Una reciente investigación de la organización Cántaro Azul reveló que más de 130 escuelas de nivel básico en Aguascalientes operan con agua contaminada por arsénico y flúor. Estos hallazgos, dados a conocer al entonces gobernador Martín Orozco Sandoval y al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) en 2020, generaron respuestas que prometían vigilancia y notificación a los organismos municipales de agua sobre los resultados.

Sin embargo, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), bajo el liderazgo del diputado Raúl Silva Perezchica en ese momento, no tomó medidas efectivas para clausurar los bebederos contaminados en las escuelas. Silva Perezchica argumentó que este era un asunto de competencia federal.

“Siguieron operando algunos bebederos, otros no (…) fue un tema federal, no fue una situación a nivel local, el estudio se realizó en toda la República Mexicana y se encontró en la parte del Bajío algunas sustancias. Entonces la participación fue federal, se nos dijo que la federación iba a colocar bebederos”, declaró.

Ante esta situación, el diputado José de Jesús Altamira Acosta, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso del Estado, reconoció la existencia de esta problemática de agua contaminada desde hace tiempo en el estado. Por ello, aboga por una nueva legislación que obligue a la Secretaría de Salud a llevar a cabo estos estudios con mayor periodicidad en los municipios y hacerlos accesibles al público.

“Lo recomendable es la nueva ley que estoy promoviendo donde implca a la Secretaria de Salud con estas revisiones más periodicas, que sí las hacen a los municipios una o dos veces por año, pero es recomendable bajo qué procedimientos están haciendo estos análisis en todo el estado y que los publiquen para saber que acciones se tienen que contemplar”, afirmó.

Altamira Acosta señaló que, debido a la falta de recursos, los municipios del interior tienen dificultades para realizar estos estudios, lo que resalta la necesidad de un mayor apoyo estatal. Esta iniciativa, de ser aprobada, podría representar un avance significativo en la garantía de un suministro de agua más seguro y confiable para la población.