La renuncia del director de Bienestar Social Municipal (BISOM), José Ramón López Hernández, detonó una crisis de credibilidad en el gobierno de Mexicali. El exfuncionario dejó su cargo este martes tras revelarse un presunto fraude por más de 390 mil pesos, relacionado con transferencias electrónicas irregulares desde una cuenta institucional del banco BBVA a tres particulares.
Las operaciones financieras bajo investigación incluyen dos depósitos de 115,236 pesos cada uno a una misma persona, además de otras dos transferencias por 97,800 y 62,487.50 pesos. Aunque los montos están claros, lo que sigue en duda es el alcance de la red de responsabilidades.
Investigación a medias y exigencias del PAN
La Sindicatura del Ayuntamiento abrió una indagatoria interna y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. No obstante, regidores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron la falta de transparencia del proceso y denunciaron inconsistencias entre los montos presentados por distintas dependencias.
“El problema aquí no solo es el fraude, sino cómo se está tratando de encubrir o maquillar la información. Exigimos claridad y sanciones a quienes resulten responsables”, advirtió el regidor panista Manuel Rudecindo García Fonseca.
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Los ediles del PAN no se quedaron ahí: solicitaron medidas cautelares contra los funcionarios implicados y pidieron que los delitos se clasifiquen como peculado y ejercicio ilícito del servicio público, no simplemente como fraude. A su juicio, hay un intento por reducir la gravedad del caso.
Silencio institucional
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Mexicali no ha emitido una postura oficial sobre la salida de López Hernández ni sobre el avance de la investigación. La falta de pronunciamiento refuerza la percepción de opacidad que denuncian los regidores opositores y aumenta la presión sobre la administración local para que actúe con contundencia.
Una señal de alarma
Este escándalo, que comenzó como una sospecha contable, ya escaló a crisis política. El caso BISOM podría convertirse en un punto de inflexión para la administración municipal, pues pone en duda no solo la eficacia del control interno, sino la voluntad real de castigar la corrupción. N
