LAS NUEVAS leyes aprobadas en Florida y Oklhoma, entre otros estados, para suprimir las protestas del movimiento por la justicia racial Black Lives Matter parecen “violar la legislación internacional y la Constitución de Estados Unidos”, asegura un experto de la ONU en derechos humanos.
“Las vagas definiciones de ‘disturbios’, ‘intimidación por parte de turbas’ y ‘obstrucción’ como se establece en estas leyes brindan una discreción excesiva a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para intimidar y criminalizar las actividades de protesta legítimas”, dice Clément Voule, relator especial sobre el derecho de reunión y asociación.
Voule teme que estas normativas sean parte de un “efecto bola de nieve que empezó en 2017 con legislación anti protestas que se está expandiendo por todo el país” y “urge encarecidamente a todos los Estados a evitar ir por ese mismo camino”.
Según el comunicado del relator, desde mayo de 2020 se han presentado 93 propuestas de ley en 35 estados.
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Las leyes, añade, promueven un ambiente que permite la violencia contra los manifestantes al crear inmunidad legal para las personas que hieran o incluso maten a manifestantes pacíficos. “El ataque al movimiento Black Lives Matter, mientras se crean protecciones legales para quienes lo agreden, es profundamente perturbador”, dijo Voule.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó en junio de 2020: “Necesitamos alzar la voz en contra de todas las expresiones de racismo y todos los casos de comportamiento racista”.
Después del asesinato de George Floyd, la consigna Black Lives Matter, —que se traduce literalmente como la vida de personas negras importa—, resuena en los Estados Unidos y el mundo entero, y es más que un lema. De hecho, no sólo importa, son fundamentales para el logro de nuestra dignidad humana común, dijo. N