El pasado 10 de enero, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló en un discurso que “uno de los problemas que se presenta con frecuencia, lo estamos viviendo lamentablemente… los familiares se inconforman por la ausencia de uno de sus integrantes. Quiero decirles a ustedes y a la sociedad, que en el 97.2 por ciento de los homicidios que ocurren en el estado, las víctimas se esmeraron en el transcurso de su vida en crear un entorno de riesgo, en virtud de las actividades ilegales en las que estuvieron involucrados”.

Si usted me leía en la revista Impacto! del entrañable Juan Bustillos, recordará que Alfonso Durazo era cliente; no había semana que no le tocara crítica de mi parte. En ese tenor, usted debe considerar que no veo ni remotamente competente a Durazo en los asuntos de seguridad.

Empero, Durazo tiene razón. Tal cual. Y también le asiste la razón cuando dice que “es probable que las familias con frecuencia sean las últimas en enterarse de la “eventual actividad ilegal de uno de sus integrantes”.

Le explico, empleando datos duros del caso de Puebla, entidad en la que he monitoreado el total de sus homicidios dolosos desde 2005. De más está decir que lo que dice Durazo para Sonora y su servidor para Puebla, son aplicables para el país entero.

Como usted sabe, una ejecución es un homicidio doloso con señales de haber sido perpetrado por integrantes de un grupo de delincuencia organizada, ya sea cártel, clan o pandilla. En ese tenor, se entiende que todas las ejecuciones están “dentro” de los homicidios dolosos.

En la normalidad, los homicidios dolosos se dan bajo condiciones específicas: un rival de negocios o de amores, motivos pasionales, riña y robo con violencia, por ejemplo. Sin embargo, cuando en una entidad se presenta actividad de delincuencia organizada, ésta comienza a matar rivales y competidores, disparando los homicidios dolosos.

El punto relevante es que los homicidios dolosos “normales” se mantienen en sus cifras pero al revisarse las estadísticas oficiales se nota un comportamiento ascendente. En realidad, lo que pasa es que las ejecuciones están moviendo el indicador de los homicidios dolosos.

El caso de Puebla le podrá dar una idea de las cosas. En 2006, no hubo ejecuciones y se cometieron 415 homicidios dolosos, según datos de la Fiscalía estatal. En 2017, se dieron 1 mil 083 homicidios dolosos y “dentro” de éstos, había 261 ejecuciones. Este último dato señala que en realidad se cometieron 822 homicidios dolosos “normales”, no 1 mil 083.

En 2019 y 2020 se cometieron pocas ejecuciones, 73 y 69 respectivamente. El caso de 2020 es evidente por el COVID-19 que mantuvo a la población metida en sus casas, incluyendo a los delincuentes que se dedican al sicariato.

Llegó 2021 y los criminales recuperaron el tiempo perdido: de 69 se saltó a 420, una cifra espeluznante y de ahí en adelante, se mantienen cifras de 600 ejecutados al año.

Para apreciar mejor lo que ocurrió, no hay que fijarse en el número de homicidios dolosos, sino en el porcentaje que las ejecuciones representan de los primeros. Ese es el indicador que señala hacia donde se mueve la delincuencia organizada en una entidad.

En esta gráfica observará que de 2021 en adelante, no menos de seis muertos en cada 10 homicidios dolosos, fueron por ejecución. Se nota de manera ostentosa el salto de 2020, que de la pandemia toma un impulso inaudito y de 7 ejecutados por cada 100 homicidios dolosos, se mueve a no menos del 60 por ciento.

En sentido contrario, los homicidios dolosos “normales” se hacen cada vez más pequeños, manteniéndose en 4 de cada 10. Luego entonces, la tendencia es que 6 de cada 10 homicidios dolosos sean ejecuciones por delincuencia organizada.

El indicador señalará que las cosas están recuperándose en el país, cuando disminuyan las ejecuciones, no los homicidios. Esto es lo que no entiende el gobierno federal: los homicidios por riña, borracheras o robos no son los relevantes, sino las ejecuciones, porque son los que señalan la feudalización de una entidad federativa.

Resumiendo, Durazo tiene razón: la aplastante mayoría de los homicidios dolosos en este país, se dan por actividad de la delincuencia organizada. Y efectivamente, los familiares son los últimos en saber a qué se dedicaba en realidad aquel pariente ejecutado.

Mientras tanto, la Contra sigue imparable. Y la doctora, pasmada.