El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, reconoció que la actualización de concesiones para taxistas en el estado no solo enfrenta rezagos administrativos, sino también desconfianza entre los concesionarios, lo que ha derivado en afectaciones económicas.
Actualmente hay más de 4 mil trámites en proceso, y mientras tanto, los operadores deben cubrir permisos temporales que representan un gasto adicional.
“Cuando llegamos a la administración había 4,600 pendientes de suscribir. El impacto es que ellos tienen que estar pagando un permiso mientras no tengan la concesión actualizada”, explicó Jiménez Lona.
Añadió que ya se han firmado más de 1,100 documentos, pero reconoció que el proceso ha sido lento por la desconfianza acumulada: “Son más de siete años, más de una administración estatal”.
Además del tema del transporte, Jiménez Lona destacó que Guanajuato tuvo un crecimiento del 1.9 % en empleos durante el último trimestre, el más alto en la región del Bajío.
“Eso refleja la confianza que hay del sector empresarial”, dijo. Sin embargo, reconoció que los salarios siguen siendo bajos, lo que atribuyó principalmente a la alta informalidad laboral.
“Eso es un tema que hay que combatir… hay que trabajar en conjunto tanto Federación, Estado y municipios”.
En materia de seguridad, señaló que abril fue el mes con menos homicidios dolosos en los últimos cinco años en la entidad, con 181 casos.
“Ninguna cifra es buena, pero representa una reducción del 35.9 % desde que comenzó esta administración”, afirmó. No obstante, reconoció que los retos persisten y destacó la reciente colaboración con fuerzas federales, como la Sedena, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), para fortalecer operativos y decomisar armas de alto calibre.
Respecto al punto de seguridad instalado en la carretera León-Lagos, en territorio de Jalisco, aseguró que “nunca Guanajuato había tenido un punto fuera del estado”, y que su implementación fue resultado de acuerdos entre ambas entidades, con buena recepción ciudadana.
Sobre los temas de justicia familiar, el funcionario informó que más de 4 mil mujeres han solicitado apoyo legal para la exigencia de pensiones alimenticias en el marco del programa “Aliadas”.
Reconoció que los registros de deudores alimentarios aún no son públicos y que su funcionamiento es limitado.
“La ley siempre es perfectible, para eso están los Congresos”, señaló al respecto, y añadió que el Poder Judicial ha comenzado a implementar juzgados mixtos para facilitar los trámites legales a las madres.
