HACE unos días, acompañados por un solicitante de asilo africano que sirvió como traductor, Newsweek logró acceder al campamento de migrantes de El Chaparral en Tijuana, México, frente al cruce fronterizo de San Ysidro, cerca de San Diego, al que más de 2,000 personas consideran su hogar, algunas de ellas, desde hace más de cinco años.
Estas son las historias de cuatro migrantes que viven en el campamento. Por su seguridad y protección no los fotografiamos y les hemos dado nombres ficticios.
A cada uno de ellos le preguntamos: “¿Qué significa para ti el sueño americano?”
Javier llegó al campamento de Tijuana proveniente de Honduras. En su país la banda local lo extorsionaba, de manera que le resultaba cada vez más difícil alimentar a sus hijos. Javier se atrasó en un pago, lo que de inmediato puso su vida en peligro.
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Un día los pandilleros vieron al hermano de Javier viajando en la motocicleta de este. Lo asesinaron creyendo que era él. Tan pronto como se enteró, Javier reunió a sus hijos, tomó todo lo que pudo cargar, y se dirigió a Estados Unidos. En su trayecto hacia México fueron asaltados dos veces.
Aun así, sabe que está más seguro en el campamento de migrantes de Tijuana que en Honduras.
“Mi sueño americano es el bienestar de mi familia y un mejor futuro para mis hijos”, dijo. “Se trata de la seguridad de mi familia”.
La extorsión es una de las principales razones de la migración proveniente del Triángulo del Norte, informó el Consejo Noruego para Refugiados. En un informe publicado en 2020, el Consejo encontró que los habitantes de esa región frecuentemente están sujetos a la extorsión cotidiana, la cual frecuentemente se acompaña de amenazas violentas, secuestros y violencia sexual.
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El Salvador, Honduras y Guatemala, las naciones que conforman el Triángulo del Norte, son tres de los seis países más pobres del hemisferio occidental. Habiendo tantas personas que apenas logran subsistir, pocas de ellas pueden pagar las extorsiones a las pandillas. E incluso si logran hacerlo de alguna manera, muchas de ellas enfrentan la violencia de las pandillas por otras razones.
Mara se identifica como lesbiana. Los pandilleros de su nativa Honduras le dijeron a ella y a su novia que las iban a matar por su preferencia sexual. Aunque la discriminación contra los miembros de la comunidad LGBTQ+ es ilegal en Honduras, ellos suelen ser objeto de persecuciones. Amnistía Internacional informa que, entre 2009 y 2017, alrededor de 264 miembros de la comunidad LGBTQ+ fueron asesinados en Honduras. Señalan que esa cifra probablemente está por debajo del número real debido a la dificultad para obtener datos precisos por parte del gobierno.
Para Mara, el sueño americano significa sobrevivir.
Una persona que enfrenta la persecución por “pertenecer a un grupo social en particular” califica como refugiada, de acuerdo con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, emitido en 1967 por Naciones Unidas, y que ha sido firmado por Estados Unidos. Asimismo, las personas perseguidas por causa de su “opinión política” también califican como refugiadas.
Alejandro llegó al campamento proveniente de Nicaragua. Durante el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega, los opositores a su partido político socialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, enfrentaron violencia y muerte. Alejandro, que nunca ha sido políticamente activo, recibió una invitación para unirse al partido, pero decidió no hacerlo.
Oficiales gubernamentales lo buscaron y le dieron un tiro en el cuello. Gravemente herido, logró sobrevivir y volver a casa. Le dijo a su esposa y a sus hijos que se prepararan de inmediato para huir del país.
Alejando sueña con la libertad para trabajar.
“No puedo hacer nada en mi país de origen debido al régimen”, afirma. “No hay trabajo. La economía se desmorona. Solo quiero llegar a Estados Unidos para desarrollarme y ayudar a mis familiares que se quedaron en casa”.
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Mientras que, en el pasado, los varones viajaban solos para migrar a Estados Unidos en busca de trabajo y enviar dinero a sus familias, con la inestabilidad en sus países de origen hay cada vez más hombres que tratan de llevar a sus familias con ellos.
En 2013, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a un total de 15,000 unidades familiares (es decir, un tutor legal que viaja con un niño) en la frontera suroeste de ese país. En 2017, el primer año del gobierno de Trump, esa cifra alcanzó casi 76,000. En 2018 aumentó hasta 107,000. En 2019 creció por encima de 473,000. En 2020, aún con la pandemia de covid-19, dicho número superó las 52,000 personas.
Yadira decidió salir de Honduras para tratar de salvar a su hija.
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Ella huyó de su casa cuando pandilleros locales trataron de violar a su hija de 13 años. Tomó un autobús para salir del país y pidió limosna de estación en estación hasta reunir el suficiente dinero para pagar el siguiente viaje. Señala que los ciudadanos mexicanos la desprecian y no la tratan como a una igual. Sin embargo, afirma que en el campamento ha encontrado apoyo, y mantiene su optimismo con un sueño que la mantiene viva.
“Más que un sueño, Estados Unidos es una necesidad”, dice. “Necesitamos protección. Necesito una mejor vida para mi familia”. N
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
