Hubo una época en que el monarca de Guam -un papamoscas pequeño, de color negro iridiscente, con el pecho marrón y la cabeza esponjosa- prosperaba en los solitarios barrancos del apacible territorio estadounidense de Guam. Sin embargo, para 1973, el desarrollo había destruido dos tercios de su hábitat insular e introducido una serpiente que depredaba sus crías.
Ese mismo año, el presidente Richard Nixon promulgó la Ley de especies en peligro de extinción (ESA, por sus siglas en inglés), una legislación que impuso restricciones a la destrucción de especies y hábitats animales específicos, y que parecía especialmente diseñada para el monarca de Guam. Mas la conservación pocas veces sigue el paso a la destrucción. El gobernador de Guam tardó seis años en presentar una petición para proteger al pajarito, y los estudios requeridos demoraron cinco años más. En el verano de 1984, cuando el monarca de Guam al fin figuró en la lista de especies en peligro de extinción, casi había desaparecido. El último avistamiento ocurrió pocas semanas después, en un campo de golf.
ESA es ampliamente reconocida por haber evitado la extinción de 99 por ciento de las especies contempladas en su lista de protección. Pero, como demuestra el caso del pobre monarca, esa cifra no cuenta toda la historia. De las especies presuntamente protegidas, más de la mitad se encuentra en dificultades. Entre 1990 y 2010, mejoró el bienestar de apenas 8 por ciento de las especies, pero disminuyó para otro 52 por ciento. Entre tanto, hay un rezago enorme de animales que aguardan su inclusión en el listado porque sus casos siguen en manos de los tribunales o de la burocracia (y muchos enfrentan la pérdida de hábitat o los ataques de especies invasoras, como ocurrió con el monarca).
Cada vez es más evidente que ESA, con su sistema de conservar una especie a la vez, es demasiado lenta para hacer frente a las recientes amenazas del cambio climático y las especies invasoras; amenazas que pueden sembrar el caos en ecosistemas completos. Y pese a la popularidad de la legislación, su calificación favorable ronda el 80 por ciento en las encuestas, ya que tiene el don peculiar de granjearse enemigos entre ganaderos, agricultores y desarrolladores, cuyo apoyo es indispensable para evitar daños a las especies.
Por esa razón, muchos ambientalistas argumentan que ESA necesita una transformación completa. Algunos han hecho propuestas para volverla más eficaz, como pagar a los agricultores para que colaboren en los esfuerzos de conservación, o establecer una metodología objetiva e independiente que permita aislar de la política a las especies inscritas en el listado.
La política partidista de alto riesgo ha dado al traste con esas sutilezas. Es verdad que los ataques políticos contra ESA iban en aumento incluso antes que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. No obstante, el verano pasado, la presidencia Trump propuso cambios que eliminarían las protecciones de las especies amenazadas e introducirían elementos económicos en la decisión sobre las especies a incluir en el listado. John Barrasso, senador republicano por Wyoming, sugirió que los estados tuvieran más poder para elegir las especies protegidas, lo cual neutralizaría a ESA en los estados más importantes del oeste rural. Ya que los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes en 2019, los legisladores salientes podrían presionar para que se produzcan esos cambios durante una sesión del Congreso.
Por su parte, los ambientalistas se encuentran en aprietos debido a la hostilidad del ambiente político. Muchos se abstienen de criticar a ESA porque temen apoyar a los enemigos de la conservación. Pese a ello, tienen la firme convicción de que si la legislación no se ajusta a la época, será una herramienta cada vez menos eficaz. “Debiéramos hablar sobre las condiciones de una legislación mejorada y soñar con que podemos obtenerla”, protesta Timothy Male, antiguo miembro del personal Obama y fundador del Centro para Innovación de Políticas Ambientales, flamante grupo de expertos que busca medios innovadores para corregir las políticas de vida silvestre. “Desde la perspectiva legal, seguimos igual que hace dos décadas”.
GOBIERNO VS. TERRATENIENTES
Tim Male es uno de los pocos ecologistas que consideran necesario hablar sobre las deficiencias de ESA para salvarla, y señala que su problema más importante es de naturaleza política: la legislación enemista a los terratenientes rurales. La falta de comunicación y divulgación en los lugares donde viven muchos animales en peligro ha causado la impresión de que es un listado arbitrario. Por ello, las personas que pagan el precio económico de las especies protegidas -ganaderos, agricultores y desarrolladores- tienen motivos para desconfiar del sistema y resistirse a las designaciones. En 2016, durante el enfrentamiento armado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Malheur, Oregón, imperó la opinión general de que los liberales utilizaban ESA para castigar a los conservadores rurales (aunque, de hecho, la mayor parte de las especies en peligro habita los estados demócratas, como Hawái y California).
