EL trato del gobierno chino a los uigures ha violado “todos y cada uno de los actos” prohibidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio, indicó un informe de decenas de expertos internacionales difundido este martes.

El reporte del centro de estudios Newlines Institute for Strategy and Policy, basado en Washington, ofrece un análisis independiente de la responsabilidad legal que podría tener Pekín sobre sus acciones en la región noroccidental de Xinjiang.

Activistas de derechos denunciaron que Xinjiang alberga una vasta red de campos de internamiento extrajudicial donde se mantienen al menos un millón de prisioneros, y que China ha defendido bajo el argumento de que son centros de formación profesional para evitar el extremismo.

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“Los uigures están sufriendo graves daños físicos y mentales a causa de la tortura sistemática y el trato cruel, incluida la violación, el abuso sexual, la explotación y la humillación pública, a manos de los funcionarios del campo”, dice el informe.

La administración del expresidente estadounidense Donald Trump declaró en enero que China está llevando a cabo un genocidio contra los uigures y otros pueblos mayoritariamente musulmanes.

En Canadá, los parlamentarios votaron en febrero para calificar de genocidio el trato de Pekín a los uigures en Xinjiang, y los ministros pidieron al primer ministro Justin Trudeau que lo considerara oficialmente como tal.

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El informe reúne a más de 30 expertos en distintos campos desde el derecho internacional hasta las políticas étnicas chinas que, según Newlines, examinaron la evidencia disponible sobre el trato de Pekín a los uigures y la Convención sobre el Genocidio.

Dicha convención fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, con China y otros 151 países como signatarios.

Ofrece un puñado de definiciones específicas de genocidio, como la imposición deliberada de condiciones “calculadas para provocar la destrucción física (de un grupo) en su totalidad o en parte”.

Si bien violar solo una parte de la convención puede calificarse genocidio, el informe alega que las autoridades chinas están “incumpliendo todos y cada uno de los actos prohibidos” según las definiciones.

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“Las personas y entidades que perpetraron los (…) actos de genocidio son todos agentes u órganos estatales, que actúan bajo el control efectivo del Estado, que manifiestan una intención de destruir a los uigures como grupo”, agrega el informe.

Newlines, que antes era conocido como Centro de Política Global, publicó un informe en diciembre en el que destacaba que supuestos trabajadores de minorías étnicas en Xinjiang se veían obligados a recolectar algodón a través de un programa estatal coercitivo.

El informe, que cita documentos gubernamentales en línea, señaló que el número total involucrado en tres regiones de mayoría uigur supera por cientos de miles una cifra de 2018, que estimaba que 517,000 personas estaban obligadas a recoger algodón.

China niega las acusaciones de trabajo forzoso de uigures en Xinjiang y dice que los programas de capacitación, los esquemas de trabajo y una mejor educación ayudaron a erradicar el extremismo en la región.