Defensores del uso medicinal de la marihuana acusaron de desacato al secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, al no dar cumplimiento a un mandato judicial que lo obliga a brindar tratamiento a base de cannabis a más de 25 personas amparadas, razón por la que demandan a las autoridades federales llevar a cabo una auditoría a la dependencia legal.
Víctor Humberto Rocha, director de investigación de la fundación Loto Rojo, A.C. y Emmanuel Farías, consejero legal del organismo, indicaron que, de acuerdo a la propia Secretaría de Salud a nivel federal, la dependencia local a cargo de Pérez Rico, sí tiene competencia, además de contar con los recursos suficientes para proveer cannabis como tratamiento médico.
En conferencia de prensa efectuada este 13 de abril, los activistas resumieron lo que denominaron “un tortuoso camino legal” para lograr la legalización del uso medicinal de cannabis.
En 2017 se publicó una reforma a la Ley General de Salud reconociendo los usos terapéuticos de la marihuana; entonces se estableció un plazo de 180 días para que la Secretaría de Salud a nivel federal, a través de Cofepris, emitiera un reglamento para conducir la política pública de su uso. Sin embargo, hasta el 12 de enero de 2021 se publicó el reglamento.
En el inter, la fundación Loto Rojo, promovió una demanda de amparo que se admitió en 2019 y en julio de 2020 un tribunal colegiado concedió la suspensión definitiva, medida cautelar que tiene el fin de proteger a las personas, ordenándose a las autoridades de Salud a brindar tratamiento a base de cannabis a las personas amparadas.
En octubre de 2020, en el Congreso del Estado de Baja California se reunió la asociación civil Loto Rojo con las autoridades de la Secretaría de Salud del estado y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) para acordar las acciones tendientes a cumplir con resolución del juez Quinto de Distrito.
Sin dar cumplimiento a los acuerdos judiciales, en diciembre de 2020, Alonso Pérez Rico respondió que no es de su competencia el proveer tratamiento a base de cannabis, además de carecer de presupuesto suficiente para adquirir medicamentos diferentes a lo que contiene en el cuadro básico de salud.
En seguimiento, la Secretaría de Salud a nivel federal desmintió las afirmaciones del secretario de Salud, advirtiéndole en un documento de respuesta que sí tiene competencia y sí cuenta con recursos. De acuerdo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2021, el cual es de 2 mil 625 millones de pesos.
No obstante, Pérez Rico continúa sin atender la demanda de los amparados con el apoyo de Loto Rojo, por lo que la fundación demanda la realización de una auditoría a la dependencia que revelé en qué se gasta el presupuesto de salud.
Andrea Cuevas, doctora especialista en Cannabis medicinal y encargada del área médica nutricional para pacientes terminales, especialmente pacientes oncológicos o crónico degenerativos, anotó que la Secretaría de Salud del estrado, no a permitido que Coepris, autorice la importación de cannabis medicinal para los pacientes de la fundación, como también se estableció en el mandato judicial.
Desde el inicio del proceso legal cinco pacientes amparados han fallecido, dijo.
A nivel nacional se tiene el registro de 2 mil 500 pacientes que buscan el uso alternativo de la marihuana como tratamiento médico, de los cuales el 80% radican en Baja California.
De los pacientes ubicados en Baja California, el 60% son menores de edad, como el caso de la menor Aranza Ortiz Arreola, cuyos padres tienen que recurrir a ciudadanos norteamericanos para cruzar a México cannabis orgánica.
“Esa es la razón por la que acudimos a las leyes federales e iniciamos un proceso legal, para que permitan la importación de cannabis natural, procesada en forma totalmente orgánica, lo que en México no se produce”, detalló la doctora Cuevas.