La mala comunicación entre el gobierno y los locales afectados ha hecho que muchas especies se vuelvan impopulares, sobre todo las más pequeñas y poco conocidas, que son las que más requieren de protección. Es bien sabido que algunos terratenientes han tratado de erradicar de sus propiedades a ciertas especies inscritas o próximas a ser incluidas en el listado. Tomemos el caso del lobo rojo, cánido extinto en la naturaleza, pero que, en 1986, fue reintroducido en Carolina del Norte, donde prosperó en sus nuevos territorios de caza. El problema es que los terratenientes de las cercanías la han emprendido contra los lobos. Han impedido que los guardabosques entren en sus tierras, y algunos decidieron acabar con esos animales. A principios de este año, los funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés) se dieron por vencidos y propusieron proteger solo unas pocas docenas de lobos que viven en la reservación original, desamparando a los demás. “Perdimos el acceso al lugar donde se encuentran los lobos”, informa Leopoldo Miranda, subdirector regional de servicios ecológicos en FWS. “No podemos entrar por la fuerza”.
Por otro lado, el lenguaje de la legislación no contempla amenazas más generales. Por ejemplo, ESA establece que debe protegerse a los animales que enfrentan la extinción en el “futuro previsible”. ¿Eso abarca la pérdida de hábitat debida a las capas de hielo que desaparecerán del Polo Norte hacia el año 2050? Parece que FWS pensó en esto en 2008, cuando inscribió al oso polar en el listado (FWS administra el listado conjuntamente con el departamento de Pesquerías de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica). Sin embargo, después la dependencia rechazó a la morsa del Atlántico, aun cuando la especie también está amenazada por la misma pérdida del hábitat polar. De igual manera, negó la protección al glotón, animal que requiere de nieve montañosa durante todo el año; y a la pica, un mamífero alpino amenazado por la temperatura creciente.
Esa aparente arbitrariedad ha socavado la confianza en ESA. A fin de que las designaciones sean más congruentes de hecho y apariencia, los reguladores podrían adoptar criterios objetivos, claros y específicos para determinar si una especie amerita protección, señala Ya-Wei Li, ingeniero informático, abogado y socio de Male en el grupo de expertos. De esa manera, granjeros, ganaderos y desarrolladores (cuyos bolsillos suelen verse afectados cuando una especie ingresa en la lista) tendrían la seguridad de que no hay intervención de los conservacionistas. “La legislación no contiene declaraciones ‘si/entonces’” prosigue Li. “Todas las decisiones se toman por caso individual. Y muchas veces, esas decisiones individuales son el trasfondo del problema”.
Para atraer a los terratenientes, Li propone ponerlos en la nómina como administradores de los animales y las plantas que figuran en la lista. Si el gobierno federal ya paga a los agricultores para protejan la capa superficial del suelo, ¿por qué no hacer lo mismo con los animales? Cuanto mayor sea la población de ranas amenazadas de una granja, mayor será el subsidio que reciba el agricultor. Y en vez de cazar animales protegidos en sus tierras, granjeros y ganaderos podrían incluso formar un cabildo para lograr la inscripción de nuevos animales.
Las plantas representan más de la mitad de las casi 1,600 especies del listado, y si se extendieran los esquemas de pago para protegerlas podría cerrarse una brecha enorme en la conservación. El problema es que hay poco dinero disponible y mucha gente ignora las reglas. Por ejemplo, es legal matar plantas protegidas “por accidente”, mientras que unos pocos millones de dólares salvarían decenas de plantas hawaianas en peligro de extinción; o al pino de corteza blanca, un árbol occidental al que se le negó el listado por falta de fondos, lamenta Li.
El último paso es mejorar el cumplimiento de ESA llevando la vigilancia a la era de la información. Hoy día, los reguladores confían excesivamente en la inspección visual y otros métodos de baja tecnología que son fáciles de esquivar u obstaculizar. Cuando trabajaba en el grupo de vigilancia ambiental Defenders of Wildlife, Li utilizó imágenes Landsat y Google Earth del oeste de Texas para localizar individuos que extraían petróleo ilegal en las dunas del hábitat protegido de la lagartija espinosa de pastizal.
Una razón importante de la popularidad de ESA es que, aun con sus problemas, se fundamenta en un valor casi universal: nadie quiere matar a un animal que está al borde de la extinción. Para evitar el partidismo, todos los bandos deben participar activamente en la protección de especies. Quizá los ecologistas deban dejar de pensar como activistas y pensar como ingenieros, sugiere Male. “Los ingenieros siempre están dispuestos a hacer reparaciones. Siempre hay manera de mejorar todo lo que hacemos. El planeta está cambiando muy rápidamente. Pero ¿quién se dedica a garantizar que la conservación cambie con la misma celeridad que el planeta?”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek