La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Aída Karina Banda Iglesias, destacó la necesidad de fortalecer la capacitación a las corporaciones policíacas y a las instancias de impartición de justicia en temas de acoso, a fin de evitar que los casos queden impunes.

“Yo veo que al tema le hace falta mayor operatividad, más que cambios legislativos, el problema es cómo están bajando la ley, aquí se debe capacitar a las personas que van a hacer las detenciones, porque se pueden cambiar los códigos pero si no cambian las funciones de las policías, entonces ya no tienen la facultad para hacer la detención”.

Lo anterior, luego del auge del movimiento #MeToo, en el que se han dado a conocer presuntos casos de acoso de hombres hacia mujeres de diversos sectores de la población, desde el ámbito cultural hasta el educativo, como respuesta a la falta de protocolos y seguimiento a las denuncias por acoso.

En julio de 2017, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa para clasificar al “acoso callejero” como una falta administrativa. En ella se exige la capacitación y otorgación de cursos a los elementos policíacos, aunque al día de hoy son pocos los municipios que han armonizado sus reglamentos y han implementado acciones para la atención de las denuncias.

Ante ello, la legisladora del Partido Encuentro Social (PES) mencionó que en los próximos días presentará un punto de acuerdo para conminar a las autoridades municipales a cumplir las disposiciones de la ley.

“Nuestro próximo punto de acuerdo será exhortar a los municipios para que bajen la ley y la comiencen a aplicar”, añadió.

Señaló que en lo particular ha atendido dos presuntos casos de acoso sexual, de los que no se lograron comprobar los señalamientos que se denunciaban.

En este sentido, afirmó que se deberá cuidar que los alcances de las leyes no sean contraproducentes a sus objetivos originales.

“Acudieron hombres que fueron señalados, por ejemplo los señalaban de que habían realizado tocamientos, pero se comprobó que no fue así. Uno de ellos fue un chico universitario que acudió a una dulcería; una chica lo señaló de que le había hecho tocamientos, luego lo llevaron a Justicia Municipal y de ahí al Ministerio Público. La afectada le cobró 40 mil pesos, entonces no hay que convertir algo que fue por paridad de género y justicia, con personas que están viendo esto como una forma de vida”.

Iniciativas en trámite en contra del acoso

Previo al movimiento #MeToo, fueron ingresadas dos iniciativas en la sesión del pleno del Congreso Estatal del pasado 19 de marzo, las cuáles buscan incrementar las sanciones contra el acoso laboral, presentadas por los diputados Elsa Amabel Landín Olivares, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Mario Armando Valdéz Herrera, de Nueva Alianza.

La primera de ellas implica una reforma al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados para incorporar el acoso sexual y el hostigamiento laboral.

La segunda pretende adicionar la fracción séptima al artículo 18 de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Aguascalientes.

En las exposiciones de motivos de ambas iniciativas se hace hincapié en la alta incidencia de casos de acoso laboral en las instituciones y la iniciativa privada, principalmente como resultado de una relación de poder, de jefes o patrones a subordinados.

Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones para ser analizadas y posteriormente ser discutidas en el pleno del Poder Legislativo.