Si buscas una emergencia en la frontera entre México y Estados Unidos, pregúntale a Teresa Cavendish.

Cada mañana en Tucson, la directora de operaciones de Servicios Comunitarios Católicos del Sur de Arizona recibe una llamada de los trabajadores de la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Le preguntan cuántas camas tiene disponibles o, con más frecuencia, simplemente le informan cuántos migrantes adultos y niños le llevarán más tarde.

Cavendish no está sola. A finales de marzo, durante su periodo como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen envió un mensaje de auxilio a los jefes de dicho departamento, en el que pedía a los empleados que trabajaran como voluntarios en la frontera para colaborar en el transporte, distribución de alimentos, evaluaciones médicas, y una labor conocida como vigilancia de hospitales.

“No se requiere experiencia previa en inmigración”, escribió.

Para llenar el vacío en Tucson y en otras partes de la frontera, ciudadanos comunes trabajan gratuitamente, o en ocasiones, reciben un pago por parte de organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja, que suelen estar financiadas por la filantropía. En otras palabras, han asumido el trabajo de ayudar a los migrantes que desean permanecer en Estados Unidos, quienes siguen llegando a ese país, a pesar de los intentos del gobierno de Trump para desalentarlos. Únicamente en febrero, más de 76,000 migrantes, muchos de ellos provenientes de Centroamérica, llegaron a ese país. La Secretaría de Gobernación de México ha calculado que 900,000 migrantes llegarán a la frontera con Estados Unidos en 2019.

Mientras los organismos federales de inmigración se tambalean ante la crisis, ciudadanos y ONG entran en acción. Es difícil determinar exactamente cuántos voluntarios colaboran en organizaciones de beneficencia a lo largo de la frontera, a través de iglesias, refugios para personas sin hogar y ONG, pero un cálculo conservador indica que esta cifra asciende a varios miles.

Algunas de estas organizaciones, como Kids in Need of Defense (Niños con necesidad de defensa), el proyecto CARA y el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y Servicios Legales), ofrecen servicios jurídicos gratuitos. Otros, como Catholic Charities of Rio Grande (Organizaciones Benéficas Católicas de Río Grande) en Texas, y un número indeterminado de iglesias individuales, ofrecen refugio temporal y alimentos a las familias. En Tucson, la organización Servicios Comunitarios Católicos cuenta con 400 voluntarios registrados y 140 proveedores registrados de servicios médicos, afirma Cavendish.

Los empleados federales no niegan que reciben una gran ayuda de los civiles. “No tenemos el tiempo ni el espacio para albergar a todas estas familias”, señala Henry Lucero, director de la oficina de campo de ICE en Arizona. “El sistema está completamente superado, especialmente en las sedes de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, donde no cuentan con suficientes terminales y computadoras para tramitar su estancia. Y cuando las ONG se encuentran al máximo de su capacidad, esto es una señal de alerta”.

Lucero añade que, “Hace un año, llevábamos a 50 personas a los refugios cada día. Ahora, son 300 diariamente”. Entre el 21 de diciembre de 2018 y el 2 de marzo de 2019, ICE liberó a 14,500 miembros de familias en Arizona, de acuerdo con Lucero.

ALOJAMIENTO IMPOSIBLE

Para comprender por qué ocurre esto, es necesario conocer cómo es que el sistema realmente funciona, o deja de hacerlo.

En los últimos seis meses, decenas de miles de familias se han presentado en los puertos de entrada o han cruzado la frontera entre Arizona y México en otros puntos para solicitar asilo. Los agentes de la patrulla fronteriza tienen la obligación de entregar a estos migrantes buscan asilo a ICE, que es el organismo responsable de procesarlos. Para solicitar asilo, los migrantes deben hacer una declaración de “temor creíble” y comprometerse a acudir a una oficina de ICE en 15 días.

Sin embargo, la marea humana es tan grande ahora mismo que su procesamiento está más allá de las capacidades de las oficinas locales, y es casi imposible dar alojamiento a familias con niños.

