El pasado 7 de noviembre, se instaló de manera formal el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Aguascalientes, donde se designó al magistrado Jaime Beltrán Martínez como presidente de este órgano, creado a partir de la reforma al Poder Judicial local.
La instalación del tribunal se dio a conocer este fin de semana a través del Periódico Oficial del Estado. En el acta de la sesión, se recuerda que este órgano también estará conformado por Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, Norma Angélica Morquecho Damasco, David Ángeles Castañeda y María Guadalupe Gallegos León.
Los integrantes de este pleno eligieron la fecha para el inicio del funcionamiento material y jurisdiccional del mismo tribunal, el próximo 8 de enero del 2024.
De igual manera, el pleno aprobó el Tabulador de Sueldos y Remuneraciones del Tribunal de Justicia Administrativa para el ejercicio fiscal 2023, el cual quedó de la siguiente manera:
Reforma Judicial, entre el debate
El 29 de junio de este año, el Congreso del Estado aprobó la reforma al Poder Judicial del Estado, propuesta por la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel. El decreto se publicó días después en el Periódico Oficial del Estado.
El proyecto tenía el objetivo de ofrecer “una justicia eficiente, garantista y con perspectiva de género, además de promover su independencia y su autonomía”.
Con esta reforma, se creó el Tribunal de Justicia Administrativa, para el que se eligieron a cinco magistrados. De ellos, sólo Jaime Beltrán Martínez permanecerá en el cargo por 7 años, mientras que el resto estará en funciones por un periodo de cuatro y tres años, con posibilidad a una reelección.
Sin embargo, a inicios de septiembre se dio a conocer que se otorgó una suspensión definitiva contra el traslado de un expediente abierto en la Sala Administrativa al Tribunal de Justicia Administrativa. Esto frenaba la consolidación del tribunal, gasta que se resolviera el juicio de amparo interpuesto.
Posteriormente, se conoció que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal impulsó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma judicial aprobada en Aguascalientes.
