En mayo de 2021, colapsó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, causando la muerte de 26 personas e hiriendo a otras cien. A poco más de dos años de la tragedia, aún no hay detenidos, sólo algunos imputados.
Este terrible acontecimiento, si bien es uno de los más recientes, no significa que sea el único o que este fenómeno sea exclusivo de este gobierno. México arrastra una dolorosa lista de tragedias que, sin importar el partido político, tienen el mismo origen, la corrupción, un cáncer social que mata y lacera la dignidad humana. Basta con hacer un poco de memoria.
En 1986, CONASUPO compró más de 28,000 toneladas métricas de leche a Irlanda, país expuesto a la radiación por el accidente nuclear de Chernobyl y teniendo como consecuencia que, con posterioridad, se encontraran residuos de Cesio radioactivo en varias muestras lácteas de las comercializadas en México. De acuerdo con un estudio publicado por el Congreso de la Unión en 1999, “nunca se desarrolló un seguimiento epidemiológico especial para atender a la población que consumió la leche contaminada”. En junio de 2009, ocurrió en Hermosillo el lastimero siniestro de la Guardería ABC, consecuencia de un incendio en el inmueble contiguo. Éste hecho, evidenció la asignación irregular por parte del IMSS, de un contrato de subrogación de servicios de guardería a un privado sin la experiencia suficiente (presuntamente, relacionado con la familia presidencial), ocasionando la muerte de 49 infantes y lesionando permanentemente a 106 personas más.
Entre 2011 y 2012, Guillermo Padrés, entonces gobernador de Sonora, construyó ilegalmente en uno de sus ranchos, una presa de agua privada con capacidad para cuatro millones de metros cúbicos, afectando a casi 300 mil pobladores de la población vecina de Bacanuchi (misma que, años después, volvería a ser afectada por otro acto de corrupción, la contaminación del Río Sonora por parte de Grupo México). Asimismo, durante el sexenio de Javier Duarte en Veracruz (2010 a 2016), las quimioterapias para niñas y niños con cáncer de la entidad fueron sustituidas por agua destilada, además de adquirirse 70,000 pruebas falsas de detección de VIH. En ambos casos, si bien los funcionarios fueron procesados, las víctimas nunca se cuantificaron ni se emitió ningún tipo de reparación.
En este sexenio, además de la catástrofe de la Línea 12, no hay que olvidar los más de 300 mil muertos de la pandemia derivados de la mala administración de las autoridades sanitarias (que tiene en curso una acción penal en contra del Sub-Secretario López Gatell). Asimismo, el IMSS de Zoe Robledo, arrastra entre otros escándalos, 17 muertes tras una inundación en el Hospital General de Zona No. 5 de Tula, y 36 más en el No. 83 de Morelia, por una falla en el suministro de oxígeno. Por su parte, la administración de Pedro Zenteno en el ISSSTE tampoco se escapa, basta con recordar la adjudicación directa a la empresa IMEDIC que, tras incumplir con la prestación de servicios de imagenología, dejó un total de 57,595 pacientes afectados, de los cuales nueve fallecieron y otros 2,573 más se encontraban graves hasta agosto del 2022.
En los casos de corrupción descritos persiste un común denominador, la existencia de graves afectaciones a los derechos humanos. Prerrogativas básicas como la salud, la alimentación, el medio ambiente, el acceso al agua y a su saneamiento, el proyecto de vida o la vida misma fueron severamente vulneradas, aunado a un sinfín de impactos indirectos en otros derechos, como los económicos, sociales y culturales, entre muchos otros.
El combate a la corrupción exige nuevos y necesarios abordajes pues, la estrategia actual, es insuficiente. Desde 2019, la Comisión Interamericana advirtió la pertinencia de diseñar estrategias integrales de lucha contra este mal, con enfoque de derechos humanos, a efecto de garantizar el fortalecimiento institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de cuentas y el monitoreo sobre las actividades públicas y privadas.
Decía Cicerón que, servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal resultaba no sólo inmoral, sino criminal y abominable. El pensador romano no se equivocaba, a la luz de los derechos humanos la corrupción y la impunidad se acercan cada vez más a crímenes humanitarios, que a faltas administrativas y patrimoniales.
Adalberto Méndez López
Abogado y Consultor Internacional en materia de DD.HH., RBC y ESG. Integrante del Comité Internacional de IASE y del Consejo Consultivo de la CNDH. Fundador de la firma de consultoría B-WISE Conducta Empresarial Responsable y Catedrático de la Universidad Panamericana. N
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