Todavía está oscuro en el desierto cuando se produce el primer contacto, que enciende brevemente el iPhone de la mesita de noche de Cavendish en Tucson. “Comienza poco después de las seis de la mañana, todos los días”, dice. “Recibo un correo electrónico de un oficial de ICE que me pregunta cuánto espacio tenemos. A veces, eso ni siquiera importa. Solo me dicen cuántas personas tienen y esperan mi respuesta”.

Cavendish recibe un sueldo de Servicios Comunitarios Católicos, que es la ONG más grande de Tucson. Su propio grupo de voluntarios ayuda a dirigir albergues, donar alimentos y auxiliar a los migrantes para contactar a sus familiares o patrocinadores en Estados Unidos. También proporcionan transporte. Médicos y enfermeras vacunan a los niños.

DEFENSA ANTE EL CAOS

La red de voluntarios es la última línea de defensa contra el caos en Tucson.

“Cuando inició la tendencia actual en octubre pasado, otras personas y yo pensábamos que todos ellos buscaban asilo y que habían sido seleccionados, y que por ello habían sido liberados”, afirma Cavendish. “Ahora, descubrimos que, debido al desbordamiento, [los agentes fronterizos] ni siquiera saben cómo procesar a tantas familias”.

La red de refugios de Servicios Comunitarios Católicos se habría quedado sin espacio desde hace meses de no ser por el desarrollador de Tucson Ross Rulney, que donó temporalmente un monasterio de 20,000 m², el Santuario Benedictino y Alianza de Adoración Perpetua. Rulney pretende convertir el sitio, construido en la década de 1930, en un centro comercial. Pero por ahora, aloja a más de 2,000 migrantes que duermen en catres de la Cruz Roja.

Cavendish depende de esas donaciones. Recientemente, se dio cuenta de que la despensa del monasterio casi se agotaba, mientras ICE trasladaba al sitio a 180 padres y madres con sus hijos. Ella envió correos electrónicos a toda su red y, en unas cuantas horas, los estantes se llenaron. “La comunidad respondió en una forma hermosa”, dice. “Gracias a Dios, siempre lo hacen”.

Lucero no tiene dinero para dar y, de hecho, sufre algunos de los mismos problemas que las ONG. Ha retirado de las calles a agentes de ICE para que realicen la tarea administrativa de permitir la entrada de familias a Estados Unidos. Y el organismo también ha renunciado parcialmente a dar seguimiento a los recién llegados a Arizona: ICE solía colocar monitores de tobillo a los migrantes liberados, pero la empresa que fabrica los dispositivos no puede seguir el paso de la demanda, señala Lucero.

Mientras tanto, Lucero sigue procesando a más migrantes. Señala que ICE en Arizona aloja a familias durante la noche y después les ofrece varias alternativas: “ser liberados en la calle” (esencialmente, abrir las puertas de la oficina de ICE), un viaje a la estación de autobuses para comenzar su recorrido por Estados Unidos, o llevarlos a iglesias o refugios, donde las redes de voluntarios que trabajan gratuitamente les proporcionan alimentos y otros tipos de ayuda. La mayoría de las familias eligen los refugios, afirma Lucero.

Sin embargo, ni siquiera ese viaje es tan directo como parece. En Arizona, ICE transporta a los migrantes en vehículos del gobierno, aunque no existe una partida para ese servicio en el presupuesto. Cavendish dice que comprende que el Departamento de Seguridad Nacional desalienta el uso de vehículos gubernamentales para el traslado de migrantes a los refugios. Cuando se le preguntó, Lucero no lo negó. “Creo que [el Departamento de Seguridad Nacional] preferiría que liberáramos a los migrantes en la calle”, señala Cavendish. “Los agentes nos han dicho que, en realidad, están bajo una importante presión para que dejen de utilizar dinero para el transporte de migrantes a los refugios. Comencé a oír esto alrededor de finales de octubre del año pasado”.

