LA AGENDA migratoria entre México y Estados Unidos es una de las más complejas en la relación bilateral. Esta incluye flujos regulares, irregulares, también llamados ilegales e indocumentados, así como migración laboral, temporal o permanente, así como migración adulta, infantil, masiva o individual. Cada una de estas adquiere particularidades, y por más acuerdos y negociaciones para atenderla, los números de migrantes parecen colapsar los distintos sistemas e instituciones para su atención en ambos lados de la frontera.
Con base en los datos que publica el Consejo Nacional de Población (Conapo), en Estados Unidos hay alrededor de 38.5 millones de personas residentes de origen mexicano. De acuerdo con esta fuente, más de 12 millones nacieron en México y, al superar los 26 millones, ya son segunda y tercera generación que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos, no obstante, su identidad sigue identificada de origen mexicano.
De esta gran cifra de inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos el 19 por ciento arribó a la Unión Americana en la década de 2006 a 2016. No obstante, estas cifras se refieren únicamente a la población censada, a la que se suma una cifra desconocida de inmigrantes indocumentados que todos los días cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.
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Estimaciones arrojan que cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados mexicanos permanecen en territorio estadounidense, a los que se suman otra cifra no precisa de personas procedentes del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), quienes utilizan el territorio mexicano en su travesía para alcanzar el “sueño americano”.
Esta ya compleja realidad se ha agravado en los últimos meses. La problemática ya no radica únicamente en los miles de mexicanos que cada día intentan cruzar la frontera, tampoco se trata de los centenares de indocumentados de América central. La presencia de haitianos, quienes vienen recorriendo el continente desde Chile, Argentina y otros países en avanzada hacia el norte, ha agudizado la tensión en la frontera de Estados Unidos con México.
Ya hace varias semanas los migrantes haitianos generaron una crisis en Ciudad Acuña y Del Río, Texas. Esta crisis aún no resuelta, a pesar de las extremas medidas tomadas por el gobierno estadounidense y la casi inacción de las autoridades mexicanas, está en los umbrales de un agravamiento toda vez que se estima que en Chiapas hay más de 30,000 migrantes irregulares haitianos que, de acuerdo con la legislación mexicana, no cumplen con los criterios para solicitar condición de refugiado tal y como lo establecen los lineamientos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
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Tan solo en lo que va de enero a septiembre de 2021 la Comar ha recibido más de 90,000 solicitudes de refugio de personas procedentes de Honduras, El Salvador, Venezuela, Cuba, Haití, Guatemala y Nicaragua principalmente, de las cuales el mayor número lo tiene Honduras, con 31,894 solicitudes, siguiéndole Haití con poco más de 26,000. Sin embargo, el número de solicitudes aceptadas apenas llega a 20,000 casos, de los que para los haitianos la cifra apenas supera las 1,000 solicitudes aceptadas.
Esta situación ha generado que alrededor de 30,000 migrantes originarios de Haití se encuentren varados en la ciudad de Tapachula, Chiapas, y estén próximos a iniciar un recorrido para llegar a la Ciudad de México y de ahí dirigirse hacia el norte del país para alcanzar suelo estadounidense.
Nos encontramos ante un serio dilema entre las concepciones de seguridad nacional y la defensa y promoción de los derechos humanos de estos migrantes que salen de su país con el anhelo de alcanzar mejores condiciones de vida. Hay diversas voces que se posicionan respecto de esta problemática; las hay desde quienes sostienen el derecho de estos inmigrantes a recibir asilo hasta aquellas voces que los ven como una amenaza y riesgo.
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En una época de pandemia como la actual, en la que después de más de 18 meses de confinamiento la recuperación económica se empieza activar y la pandemia parece dar tregua, el tema de los haitianos, particularmente, adquiere connotación de riesgo toda vez que cuando se revisan los datos mundiales de vacunación estos son muy disímbolos.
En la página Our World in Data de la Universidad de Oxford encontramos que, mientras países como Estados Unidos ya han vacunado al 64 por ciento de su población, otros como Japón ya han inoculado a más del 70 por ciento de sus habitantes; por otra parte, países como Camerún apenas han logrado el 1.4 por ciento, en tanto que Haití cuenta con un 0.4 por ciento de población vacunada.
Estos datos deben ponerse sobre la mesa cuando se aborda la problemática de la frontera México-Estados Unidos y de la presencia de estos miles de haitianos que transitan desde la frontera sur del territorio mexicano hasta las ciudades del norte del país con miras a lograr cruzar el Río Bravo.
Así visto el tema de la vacunación, no es solo un asunto de salud, sino de seguridad nacional con carácter de urgente en la agenda bilateral entre la Casa Blanca y Palacio Nacional. N
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Luz Araceli González Uresti es profesora investigadora de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
