Cuando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió el cargo, en enero de 2022, con la promesa de proteger los parques nacionales y acabar con la minería a cielo abierto, las comunidades del municipio de Tocoa que vivían en una zona protegida del norte del país se mostraron esperanzadas; dos años después, la mayoría de ellas están aterrorizadas, acosadas y exigen justicia por los asesinatos de sus seres queridos que luchaban por proteger los ríos locales, de los que depende la supervivencia de su comunidad. Esta es su historia.
“Con agua hay vida. Sin ella, morimos”, dice el activista medioambiental Reynaldo Domínguez mientras contiene las lágrimas. La frase, que lleva años repitiendo como un mantra, resume una larga lucha que su comunidad ha protagonizado para salvar los ríos Guapinol y San Pedro, que abastecen de agua a cientos de personas en la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
Integrantes de la comunidad afirman que una mina de hierro establecida en la zona en 2018 está teniendo un impacto negativo en ambos ríos y afectando a la agricultura y la pesca de las que dependen. Desde entonces, han denunciado sufrir acoso y ataques por parte de las autoridades hondureñas y de la empresa que gestiona el proyecto minero.
“Las cosas han ido empeorando cada vez más”, afirma Juana Zúñiga, defensora del medio ambiente y dirigente del Consejo Comunitario de Guapinol. “Hay mucho miedo en la comunidad. La gente tiene miedo de caminar por las calles después de todos los ataques que hemos sufrido, pero sabemos que tenemos que ser fuertes y continuar, no hay otra opción”.
HONDURAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS RÍOS
La historia de la comunidad de Guapinol y su lucha se remonta a 2012, cuando el Congreso de Honduras declaró Parque Nacional la zona donde confluían ambos ríos, en la montaña de Botaderos. La idea era que el parque —que en 2016 recibió el nombre de Carlos Escaleras Mejía en honor a un agricultor que dedicó su vida a defender la tierra y el agua de la zona— quedara protegido de los efectos de las industrias pesadas, incluida la minería.
Las autoridades designaron zonas que debían estar libres de actividades que afectaran al medioambiente donde la minería solo podría llevarse a cabo tras una serie de evaluaciones, incluida una evaluación del impacto ambiental.
Las disposiciones, que parecían buenas sobre el papel, no duraron mucho. Un año después de que el área fuera declarada protegida, el Congreso decidió disminuir la zona núcleo de dicha área protegida. Esto abrió la puerta para que el Instituto Hondureño de Geología y Minas de Honduras concediera permisos de explotación minera en esta zona. En 2014, se otorgó una primera concesión a una empresa minera.
Las comunidades locales afirman que no fueron debidamente informadas ni consultadas sobre la concesión y las repercusiones que tendría en sus vidas.
“La empresa dice que no hay contaminación en el río, pero los exámenes que organizamos con expertos independientes demuestran que sí la hay. Es muy preocupante. Nos está obligando a desplazar a comunidades enteras que no pueden beber de esa agua”, afirma Reynaldo.
“NOS DA UNA TRISTEZA INCREÍBLE”
Juana Zúñiga, a quien todos llaman Monchi, dice que la pesca en el río se ha visto afectada. “Es muy preocupante y nos da una tristeza increíble. Nunca habíamos visto algo así”.
Al ver amenazado su hogar, los miembros de la comunidad se organizaron rápidamente. En 2015, formaron el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa y, en 2018, el Consejo Comunitario de Guapinol. Comenzaron a solicitar información y a presentar denuncias ante el Congreso, los tribunales locales y los organismos gubernamentales, que en su mayoría fueron desestimadas o ignoradas.
Tras sentir que nadie los escuchaba, la comunidad llevó a cabo una serie de acciones, incluido un campamento de protesta. Con el tiempo, se enfrentaron a una represión cada vez más brutal. El 27 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente el campamento, según diversos reportes.
Fue ese mismo año que el Ministerio Público solicitó orden de captura contra 31 miembros de la comunidad de Guapinol. Se les acusó de privación de libertad e incendio agravado presuntamente cometidos contra la empresa minera y uno de sus contratistas.
El Ministerio Público también acusó a los defensores de delincuencia organizada, pero las pruebas eran débiles y un Juzgado Nacional finalmente lo desestimó ese mismo año. Ocho de los líderes comunitarios pasaron más de dos años en prisión.
Reynaldo fue uno de ellos. Amnistía Internacional los declaró “presos de conciencia“, afirmando que no había pruebas que justificaran los cargos penales y que habían sido procesados únicamente por ejercer sus derechos humanos. Quedaron en libertad en febrero de 2022. Esto debería haber sido una buena noticia, pero las cosas no hicieron más que empeorar.
HONDURAS ES PELIGROSO PARA LOS DEFENSORES DE RÍOS Y TIERRAS
Defender los recursos naturales y ríos en Honduras no es tarea fácil. El país es uno de los más peligrosos del mundo para los defensores del medioambiente que trabajan para proteger la tierra y otros recursos naturales, según cifras de Global Witness.
