En la extorsión convergen la advertencia de violencia, sensación de inseguridad y temor a las agresiones delincuenciales, así como una ventana de oportunidad para desactivarla. No es un secreto ni hay intenciones gubernamentales para ocultar la realidad de las cifras. Al contrario, hay aceptación ante el incremento nacional —con ejemplares evidencias de disminución focalizada— y disposición para fortalecer el marco legal, la operación policial y confianza ciudadana.
A nivel nacional, el año pasado en México se iniciaron 10,333 carpetas de investigación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2019 fueron 8,734; es decir, hubo un aumento de 18 por ciento.
En los estados con mayor tasa por cada 100,000 habitantes, Estado de México, Colima y Nuevo León, los incrementos fueron de 61.2, 93.2 y 56.5 por ciento, respectivamente. La extorsión es un problema nacional y latinoamericano.
Aunque no se conocen datos oficiales, el estudio “Impuesto de guerra: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, de la Asociación para una Sociedad más Justa, estima un costo anual de 737 millones de dólares. En El Salvador, la cifra ha llegado hasta los 756 millones, según el Banco Central de Reserva. Y en Guatemala, Global Financial Integrity, con sede en Washington, calcula 57 millones. En México, las encuestas del Inegi estiman 56.7 millones.
¿QUÉ SE PUEDE HACER CONTRA LA EXTORSIÓN?
No hay duda del impacto. Lo que hace falta es hablar de las posibilidades reales para desactivar la mayoría de los casos. En la capital nacional hay disposición política para enfrentar la extorsión, particularmente la evidenciada por Claudia Sheinbaum al combatir en 2019 el fenómeno de importación colombiana conocido como “gota a gota” o en 2022 a los “montadeudas”. Los datos indican una baja de 42 por ciento entre 2019 y 2023.
Prevenir y evitar el delito inicia con el recordatorio de su concentración, en casi un 95 por ciento, en llamadas telefónicas. Ahí está la debilidad de la trama delincuencial. Desde el Consejo Ciudadano se impulsa la estrategia colgar-verificar-denunciar, así como el uso de la aplicación No+Extorsiones, que alerta y bloquea llamadas procedentes de más de 496,000 teléfonos relacionados con el ilícito.
Hay una cierta resiliencia demostrada en más de 90 por ciento del fracaso de los intentos extorsivos, que puede continuar en crecimiento. La experiencia citadina y la cultura de la prevención ha permitido, a su vez, la preocupación activa del gabinete de seguridad encabezado por Martí Batres.
Emplear los recursos operativos y tecnológicos, así como la inteligencia ciudadana, permiten desactivar un delito con grandes posibilidades de fracaso. N
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Salvador Guerrero Chiprés es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra, y presidente del Consejo Ciudadano. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
