El gobierno de Colombia y los alcaldes de las principales ciudades lanzaron una campaña de desarme que consiste en otorgar dinero a cambio de la entrega de armas, anunció el Ministerio del Interior. El objetivo es conseguir la “paz total”.
“La ruta a seguir considera una campaña de desarme, encabezada por el presidente de la república y los alcaldes, mediante una estrategia conjunta que contemple la posibilidad de hacer ofertas de pago por las armas”, indicó el ministerio en un comunicado de prensa emitido este lunes 6 de febrero.
“ARMAS POR DINERO”
El anuncio se dio al término de un concejo de seguridad con funcionarios del gobierno, altos mandos militares y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. En tanto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, indicó que el objetivo de la campaña es “combatir el delito callejero y el crimen organizado en los centros urbanos”.
Asimismo, el desafío es negociar la paz con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar con miras a desactivar el conflicto armado de más de medio siglo. A su vez, el mandatario propuso que se dejen de emitir permisos especiales de porte de armas, aunque la iniciativa todavía no es un hecho.
Según la organización Small Arm Survey, en 2017 había 4.9 millones de armas de fuego en manos de civiles en Colombia. Unas 4,2 millones serían ilegales, en el país de 50 millones de habitantes.
“La meta es reducir drásticamente los homicidios, las extorsiones, el hurto y el atraco callejero que está en la calle agobiando a los colombianos, nos referimos a ese delito que está afectado a las personas que se movilizan en el MIO, en TransCaribe, en el Transmilenio”, reveló el ministerio.
COLOMBIA Y SU “PAZ TOTAL”
En tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sugirió implementar mayor número de reformas para fortalecer la “infraestructura de seguridad y justicia” en las urbes azotadas por la delincuencia. Entre ellas crear “centros transitorios de detenciones” en donde paguen penas cortas atracadores, ladrones y extorsionistas.
Pese al desarme de la guerrilla de las FARC en 2017, en Colombia persiste un conflicto interno que en seis décadas deja más de 9 millones de víctimas, la mayoría desplazados.
Esta semana, la justicia de Estados Unidos y la fiscalía colombiana indicaron que “están preocupadas” por la posible suspensión de órdenes de captura a narcotraficantes con pedido de extradición que propone el presidente Gustavo Petro en su política de “paz total”, según dijo el fiscal Francisco Barbosa.
En el marco de una “ley de sometimiento” que Petro envió al Congreso, y que se discutirá en las próximas semanas, el Ejecutivo solicitó suspender las órdenes de captura contra ciertos narcotraficantes, algunos del poderoso Clan del Golfo. N
(Con información de AFP)
