La entidad oaxaqueña es una de las 10 del país que registra los más bajos niveles de participación ciudadana en la política nacional contra la corrupción, pues apenas 147 personas se interesaron en contribuir a la creación de estrategias para combatir este fenómeno en México.
En el marco de la inauguración del Foro Regional de Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción se dieron a conocer los resultados de la Consulta Ciudadana de la Política Nacional Anticorrupción realizada del 31 de agosto al 5 de octubre.
Los expositores señalaron que de los 19 mil 416 participantes en el país, solamente 147 fueron oaxaqueños. Es decir, apenas el 0.7 por ciento. Mientras que, en la Ciudad de México, la cifra de participantes fue de hasta dos mil 886.
En el evento, estuvieron presentes María Isabel Chagoya, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; Francisco Javier Figuera, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública; el Magistrado Adrián Quiroga Avendaño, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; así como Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, en los resultados se señalaron los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), documento que los ciudadanos oaxaqueños cometieron más prácticas corruptas que las autoridades gubernamentales en ese año.
En esa encuesta se explica que en el 2015 el porcentaje de ciudadanos que experimentó un acto de corrupción de parte de un servidor público fue de 12.2. Mientras que dos años después, en el 2017, la tasa disminuyó al 11.1 por ciento.
En tanto, en el año 2015 el 19.4 por ciento de los ciudadanos encuestados por el Inegi fueron actores directos en la corrupción; en el 2017, el porcentaje se calculó en 24.7 por ciento.
De acuerdo con los resultados de la Consulta Anticorrupción, los oaxaqueños consideran que los corruptos repiten las prácticas porque no enfrentan sanciones ni consecuencias.
Además, de que los participantes señalaron que para dar solución al problema no es necesario cambiar la ley sino aplicar la existente.
