Las malas prácticas institucionales, las irregularidades y las negligencias han contribuido a la crisis forense que ha comprometido los procesos de identificación, restitución, impartición de justicia y producción de verdad social, histórica y judicial para las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en fosas comunes.

Lo anterior se concluyó en el conversatorio “Retos, Limitaciones y Deudas del Estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México” llevado a cabo en el marco del día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Colectivas de Guanajuato junto a las pertenecientes a Chihuahua, Morelos, Coahuila, Jalisco y Guanajuato, fueron convocadas al evento para analizar las buenas y las malas prácticas en el tema forense que han vivido en la búsqueda y la petición de identificación de los miles de cuerpos que se han exhumado de fosas comunes.

El evento fue organizado por el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), Artículo 19, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Observatorio Etnográfico de las Violencias (OEV) del CIESAS y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

En este evento se contó también con la participación de la antropóloga forense colombiana Helka Alejandra Quevedo Hidalgo, quien les ayudó a realizar un balance colectivo sobre los procesos de exhumación masiva en fosas comunes en un contexto con más de 52 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo del Estado Mexicano y más de 116 mil personas desaparecidas en México.

De forma particular, los colectivos guanajuatenses Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, Luz y Justicia, Hasta Encontrarte y Proyecto de Búsqueda, Colectivos de Guanajuato plantearon un Plan Estatal de Exhumaciones en la entidad, en coordinación con autoridades nacionales.

Subrayaron que se debe dar continuidad a las mesas forenses en el estado, con periodicidad trimestral. Los Mecanismos Nacionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

“El Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), promovido desde lo local. Por último, se debe dar autonomía a los servicios periciales, reconociendo en ellos la participación a la que tienen derecho las personas buscadoras. Particularmente se debe establecer un Plan especial de búsqueda en pozos profundos y riego”, advirtieron.

Como parte del resultado del encuentro las organizaciones y colectivos participantes exigieron de forma conjunta que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo del ejecutivo federal en septiembre próximo, asuma el compromiso de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación y restitución digna de los cuerpos no identificados en México.

“Que se desarrolle una política pública de estado en materia de desaparición e identificación, articulada en un Plan Nacional de Búsqueda Integral. La designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debe hacerse en consulta con las familias, esto sería muestra del compromiso de la Presidenta electa”.

Expusieron que es urgente reconocer y atender con una política de Estado la crisis forense con estándares científicos.

“Seguimos en espera de un Plan Nacional de Exhumaciones sostenido sobre hipótesis de búsqueda e identificación, acompañado por un Plan de Intervención que detalle el flujo de trabajo; y que paralelamente a éste, se mantenga y fortalezca la búsqueda en vida y se generen planes de prevención de las desapariciones”.

En ese punto recordaron que aún está sin acatarse la orden judicial que obliga a la Fiscalía General de la República a crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) pues se necesitan bases de datos genéticas de referencia y softwares compatibles entre las distintas dependencias que participan de las dinámicas de búsqueda.

Pidieron que se promueva tanto en términos legales como prácticos una interlocución interinstitucional en todo el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, identificación y, en los casos que así corresponda, su restitución digna.

“Que tanto en el ámbito federal como estatal se priorice la búsqueda de personas desaparecidas otorgando recursos suficientes para la contratación de personal encargado de la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación y la restitución digna de quienes hayan sido localizadas sin vida”.

También que se incentive el cambio de prácticas en todas las áreas y niveles, del personal encargado de la atención de familiares en búsqueda para que orienten su acción con perspectiva de derechos humanos.

“Que la mala praxis de los servidores públicos ligados a la atención a la búsqueda de personas desaparecidas y de sus familias, y vinculadas con el resguardo de las personas fallecidas no identificadas y a los procesos de identificación, sean sancionados para reducir la revictimización e impunidad”.

Subrayaron el tema de la información y registros básicos para entender y enfrentar la crisis de violaciones graves a derechos humanos y en particular la relacionada con personas desaparecidas.

“Sabemos que existe una política de reducción de la cifra de personas desaparecidas y borrado personas en esa calidad en un censo sin metodología, ni transparencia para recortar el existente Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”.

Por lo anterior, exigieron interlocución con Claudia Sheinbaum Pardo con un representante de cada colectivo y familia de personas desaparecidas para que nos presente su plan de trabajo ante la crisis forense y de desaparición en México.