Gabriela Ayala fue asesinada por Luis Enrique, su compañero de trabajo, tras negarse a ser su pareja. La madre de la joven aún no ha obtenido respuesta de las investigaciones.