El Parlamento español aprobó definitivamente este jueves 30 de mayo la ley de amnistía a los independentistas catalanes encausados por la tentativa fallida de secesión de la región española en 2017.
La ley recibió 177 votos a favor y 172 en contra en la Cámara Baja, gracias al apoyo de los diputados socialistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, y la extrema izquierda.
“El perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, escribió Sánchez en la red social X tras la aprobación.
Esta medida, que domina la vida política española desde las elecciones legislativas del pasado julio, podría beneficiar en torno a 400 personas, según una estimación del Ministerio de Justicia.
Ahora corresponderá a cada juez resolver si la amnistía es aplicable a sus casos.Los magistrados tienen dos meses para plantear cuestiones al Tribunal Constitucional o a la justicia europea a partir de la publicación de la ley en el diario oficial, lo que podría retrasar los efectos de la ley durante un tiempo.
Desde Bélgica, donde se encuentra instalado desde 2017 para evadir la justicia española, el expresidente catalán Carles Puigdemont celebró la amnistía, de la cual sería su principal beneficiado, como un paso “histórico” de los independentistas en su “combate” con el Estado español.
En un breve mensaje, no adekantó nada sobre su posible regreso a España. Su partido había dicho que podría retornar para estar presente en el debate de investidura del nuevo presidente catalán en el Parlamento regional, lo que ocurrirá a más tardar el 25 de junio.
EL CONGRESO YA HABÍA APROBADO LA MEDIDA EN MARZO
La votación en el Congreso estuvo precedida de una sesión bronca en la que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, se vio obligada a llamar la atención de los diputados en varias ocasiones.
El Congreso ya había aprobado la medida el 14 de marzo, pero el Senado, controlado por la oposición de derechas, la vetó dos meses después, devolviendo el texto a la Cámara Baja, que este jueves dijo su última palabra. Esta medida es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para ser reelegido en noviembre, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes.
Esta incómoda situación fue el resultado de las elecciones anticipadas del 23 de julio, que el Partido Popular ganó, pero sin conseguir garantizarse el apoyo de otros partidos para sumar 176 de los 350 diputados que tiene el hemiciclo.
“Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez”, lanzó antes de la votación el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), denunciando que la ley es un “intercambio de poder a cambio de impunidad”.
Los representantes del independentismo catalán definieron la ley como una victoria y aseguraron que su próximo objetivo es celebrar un referéndum de secesión. “Hoy se gana una batalla del conflicto”, aseguró Miriam Nogueras, la portavoz en el Congreso del partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña.
“Próxima parada, referéndum”, afirmó Gabriel Rufián, diputado de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro partido independentista catalán en el Congreso español.
PUNTOS PARA ENTENDER LEY DE AMNISTÍA A LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES
El PP lleva tiempo en pie de guerra contra esta amnistía, que considera “inconstitucional” y que promete derogar cuando vuelva al poder. Contra ella ha organizado numerosas manifestaciones, la última de las cuales reunió el domingo en Madrid a decenas de miles de personas.
La oposición no pierde nunca la ocasión de recordar que el propio Sánchez había expresado su oposición a una amnistía. En ese contexto, ¿cuáles son las claves de esta ley que causa profunda división en España?
A QUIÉNES BENEFICIA
Esta ley busca revertir “la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista en Cataluña”, en particular la consulta simbólica del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia del 1 de octubre de 2017.
Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, en los próximos días, se podrán anular sentencias o suprimir los procesos iniciados contra cientos de activistas y dirigentes implicados en lo que fue una de las crisis políticas más graves de la España moderna.
Unas 400 personas se podrán beneficiar, según el Ministerio de Justicia, entre ellas Puigdemont, que lideró el intento de secesión de 2017 cuando era presidente regional.
PERIODO DE LOS HECHOS
La ley abarca los acontecimientos ocurridos entre “el 1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023”.
En un primer momento el plazo era menor, pero los separatistas insistieron en incluir los dos últimos meses de 2011, preámbulo de un proceso que tuvo uno de sus puntos álgidos en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, que no tuvo efectos prácticos.
DELITOS AMNISTIADOS
Para “garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley”, el texto enumera los delitos amnistiados. Estos van desde la organización del referéndum hasta las reuniones preparatorias, pasando por la participación en manifestaciones contra la persecución de los responsables.
Uno de los aspectos más sensibles, que obligó a reabrir las negociaciones después de un rechazo inicial de los independentistas al texto a finales de enero, es la referencia al terrorismo.
El partido de Carles Puigdemont, fuera de España desde 2017 para evadir la justicia, consideraba que la primera versión no ofrecía las garantías necesarias para proteger a todos los afectados, empezando por su líder.
A finales de febrero, un mes después del fracaso de esa primera votación, el Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación por terrorismo contra Puigdemont. Lo anterior, por los disturbios que se vivieron en Cataluña en 2019.
Para evitar que sea anulada por el Tribunal Constitucional español o el Tribunal de Justicia Europeo, la nueva versión ha eliminado la referencia al Código Penal español y ha tomado como único criterio el derecho europeo, en este caso la Directiva Europea de 2017 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tienen un concepto diferente de la noción de terrorismo.
PLAZO DE APLICACIÓN Y CONFLICTO POLÍTICO SOBRE LA LEY DE AMNISTÍA A LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES
Una vez promulgada la ley y remitido el asunto a los tribunales, estos dispondrán de un plazo máximo de dos meses para ordenar “la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiarias de la amnistía que se hallaran en prisión”, y para dejar sin efecto “las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”.
Sin embargo, también podrían consultar al Tribunal Constitucional español o a la justicia europea si la ley se ajusta a derecho, lo cual demoraría considerablemente la aplicación de la amnistía.
La aplicación del Estado de Derecho, “en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”, por lo que es necesario dar “un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador”, afirma el texto.
Presentada desde el principio como una herramienta para la reconciliación, esta ley es sobre todo vital para el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, ya que era la condición que le impusieron los diputados independentistas catalanes para apoyar su investidura e iniciativas parlamentarias. N
(Con información de AFP)
