El pasado 18 de abril el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito ordenó al Congreso de Aguascalientes modificar el Código Urbano de la entidad por poner en riesgo el ejercicio y garantía de los derechos a un medio ambiente sano de la población, conforme al amparo presentado el 20 de enero de 2023 por la organización Conversa Sur.
El fallo a favor de Conversa Sur indicó que la reforma restringía los derechos ambientales de la población, toda vez que establecía menos porcentajes de áreas verdes y espacios públicos que los particulares están obligados a garantizar en sus desarrollos.
Durante el juicio, el Congreso no demostró que la reforma era una medida necesaria, proporcional e idónea que no afectara el derecho colectivo a un ambiente sano. Por el contrario, se ratificó que la conservación de las áreas de donación contribuye a garantizar la oxigenación y refresca el ambiente, entre otros elementos.
Otro punto levantado por el tribunal colegiado es el derecho al mínimo vital en materia ambiental ya que el gobierno tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a un medio ambiente sano y sustentable. Asimismo, la sentencia señaló que no se consideró que, frente a cualquier decisión legislativa, judicial o gubernamental, debe prevalecer lo que proteja más al medio ambiente.
“Esta sentencia tiene un gran impacto para las causas medioambientales y sociales en Aguascalientes. El juzgado está ordenando al Congreso cambiar el Código, eliminar los artículos que forman parte del amparo, y esto no pasa siempre. Es simplemente un hecho histórico que sienta un precedente a favor de los derechos a la vivienda y ciudad digna”, aseguró Carla Escoffié, abogada y activista en temas de ciudad, quien acompañó y apoyó a Conversa Sur en el ingreso del amparo.
“No se trata de que tener un medio ambiente sano sea responsabilidad de la sociedad, sino el Estado tiene una obligación con su población. Por eso, es necesario hacer vigilancia del actuar de los gobiernos como garantes de derechos humanos y poner la lupa sobre lo que está haciendo o no en estos temas”, expresaron miembros de Conversa Sur.
Cabe recordar que, a finales de 2022, el Congreso estatal aprobó un nuevo Código Urbano donde se redujeron los porcentajes de terreno, de 15% a 12%, que los desarrolladores inmobiliarios tienen que donar por cada nuevo fraccionamiento o conjunto habitacional, del cual una tercera parte se debe destinar a áreas verdes. Además, se amplió de 25% a 75% el área donada que puede ser sustituida por equipamiento urbano e infraestructura pública, que incluso puede ser hasta 100% para condominios verticales.
