A DÍAS de su primera visita oficial a México, la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, demuestra buena voluntad para abordar asuntos migratorios partiendo de la cooperación bilateral. En los últimos meses, y frente a la presión para disminuir la migración proveniente del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), los gobiernos de México y Estados Unidos han encontrado un punto de sinergia: los programas de trabajo temporal. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que aumentaría el número de visas H-2B para trabajo temporal no agrícola, separando una cantidad para el Triángulo Norte. Y AMLO, por su parte, ha planteado ofrecer visas de trabajo a quienes completen un año de su programa Sembrando Vida.
Donde AMLO y Harris ven un remedio rápido, quienes trabajamos en la defensa de derechos de personas migrantes percibimos una estrategia incongruente y arriesgada. Lejos de cumplir con la promesa de combatir las causas raíces de la migración, estas propuestas apenas rozan la superficie del asunto al ignorar violaciones de derechos humanos —tanto para las decenas de miles de personas mexicanas con visa de trabajo como para solicitantes de asilo que huyen de situaciones peligrosas en el Triángulo Norte.
Pese a la testarudez de etiquetarles como migrantes económicos, quienes solicitan asilo se dirigen a Estados Unidos para huir de situaciones que atentan en contra de su seguridad. Como su nombre lo indica, las visas de trabajo son temporales. Sin un camino a la ciudadanía ni a la residencia permanente, las personas migrantes con visa de trabajo están destinadas a regresar a su país de origen una vez que termine su contrato después de algunos meses. Por lo tanto, una visa de trabajo no ayuda a quienes intentan escapar del crimen organizado o persecuciones a causa de su orientación sexual, inclinaciones políticas o religión. En este contexto, una visa de trabajo temporal es esencialmente una sentencia para que esta población vuelva a su país para ser violentada.
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Y para los cientos de miles de personas solicitando asilo, los programas de migración laboral ni siquiera proveen un puerto seguro. A lo largo de los últimos 15 años, el Centro de los Derechos del Migrante, Inc. (CDM), la organización binacional para la que trabajo, ha documentado miles de casos de abuso, demostrando que la estructura de estas visas favorece la explotación de las personas migrantes. Los empleadores estadounidenses se aprovechan de la falta de movilidad laboral y de las protecciones laborales deficientes dentro de los programas. Si un trabajador con visa reporta violaciones a sus derechos, es probable que sea despedido y pierda su estatus migratorio.
Las mujeres migrantes son más propensas a enfrentar abusos. Este es el argumento de la primera queja en contra de Estados Unidos bajo el T-MEC presentada por el CDM y dos trabajadoras migrantes mexicanas. En ella alegaron discriminación sistemática en contra de mujeres; se les niegan oportunidades laborales bajo estos programas, o se les canaliza a trabajos con salarios más bajos en los que enfrentan violencia y tienen acceso limitado al sistema de justicia estadounidense.
Se puede asumir con certeza que las condiciones serían peores para las y los trabajadores provenientes del Triángulo Norte. Estas visas basadas en la impunidad y vacilación negarían a esta población el derecho a la seguridad a través del asilo y las encarrilaría a un sistema que facilita su explotación.
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Dejemos claro que esta propuesta no es una solución rápida. El utilizar los programas de trabajo temporal como moneda de cambio para apaciguar la demanda de mano de obra es parte de una tendencia más grande de privatizar la inmigración.
En lugar de conceder asilo y acatar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, los gobiernos de México y Estados Unidos están delegando sus responsabilidades y poniendo los derechos humanos en manos de empleadores estadounidenses con un historial lleno de abuso y prácticas de contratación discriminatorias.
Sin importar si este enfoque es un resultado de la idealización de los programas de trabajo temporal o de la ignorancia deliberada sobre las realidades letales que se viven en el Triángulo Norte, indudablemente es un ejemplo de cooperación multilateral contraproducente. El recurrir a los programas de trabajo temporal producirá daños irreparables a esta población y, por lo tanto, a la región en la que habitan. N
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Evy Peña es directora de comunicaciones en el Centro de los Derechos del Migrante, Inc., organización binacional que se dedica a la defensa de derechos de personas migrantes mediante procesos organizativos, incidencia política y servicios legales. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
