El Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción fijó un plazo de cuatro meses para construir la política pública en la materia, informó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Adán Córdova.
En entrevista, destacó que como parte de los acuerdos emanados de la primera sesión ordinaria 2019, los titulares de la Secretaría de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro; Instituto de Acceso a la Información, Francisco Álvarez Figueroa; Órgano Superior de Fiscalización, Guillermo Megchún; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Adrián Quiroga y el presidente del Consejo de la Judicatura, Alfredo Lagunas acordaron realizar diversas actividades para incentivar la opinión pública.
Entre las cuales, destacó, se encuentra la realización de foros regionales, el despliegue de herramientas metodológicas y matrices homologadas a las empleadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la participación de escuelas y universidades del estado, el acompañamiento del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como mecanismos de difusión estratégicos.
De estos encuentros, dijo, se obtendrá un documento con líneas claras que encaminen el actuar de las instituciones públicas hacia el combate a la corrupción y que pueda ser socializado de forma adecuada entre la ciudadanía.
Refirió que al encuentro acudió el titular de la SESNA Ricardo Salgado Perrilliat y su equipo encargado de las políticas públicas y la plataforma digital, quienes expusieron los resultados de la Política Nacional Anticorrupción y aplaudieron que Oaxaca sea uno de los estados con mayores avances.
Además, pusieron a disposición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción (SESECCO) las bases de datos e información recabada en la consulta nacional en la materia.
El titular del CPC aseguró que mediante foros se busca realizar un diagnóstico, pero también escuchar a la ciudadanía sobre sus propuestas y proyectos en el combate a la corrupción, lo que permite un involucramiento social.
Aseguró que la participación social es la base para atender la problemática, pero también para convocar a los diversos sectores a incentivar la cultural de la legalidad.
