Desde abril de 2023, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México retirar de su constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa, tras resolver a favor de Daniel García y Reyes Alpízar, dos personas que pasaron más de 17 años en prisión sin recibir sentencia por un crimen que no cometieron.
Pese a ello, las autoridades federales no han acatado el mandamiento de la Corte y, por el contrario, se han encargado de fortalecer esta medida cautelar, con la cual, se priva de su libertad a acusados de una lista de más de 20 delitos, entre ellos, el secuestro, robo, producción y venta de drogas, entre otros.
Al respecto, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal de Aguascalientes, Juan Rojas García, expresó la relevancia de que se aborde esta discusión tomando en cuenta los derechos humanos de todas las personas involucradas.
“Estamos esperando y veremos cuál es el resultado. Es una discusión muy amplia que tiene puntos a favor y en contra en materia de derechos humanos; yo lo único que quisiera es que siempre se pensara en la gente, en la ciudadanía, en la persona que es lastimada en su patrimonio, y también en la persona que es procesada, que se respeten sus derechos” planteó.
A poco más de dos meses de que se renueve la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se trata de uno de los asuntos pendientes en manos de ministros y ministras, quienes pese al llamado del Ejecutivo federal de aplazar su discusión hasta el 1 de septiembre, tienen la facultad de hacerlo antes.
La CIDH considera que esta figura viola derechos fundamentales como la libertad personal y el principio de presunción de inocencia. Además, ha concluido que la medida es incompatible con el derecho internacional.
