El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro vuelve a estar bajo el ojo público con el estallido de un escándalo por una supuesta trama para espiar a adversarios durante su mandato.
La familia Bolsonaro fue directamente señalada esta semana, con registros en un domicilio de uno de los hijos del exjefe de Estado ultraderechista, que se dice “perseguido” por el gobierno de su sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Una primera operación policial en octubre se saldó con el arresto de dos funcionarios de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), sospechosos de haber usado ilegalmente el software de espionaje israelí FirstMile, que permite rastrear la geolocalización de celulares, durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
El 25 de enero, la Policía Federal allanó la casa y la oficina del exjefe de la Abin durante el gobierno de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, y hombre de confianza del exmandatario. Y el lunes los agentes registraron una casa de playa donde se encontraba la familia Bolsonaro, así como la vivienda y la oficina de su hijo Carlos, legislador de Río de Janeiro.
El nombre de Carlos Bolsonaro ya había sido mencionado en 2020, cuando un exministro en el gabinete de su padre, Gustavo Bebianno, dijo en una entrevista que el concejal le había sugerido la creación de una Abin “paralela”.
Bebianno murió poco después de un infarto. En otras investigaciones, Carlos Bolsonaro figura como sospechoso de haber coordinado bajo la presidencia de su padre un “gabinete del odio”, una “milicia digital” encargada de denigrar a opositores en las redes sociales y de diseminar informaciones falsas.
UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, TRAS EL ESCÁNDALO
La policía afirma que una “organización criminal” constituyó una “estructura paralela” en el seno de la Abin para “vigilar ilegalmente a personas y autoridades públicas”.
Los investigadores afirman que los sospechosos usaron el programa FirstMile sin autorización para obtener ilegalmente informaciones en beneficio de Jair Bolsonaro y su círculo cercano.
El juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que autorizó los allanamientos, indicó que la policía había identificado a Carlos Bolsonaro como parte del “núcleo político” de la trama criminal.
“Los elementos de prueba recogidos hasta ahora indican que la organización criminal infiltrada en la Abin utilizó métodos ilegales para realizar actos clandestinos contra personas calificadas como opositoras”, indica uno de los documentos judiciales.
Según la prensa brasileña, la policía sospecha que la Abin espió ilegalmente a centenares de políticos, jueces y periodistas. Entre ellos estaría el propio Moraes, frecuente objeto de la ira de Bolsonaro por haber ordenado varias investigaciones contra él y su entorno.
Moraes también lidera el Tribunal Superior Electoral, que en junio declaró a Bolsonaro inelegible durante ocho años. Esto por sus declaraciones infundadas contra el sistema de votación electrónico.
Otro magistrado de la corte suprema, Gilmar Mendes, habría estado igualmente en la mira, así como el expresidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y el entonces gobernador de Ceará Camilo Santana, actual ministro de Educación de Lula.
“SOY PERSEGUIDO POR EL ACTUAL GOBIERNO”, AFIRMA BOLSONARO POR CASO DE ADVERSARIOS
“Quieren mi cabeza”, lanzó el expresidente el jueves 1 de febrero. Bolsonaro había dicho el lunes a CNN Brasil que “nunca” recibió de la Abin “información o ubicación geográfica de nadie”.
Bolsonaro se dice “perseguido” por el actual gobierno, tras caso de adversarios. “Es una tontería”, contestó Lula. En un comunicado, Carlos Bolsonaro reiteró que no tuvo “ningún vínculo con la Abin” y que nunca “solicitó o recibió información de terceros” por parte de la agencia.
El episodio sacude la confianza del gobierno de Lula en los actuales servicios de inteligencia. En la Abin comenzaron a rodar cabezas. El martes fue despedido el número dos de la agencia, Alessandro Moretti, blanco de la investigación policial, así como otros cuatro altos dirigentes.
El tercero a bordo de la Abin, Paulo Mauricio Fortunato, había sido destituido poco después de ser señalado en la operación policial de octubre. Del lado político, las sospechas de espionaje ilegal “desacreditan las prácticas del gobierno de Bolsonaro para gran parte de la población”, juzga a el politólogo Paulo Baia, de la Universidad federal de Rio de Janeiro. Si eso se traducirá en un debilitamiento del campo bolsonarista, las elecciones municipales de octubre darán algunas respuestas. N
(Con información de AFP)
