De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia por COVID-19 a la fecha se han registrado más de 289 mil decesos por contagios en México, siendo las comunidades rurales o peri-urbanas grupos especialmente vulnerables. Aunado a lo anterior, en años recientes fenómenos como la migración, la baja tecnificación y los productos importados a bajo costo, han modificado drásticamente las capacidades productivas de los ejidos y las comunidades agrarias mexicanas.
Alrededor de un 50% del territorio nacional se encuentra bajo un régimen ejidal o comunal, con características poco homogéneas en cuanto a la distribución de recursos y nivel socioeconómico. Muchos ejidatarios cuya edad promedio era avanzada fallecieron, dejando grandes extensiones de tierra intestadas o en procesos inconclusos de compraventa, regularización, certificación o titulación entre otros estatus jurídicos.
Por su parte el Registro Agrario Nacional (RAN) que se encarga de la tenencia de la tierra ejidal y comunal a la par de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria, se ha visto especialmente limitado por las medidas sanitarias dispuestas a nivel Federal. Esto ocasionando un retraso de casi dos años en trámites en proceso y una lista incalculable en espera de citas, que rebasan la capacidad burocrática de dicho órgano desconcentrado.
Si a la tasa de mortalidad le añadimos los altos gastos ocasionados por hospitalización e insumos escasos, como oxígeno o medicamentos especializados, entre muchas otras variables derivadas de la situación socioeconómica, se plantea un fenómeno sin precedentes en cuanto a la tenencia de la tierra a nivel nacional. Es decir, mientras que por generaciones los predios se han concentrado en pocas manos, en este momento la oferta de propiedades supera la demanda.
Las vicisitudes y las herencias se han convertido en catalizadores que reestructuran el acceso y distribución de la riqueza patrimonial, siendo las empresas en sectores clave las más beneficiadas. Desde el comercio en línea, tecnología, logística, farmacéuticas hasta textiles, han incrementado sus utilidades por el alza de los precios y el aumento de la demanda de sus productos o servicios. Esto implicando una mayor necesidad de espacio en cuanto a los centros de distribución, bodegas e inclusive hangares.
Al requerir las empresas una mayor extensión de tierra por el incremento de la operación, los ejidos resultan sumamente atractivos por el precio que generalmente va por debajo de cualquier predio regularizado en régimen de propiedad privada. Pero, de nueva cuenta, pese a los esfuerzos de adquisición de los conjuntos de parcelas que componen los polígonos, las dependencias gubernamentales que no cuentan con el capital humano o los recursos suficientes para agilizar los procesos, ponen en riesgo los incentivos de inversión.
El costo al mediano y largo plazo de perder inversión directa, puede sin duda obstaculizar el desarrollo regional, tanto a nivel macroeconómico como a nivel microeconómico respecto de las familias que dependen de la venta de los predios para solventar sus necesidades.
Desde luego que el “desarrollo”, representa un amplio debate, especialmente cuando se habla de temas como la tierra, que comprenden una ideología nacional arraigada desde la revolución, tanto en el sentir de las personas como en materia legal, usos y costumbres. Especialmente, si las opciones se concretan en los sectores comerciales, industriales y habitacionales, que, por las malas practicas particulares y las regulaciones poco implementadas, han detonado condiciones infrahumanas, contaminando en muchos casos y devastando los recursos naturales de los cuales dependen los ecosistemas y las comunidades.
El reto para las partes involucradas es el de encontrar mecanismos de cooperación tanto legales como tecnológicos y organizacionales, que permitan efectuar operaciones reguladas sin abusar de la vulnerabilidad de las familias que comprenden al ejido mexicano. Desde las instituciones, se debe sensibilizar a los funcionarios públicos para privilegiar el consenso en el primer nivel, que corresponde a la base social productiva de la que depende toda la economía nacional.
*Artículo escrito por Adriano E. Romero Dueñas quien es Internacionalista y Politólogo. Director de Relaciones Corporativas y Gubernamentales @tierranedmex y Maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Amberes, Bélgica