La razón por la que no hay dinero para ayudar a alojar y alimentar a los migrantes es que ese dinero ha sido asignado a otros rubros. Al igual que sus predecesores, el presidente estadounidense Donald Trump ha invertido miles de millones de dólares en el tema de la inmigración. Sus soluciones están dirigidas a incrementar la seguridad del lado estadounidense: muros, agentes fronterizos y prisiones. Se calcula que el costo del despliegue de soldados, infantes de marina y elementos de la Guardia Nacional en la frontera con México asciende a 850 millones de dólares en el año fiscal de 2019, de acuerdo con Mark Cancian, asesor de alto nivel del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado de la Infantería de Marina. Cancian señala que, en teoría, el gobierno podría “realizar algunas de esas tareas humanitarias”, pero los actuales planes presupuestales de Trump no las incluyen.

Algunas autoridades locales a lo largo de la frontera tratan de resolver el problema acudiendo a los tribunales.

Por ejemplo, San Diego ha alojado a familias migrantes en un antiguo tribunal. En febrero, el Consejo de Supervisores del Condado de San Diego votó a favor de demandar al gobierno federal para que le restituya los gastos. Según informes, funcionarios de El Paso, Texas consideran la posibilidad de entablar una demanda similar por los costos humanitarios para la ciudad.

Para activistas y voluntarios, la solución más sencilla es que el gobierno gaste menos en seguridad y más en alimentación, alojamiento, procesamiento y, de ser necesario, el retorno de los migrantes a sus países de origen.

Billy Peard, abogado para el Sur de Arizona de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, piensa que el gobierno debería reconsiderar su presupuesto para centrarse en la ayuda humanitaria, en lugar de militarizar la frontera. “La… verdadera crisis es que las ONG hayan intervenido sin obtener nada por parte del gobierno”, dice. “Todo el dinero va hacia lo que yo llamo el complejo de seguridad nacional”.

Shannon O’Neil, miembro de alto nivel de Estudios Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, señala que la solución comienza fuera de Estados Unidos, con la ayuda de este país a las naciones del Triángulo del Norte. Estos tres países (Guatemala, El Salvador y Honduras) son el lugar de origen de la mayoría de los migrantes. En 2014, el gobierno de Obama puso en marcha un programa que enviaba 750 millones de dólares cada año en ayuda estadounidense a esas naciones para tratar de profesionalizar a la policía y a los tribunales, desarrollar programas extraescolares para los jóvenes en riesgo, generar empleos y proporcionar capital semilla para pequeñas empresas. Tras reducir el presupuesto del programa, Trump canceló abruptamente la entrega de ayuda en marzo, mientras el creciente número de centroamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos ponía a prueba las capacidades del Departamento de Seguridad Nacional.

“El programa tenía el apoyo de ambos partidos, lo cual no es poca cosa”, señala O’Neil, y añade que tomar ese dinero y gastar más en seguridad fronteriza no es la solución. “El Congreso ha decidido no recortar la ayuda. Gastamos más de 20,000 millones de dólares al año en la aplicación de la ley en nuestra frontera sur. De esta manera, podemos ver dónde están las prioridades”.

En un artículo de opinión publicado el año pasado en The Washington Post, en el cual apoyaba esa ayuda, el ex vicepresidente Joe Biden escribió que la crisis fronteriza podría resolverse solo desde la raíz, dentro de los países de origen. El candidato presidencial demócrata pronosticó que el ritmo de la inmigración continuará “A menos que mantengamos la presión y proporcionemos el apoyo para convertir al Triángulo del Norte de Centroamérica en un lugar próspero y seguro al que sus habitantes puedan considerar como su hogar”.

Alan Bersin, comisionado de Protección de Aduanas y de la Frontera de Estados Unidos durante el régimen del presidente Barack Obama, afirma que la ayuda estadounidense para Centroamérica es útil, pero la verdadera razón está en México. “La crisis de menores no acompañados de 2014 fue detenida mediante las deportaciones y el trabajo conjunto con México”, dice. “Esta no es una emergencia nacional. Es incompetencia ejecutiva. Todas las políticas que han tratado de implementar han fracasado. Es un fracaso absoluto en el trabajo con México”.

Entre tanto, mientras todo el mundo espera una solución desde Washington, los voluntarios y donadores caritativos, como Rulney, son quienes llevan la carga. “Nosotros estamos en el extremo de una crisis humanitaria; simplemente le hacemos frente”, dice. Pero “es un tema… del gobierno, y tiene que ser resuelto por las personas a las que elegimos para el cargo”.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek