Las principales áreas de práctica de los despachos legales se dividen en derecho administrativo, civil, corporativo, fiscal, laboral, mercantil, penal y propiedad intelectual.

Aunque todos tienen como objetivo ofrecer servicios jurídicos, en el ámbito legal son denominados con distintos nombres: firma de abogados, despacho jurídico, bufete de abogados, estudio jurídico.

Estas empresas especializadas en el derecho ofrecen sus servicios con una planta de abogados que prestan su trabajo mediante un contrato o acuerdo de asociación. Los abogados de un despacho, de acuerdo con la organización Abogacía Española, reciben diferentes nombres en función de su grado de experiencia. De esta forma, se les llama socios a los propietarios de la firma. Los asociados son los abogados externos que prestan sus servicios a los despachos en casos especiales. Y los júniores son los abogados con menor experiencia que están subordinados a los socios.

Las firmas jurídicas pueden clasificarse como grandes, medianas o pequeñas. En países como Estados Unidos algunos despachos grandes poseen más de medio millar de abogados. En otros, como México o Argentina, se considera grandes a aquellas firmas que cuentan con más de 60 profesionales del derecho.

Aunque por lo general las firmas ofrecen sus servicios divididos en áreas de práctica, en los últimos años se ha puesto de moda el concepto de despacho “boutique”, el cual no es otra cosa que aquel bufete que se aboca solamente en un área de la abogacía. Es decir, en lugar de proporcionar todos los servicios correspondientes a la práctica del derecho, se enfoca, por ejemplo, únicamente en el derecho mercantil, lo que lo vuelve altamente especializado en dicha área.

Aclarado este punto, podemos decir que las principales áreas de práctica de las firmas legales se dividen en las siguientes especialidades del derecho: administrativo, civil, corporativo, fiscal, laboral, mercantil, penal y propiedad intelectual.

En este tenor, cabe apuntar que, desde hace tres décadas, la tendencia de muchas firmas es la internacionalización, es decir, algunos despachos jurídicos han logrado colocar oficinas en varios países a la vez, lo que implica contar no con docenas, sino con centenas de abogados entre sus filas. En este sentido, algunos despachos tienen a su disposición más de mil abogados en gran parte del orbe.

En México, de acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de abogados asciende a 342,809. De estos, 62.3 por ciento son hombres y 37.7 por ciento son mujeres, lo que evidencia una presencia importante de la población femenina en esta profesión.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las personas que se dedican a la abogacía cuentan en promedio con 16.7 años de escolaridad, lo que aproximadamente equivale a tener cinco años aprobados en la licenciatura de derecho, o bien, un año de posgrado si consideramos que esta carrera solo exige cuatro años de estudio. Conforme a su nivel de escolaridad, 90.3 por ciento de los abogados tienen licenciatura, 9.2 maestría, y 0.5 doctorado.

OCUPACIONES Y FUNCIONES

Además, en México una gran parte de los profesionales del derecho en funciones desempeñan su oficio en oficinas públicas y administrativas. Si atendemos la definición del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SNCO), tenemos que las funciones de un abogado se dividen en varios incisos: recabar información sobre los asuntos que promueven, defienden o asesoran; estudiar y analizar leyes, códigos, jurisprudencia y reglamentos aplicables al asunto en cuestión; promover y defender juicios ante los diferentes tribunales de justicia; redactar o revisar demandas, contratos, convenios y otros documentos jurídicos y correspondencia relacionada con su área de trabajo; acudir a audiencias y diligencias judiciales en representación de sus clientes; asesorar a sus clientes en la interpretación o aplicación de leyes y reglamentos, así como en los trámites o procedimientos legales a efectuar en su representación.

En este tenor, cabe aclarar que las ocupaciones de quienes ejercen la abogacía pueden segmentarse en áreas jurídicas diversas: abogado y asesor, analista y proyectista o investigador y defensor.

Además, respecto a la abogacía el SNCO reconoce también la figura de auxiliar en servicios jurídicos, cuyas funciones consisten en compilar y analizar datos de investigación, tales como estatutos, veredictos y artículos, códigos y documentos jurídicos; preparar documentos jurídicos, incluyendo expedientes, alegatos, apelaciones, testamentos, contratos y documentos relacionados con la compra y venta de bienes raíces; investigar hechos y leyes para determinar causas de acción y para preparar casos; citar a los testigos para que declaren en una sesión; o presentar argumentos y evidencias para apoyar una sesión de apelación.

Aclarado este punto, cabe decir que una de las principales características de los despachos de abogados de nuestros tiempos es su enfoque multidisciplinario, tal como lo mencionamos líneas atrás.

Este enfoque, que en la mayoría de las oportunidades les permite brindar servicios legales en todas o la mayoría de las áreas de la abogacía, se ha convertido en una gran fortaleza para las firmas, pues además de que son capaces de satisfacer las exigencias de prácticamente cualquier necesidad jurídica, se ven obligadas a enfrentar el desafío que significa fortalecerse ofertando múltiples servicios con la característica de que todos posean la misma calidad. Asimismo, no debe desdeñarse el hecho de que, en tanto que varias áreas de práctica se tratan en la misma firma de abogados, se genera una ventaja muy relevante debido a que estas áreas interactúan entre sí y logran abordar cada materia desde enfoques jurídicos distintos.

ÁREAS DE PRÁCTICA EN LAS FIRMAS

Una de las áreas de práctica más relevantes en las firmas de abogados es el derecho administrativo, el cual, según el Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. Por ello, podemos decir que este derecho es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo.

En ese sentido, no menos relevante es el derecho civil, el cual se define como la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares, que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero.

Otra área de práctica que los bufetes jurídicos ofertan con mucha importancia es el derecho corporativo, que se define, según la Universidad Interamericana para el Desarrollo, como una disciplina jurídica especializada derivada de los principios y contenidos del derecho mercantil, societario y empresarial. Su mérito es mostrar y regular la estructura desde la cual puede constituirse una empresa o un corporativo a fin de ajustar su organización y actividades a la norma jurídica vigente.

El derecho fiscal es también una de las ofertas más socorridas de las firmas legales. A este se le conoce como la rama del derecho público que se encarga de regular las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares un sufragio en el gasto público, en áreas encargadas de la consecución del bien común, organizando y clasificando toda la información, legislación y normatividad relacionada con los impuestos, lo tributario y lo fiscal.

Un área más de especialización es la denominada derecho laboral que, de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica, es el conjunto de normas que tienen por base, en el sector privado, las relaciones de trabajo existentes entre un empleador y uno o más asalariados y que regulan las relaciones individuales (salarios, vacaciones retribuidas, despidos) y colectivas (sindicatos, representación del personal, convenciones colectivas). Este derecho implica cierto número de principios que, por su generalidad, penetran en el sector público (libertad sindical, derecho de huelga).

Otra oferta de los despachos jurídicos es el derecho mercantil, el cual se define como el conjunto de normas que regulan la actividad de los comerciantes, los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos.

Por su parte, el derecho penal, según la Enciclopedia Jurídica, es el conjunto de normas de derecho que tienen por objeto la sanción de las infracciones. En sentido amplio, este derecho comprende también las normas que tienden a la sanción de los estados peligrosos.

Por último, aunque no menos importante, existe el derecho propiedad industrial, el cual conforma las normas y preceptos para reconocer al autor de una invención del conocimiento humano, así como al autor de signos distintivos y nombre comercial para alguna aplicación industrial, concediendo al titular registral de la patente, marca, nombre comercial u otros signos distintivos su explotación exclusiva durante el periodo legal.

De acuerdo con una investigación realizada por la Asociación de Abogados Corporativos (ACC, por sus siglas en inglés), una federación estadounidense establecida en Washington, los conductores de valor para los clientes respecto a los servicios que ofrece un bufete jurídico se explican en seis grandes incisos: entendimiento de los objetivos del cliente, eficiencia en el manejo de procesos, predictibilidad del costo final, “expertise” legal, comunicación y obtención de resultados.

Y ahora el cuestionamiento obligado: ¿cuándo acudir a una firma de abogados? Para esta pregunta hay dos respuestas principales. Una, se debe acudir al despacho jurídico cuando se tiene un problema legal. Y dos, se le debe consultar antes de tomar una decisión que podría implicar consecuencias. Por ejemplo, se aconseja acudir a un bufete antes de entrar en una negociación o firma de algún contrato, pues ello significará que el equipo de abogados brindará asesoría sobre los derechos, opciones, consecuencias legales de cada opción y redacción del mejor contrato posible en la defensa de los intereses del cliente.