México Evalúa presenta su evaluación anual del sistema de justicia penal: Hallazgos. En esta décima edición, la organización pone énfasis en los derechos de las personas víctimas e imputadas en el proceso penal, y concluye que su protección es sumamente débil. 

Entre los derechos más vulnerados se destacan la presunción de inocencia y la libertad personal, ya que el 57% de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva en 2022 a nivel nacional, la mayoría bajo modalidad oficiosa.

El análisis calcula la impunidad a nivel nacional (96.3%), por entidad federativa y para 12 delitos específicos. Violencia familiar (98.6%), desaparición (96.5%), extorsión (96.4%) y abuso sexual (96.1%) reportan los mayores índices.

Ciudad de México, 11 de octubre de 2023

México Evalúa celebra el décimo aniversario de la serie Hallazgos, la evaluación independiente de referencia de la justicia penal en México. En esta edición especial hace un ajuste a su metodología, la cual, sin dejar de medir el desempeño en sí de las instituciones de justicia penal, se enfoca en conocer qué tan efectiva y eficiente es la respuesta del sistema desde el punto de vista de las personas usuarias, ya sean imputadas o víctimas, tanto en el respeto a sus derechos como en las distintas interacciones con las instituciones durante el proceso penal.

Según el reporte, uno de los derechos más vulnerados en el proceso penal es la presunción de inocencia, ya que el 57% de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva durante 2022 a nivel nacional, 53% bajo la modalidad oficiosa, y sólo en 4 de cada 10 casos se hizo una evaluación de riesgo para determinar si era necesario encarcelar a la persona.

Por otra parte, Hallazgos muestra que sólo el 14% de las personas víctimas atendidas por las Comisiones de Atención a Víctimas (CEAV) accedió a otro de los derechos fundamentales: la reparación del daño. Asimismo, revela que de las 2,065,630 carpetas de investigación abiertas en 2022 que involucraron al menos a una persona víctima u ofendida, únicamente 156,590 fueron representadas por las CEAV durante el proceso penal.

“El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas usuarias del sistema de justicia, y el primer paso para atender esta demanda es invertir en el fortalecimiento de las instituciones para que sean capaces de garantizar el acceso a la justicia a la población”, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa. 

El Índice de Impunidad es un indicador calculado desde 2017 por Hallazgos, como una herramienta que le permite a la ciudadanía valorar año con año el desempeño de las instituciones de justicia penal. Para 2022, año de evaluación de esta edición especial de Hallazgos, el promedio nacional de impunidad fue de 96.3%, 4.5 puntos porcentuales más que en 2021, cuando se ubicó en 91.8%. Las entidades que reportaron mayores niveles son Hidalgo (99.6%), Colima (99.5%), Jalisco (99.5%) y Ciudad de México (99.1%), mientras que las menores son Michoacán (82.0%), Baja California (87.7%), Chiapas (89.1%) y Sonora (89.3%).

En esta ocasión México Evalúa presenta un cálculo de la impunidad específica para 12 delitos a nivel nacional. Violencia familiar (98.6%), desaparición (96.5%), y extorsión (96.4%) y abuso sexual (96.1%) reportaron los mayores índices.

Hallazgos 2022 subraya la necesidad de que existan estrategias de priorización y canalización de recursos, para que en las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad se concentre una parte importante de los esfuerzos institucionales. En este sentido, Chrístel Rosales, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, explicó: “Observamos que 16 fiscalías han incorporado políticas de priorización en la persecución de delitos, con el fin de optimizar sus recursos de investigación. Esto deberá reflejarse en la disminución paulatina de la impunidad en delitos específicos como homicidio, feminicidio o desaparición. Lograrlo representaría un modelo para replicar en otras entidades o fenómenos criminales”.

El estudio analiza la duración de los procesos penales y encuentra que, en promedio, un juicio oral dura 486 días a nivel nacional, lo cual vulnera el derecho constitucional a que una persona sea juzgada en un plazo menor a un año, establecido en el artículo 20 constitucional.

Tras estudiar la proporción de detenciones ilegales, Hallazgos descubre que en Colima el 50% de las detenciones fueron calificadas como ilegales por un juez de control, al igual que el 47% en Jalisco y el 45% en Tlaxcala. En contraste, en Nayarit (2.1%), Sonora (2.2%) y Nuevo León (2.5%) las detenciones calificadas como ilegales se mantuvieron en bajos niveles, mientras que el promedio nacional es de 10.5%, una mejora de 5 puntos porcentuales respecto de 2021. El control de la legalidad de la detención es un examen de la autoridad judicial sobre las condiciones de la privación de la libertad de una persona, por lo que su incumplimiento compromete el derecho al debido proceso. 

Según la evaluación, sólo el 4.3% de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación pasaron a vinculación a proceso; la mayoría fue por robo (28.9%), narcomenudeo (13.3%) o lesiones (9.6%). Ante este panorama, la organización plantea aumentar el uso de salidas alternas en delitos que no comprometan la vida o la integridad de las personas, para así reducir la carga de trabajo en las instituciones y permitir que se puedan agotar líneas de investigación y de acción en delitos como homicidio, secuestro, feminicidio o desaparición.

Finalmente, el Ranking de Capacidad Institucional –el cual analiza las condiciones de política pública, así como de personal, infraestructura y organización de las instituciones– muestra que Querétaro obtuvo el mayor puntaje a nivel nacional, con 1,205 puntos, seguido de Coahuila, con 1,022 puntos, de los 1,400 del estándar 2022.

Algunas recomendaciones para elevar el acceso y la calidad de la justicia incluidas en el reporte:

Implementar un Modelo Nacional de Procuración de Justicia con análisis sobre distribución de competencias, asignación del presupuesto y priorización de fenómenos.

Incorporar el Servicio Profesional en la Constitución, garantizar procesos de designación abiertos para titulares del sector y la publicidad de indicadores.

Aumentar la colaboración entre el Ministerio Público y las Unidades de Medidas Cautelares para aprovechar evaluación de riesgos, optimizar medidas cautelares en libertad y evitar prisión oficiosa.

Fortalecer presupuestalmente a órganos garantes de derechos: Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, Defensorías y Unidades de Medidas Cautelares.

Reactivar las comisiones de Ejecución Penal, contar con un plan formal de servicios postpenales y dar seguimiento a su cumplimiento.

En la presentación del documento participaron el senador Emilio Álvarez Icaza; Patricia Olamendi, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos; Taissia Cruz, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública; Jene Thomas, director de la misión de USAID en México, e Irina Burgaza, asistente de Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann. N