Es un hecho: Estados Unidos reintroducirá en su próximo censo la pregunta sobre el estatus migratorio, una medida polémica en un país con millones de indocumentados temerosos de las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.
El departamento de Comercio, que supervisa el censo, dijo que la pregunta será añadida por solicitud del departamento de Justicia para ayudar a determinar posibles violaciones de la “Voting Rights Act” (VRA), la ley que prohíbe la discriminación racial en el voto.
Solo los ciudadanos estadounidenses pueden registrarse para votar, pero Trump ha afirmado que millones de inmigrantes indocumentados votaron en las elecciones presidenciales de 2016, sin ofrecer pruebas.
U.S. Department of Commerce Announces Reinstatement of Citizenship Question to the 2020 Decennial Census https://t.co/7kDrpX41M1 @SecretaryRoss @uscensusbureau
— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) 27 de marzo de 2018
La última vez que una pregunta sobre ciudadanía fue incluida en el cuestionario del censo fue en 1950.
El secretario de Comercio Wilbur Ross dijo en un comunicado que “obtener información completa y precisa (…) compensa los limitados impactos adversos”.
La Constitución de Estados Unidos contempla un censo con la “enumeración actual” de toda la población cada 10 años y los críticos de la medida temen que la pregunta podría desestimular a algunas minorías a tomar parte en el conteo, por miedo a que la información pueda ser usada en su contra.
Incluso inmigrantes con residencia legal serían reacios a participar si tienen lazos con personas sin documentos, lo que socavaría la exactitud del resultado.
“Inconstitucional”
El fiscal general de California, Xavier Becerra, introdujo el martes una demanda contra la medida por considerar que es “inconstitucional”.
“Al incluir una pregunta sobre la ciudadanía, el gobierno pone de lado la ciencia, el sentido común y la Constitución”, dijo Becerra, quien hace un mes, junto a otros colegas fiscales, abogó por la no inclusión de la polémica pregunta.
Trump ganó la presidencia con un discurso anti-inmigrantes, prometiendo deportar a los más de 11 millones de indocumentados en el país, la mayoría de América Latina, y construir un muro en el límite con México.
Por estos días, comparó incluso a los inmigrantes con “serpientes traicioneras” y desde su ascenso al poder dio más poder a la policía migratoria para capturar indocumentados.
“Estos actos de opresión son estrategias políticas que en realidad van mas allá del propósito de lo que es el censo”, dijo a la AFP Luz Gallegos, del centro de asistencia legal para inmigrantes TODEC.
De acuerdo con la Constitución, el censo es el que determina el número de escaños que cada estado tiene en la Cámara de Representantes.
La jefa de la bancada minoritaria de la cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, condenó que “Trump pusiera la política sobre la Constitución” y que ignorara el consenso de exdirectores de la oficina del Censo, que expresaron preocupación sobre el respeto a la confidencialidad de la información, y un estudio reciente de esta agencia.
“Mucho que perder”
Responder al censo también es crucial para la distribución equitativa de más de 675,000 millones de dólares de fondos federales anuales para escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios públicos, indicó la Oficina del Censo, que depende del departamento de Comercio.
El conteo erróneo de la población de ciertas comunidades es un viejo problema. Los expertos calcularon que en el último censo de 2010 -en el que se fijó la población en 308,8 millones de personas, un incremento de 9.7% en una década- unos 775,000 residentes latinos no habían sido contabilizados.
Pero esta vez el asunto podría ser de mayor envergadura.
Si las minorías, con frecuencia concentradas en centros urbanos que se decantan más por los candidatos demócratas, no participan de manera masiva en el censo, eso podría afectar el balance de poder en el Congreso.
“California simplemente tiene demasiado que perder permitiéndole al gobierno Trump echar a perder esta importante obligación decenal”, zanjó Becerra.
Gallegos insistió por ello en la importancia de “participar y ser contado”, aunque con cautela: “No es necesario divulgar información personal”.