En 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 11 asesinatos de defensores de derechos humanos en Honduras, seis de los cuales luchaban por proteger los derechos a la tierra y el medioambiente. Estas cifras aumentaron drásticamente el año pasado, con ocho defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente asesinados hasta mayo de 2023.
La región del Bajo Aguán, donde las comunidades de Tocoa luchan por proteger sus recursos hídricos, ha enfrentado un conflicto histórico relacionado con la tenencia de la tierra, con más de 160 personas que pertenecían a la comunidad asesinadas allí desde 2010.
Honduras tiene una larga y turbulenta historia de explotación medioambiental y corrupción que ha llevado al establecimiento de mecanismos internacionales de investigación. Hace siete años, Berta Cáceres, reconocida defensora de los derechos humanos y lideresa indígena lenca, fue asesinada por hacer campaña contra la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en la comunidad de Río Blanco, al oeste de Honduras.
A pesar de este contexto, Honduras aún no ha firmado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre medioambiente de América Latina y el Caribe. Su objetivo es establecer nuevos estándares de protección del medioambiente y los derechos humanos que garanticen el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales en la región, incluida la protección de las personas defensoras del medioambiente.
ASESINATO DE PROTECTORES DE LOS RÍOS DE HONDURAS
El patrón de acoso y represión contra Reynaldo y su comunidad dio un giro trágico a principios de 2023. El 7 de enero, el hermano de Reynaldo, Aly Magdaleno Domínguez Ramos, y Jairo Bonilla Ayala fueron asesinados cuando regresaban a casa del trabajo en una moto.
Cinco meses después, el otro hermano de Reynaldo, Oquelí, también fue asesinado a tiros a plena luz del día. Los tres habían sido algunos de los miembros más destacados de la comunidad que trabajaban para proteger los ríos locales.
Reynaldo afirma que los asesinatos fueron devastadores para la comunidad. Tanto que, en efecto, les obligaron a él y a su familia a abandonar su hogar. Quedarse en casa ya no era seguro.
“Todos eran muy importantes para la comunidad. Cuando todo esto empezó, nos prometimos que nos mantendríamos fuertes juntos, que siempre lucharíamos juntos para proteger los ríos”, dice, antes de lamentar el estado de la investigación.
“A las autoridades no les importa. No han hecho nada, no han detenido a nadie, la investigación está completamente estancada. Esto es Honduras, ninguna investigación avanza. Están esperando a que nos rindamos para cerrar el caso. Están enviando el mensaje de que pueden hacernos desaparecer a todos y que no pasará nada”.
Miembros de la comunidad han denunciado otros ataques. Después de que las autoridades de Honduras siguieran sin proteger a la comunidad, en octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a 30 personas: miembros del Comité Municipal y sus abogados del colectivo jurídico Justicia para los Pueblos (Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos).
EL GOBIERNO SE HACE EL DISIMULADO
El gobierno hondureño tampoco ha respondido a una carta enviada por Amnistía Internacional en noviembre de 2023 en la que se instaba a las autoridades a investigar de forma efectiva los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y a proteger a sus comunidades.
Edy Tábora, abogado hondureño y cofundador de Justicia para los Pueblos, ha litigado casos de agresiones contra defensores del medioambiente. Afirma que no ha habido avances en las investigaciones sobre las agresiones a miembros de la comunidad y que la falta de una supervisión adecuada de estos proyectos es preocupante.
“Hay un modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales que no tiene en cuenta la plena participación de las comunidades. Un modelo que solo busca ganancias y no tiene en cuenta el sufrimiento de la gente y la criminalización de las comunidades”.
Mientras los miembros de las comunidades locales continúan con su lucha, partes del proyecto minero siguen funcionando. El 9 de diciembre, cientos de habitantes de Tocoa acudieron a una asamblea municipal para rechazar un proyecto termoeléctrico de coque de petróleo, parte del proyecto minero más amplio.
LA LUCHA MERECE LA PENA
Erick Tejada, ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, prometió respetar la decisión de las comunidades de Tocoa.
Ante tanto dolor, Reynaldo y Monchi están convencidos de que la lucha merece la pena. “Nos sentimos atrapados y vivimos con miedo por todo lo que ha estado ocurriendo. Nunca pensamos que todo esto fuera a ocurrir. Sigo luchando por los ríos porque esta es mi comunidad, nuestra tierra, y llevo 60 años protegiéndola. Soy un hombre que cree en lo colectivo y siempre seguiré luchando para que Guapinol vuelva a ser lo que era”, afirma Reynaldo.
“El desarrollo no tiene por qué ser perjudicial. Nuestra lucha es por todos, porque este planeta es el hogar de todos y debemos protegerlo”, añade.
Monchi está de acuerdo. “Le pido a la presidenta que nos escuche y que cumpla su promesa de acabar con la minería a cielo abierto. Sigo luchando por mis hijas, por lo que hemos conseguido. Todo merece la pena para proteger nuestro río”, afirma. “Mientras Dios nos dé vida seguiremos luchando”. N
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Graciela Martínez González es encargada de Campañas en Amnistía Internacional.
