El gobierno estadounidense acusó a Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras y Perú de haber incumplido sus obligaciones sobre la sustracción de menores (retención ilegal) por uno de los padres, en un informe publicado este lunes 27 de abril por el Departamento de Estado.
“Lamentablemente, hay países que son reacios a ratificar o adherirse a la Convención de La Haya y otros que, aunque son socios del tratado, no cumplen sus compromisos”, afirma el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, citado en el informe anual.
La Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptado en 1980, es un tratado internacional que establece un mecanismo civil para restituir a los menores que han sido trasladados o retenidos fuera de su lugar de residencia habitual en violación de los derechos de custodia.
Los Aspectos Civiles establecen un marco legal para la cooperación internacional entre los países firmantes en casos de sustracción de menores. Esto incluye la designación de autoridades centrales en cada país para facilitar la comunicación y la cooperación entre las partes involucradas en un caso.
La lista incluye 16 países, entre ellos dos nuevos: Montenegro y Polonia. Para finales de 2023, Argentina tenía dos casos sin resolver con Estados Unidos, uno de ellos desde hace 13 años y seis meses, “el más largo del Departamento de Estado en el mundo”, se lee en el texto. Brasil poseía 21 casos el año pasado.
“En 2023, dos niños regresaron a Estados Unidos desde Brasil, pero hubo retrasos por parte de las autoridades judiciales en los procesamientos de algunos casos”, afirma Washington.
En cuanto a Ecuador (dos casos en 2023), a Estados Unidos le preocupa que la disolución del Congreso haya impedido votar las reformas en el código del menor. Honduras también arrastraba dos casos. El gobierno del presidente Joe Biden reconoce que se hicieron “importantes esfuerzos” para solucionar “problemas sistémicos”.
PERÚ TIENE SIETE CASOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES SIN RESOLVER
Cita los retrasos provocados por requisitos impuestos por la Autoridad Central de Honduras, como que se realicen estudios en el hogar y evaluaciones psicológicas antes de presentar un caso.
Por último, Perú tenía pendiente siete casos, la mitad que en 2022. Estados Unidos le reprocha no revisar “sus propios procedimientos para ajustarse a la Convención, como se había comprometido (a hacer)”. Sin embargo, califica de “paso positivo” una resolución judicial por la que se designa a un juez en cada distrito.
En términos generales, si un padre presenta una solicitud de retorno o de derecho de visita en virtud de la Convención de la Haya, la información se transmite a la autoridad del país donde se cree que se encuentra el menor.
Tras confirmar la localización del niño se busca una solución voluntaria o se ofrece una mediación entre los padres. Si no llegan a un acuerdo, el caso suele pasar a la justicia. N
(Con información de AFP)
