La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes (SSPE) se opone a la órden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al estado mexicano a reformar su normatividad para eliminar y modificar, respectivamente, dos formas de detención: el arraigo y la prisión preventiva.

El titular de la dependencia, Manuel Alonso García, apeló a los derechos humanos de las víctimas como principal argumento para no acatar dicha determinación, pues sostiene que de hacerse válida, se pondría en libertad a miles de personas presuntamente implicadas en delitos de alto riesgo.

“¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas? En un amparo hay mucha posibilidad de que esas personas que ahorita están prisión preventiva oficiosa puedan salir, la mayoría por delitos graves. ¿Dónde quedaría también los derechos de nosotros como policías? quienes arriesgan la vida para capturar a estas personas” opinó.

Además, señaló que la mayoría de sus homólogos a nivel nacional, fiscales y funcionarios responsables de procuración de seguridad, coinciden con su postura bajo motivos similares, ante lo que ya se toman medidas para prevenir la posible eliminación de esta figura. 

“Los secretarios de seguridad a nivel nacional hemos sido enfáticos en que estamos en contra de que se elimine la prisión preventiva oficiosa. Lo que hemos estado haciendo ultimamente es buscar que las judicializaciones se vayan de una forma en que se sometan a prisión preventiva justificada” agregó.

Fue el 27 de enero de 2023 cuando la Corte notificó a México la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en la que declaró la responsabilidad del Estado por someter a tres personas —Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López— a formas de detención intrínsecamente violatorias de derechos humanos, ordenando así la modificación a sus leyes.